Un curso escolar clave e incierto

Mundo · Jesús Pueyo
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2 septiembre 2016
La situación política puede perjudicar mucho a alumnos, familias, docentes y centros educativos.

Este 1 de septiembre arrancó el curso académico 2016-2017 y el panorama no parece el más favorable ni para el sistema educativo ni para los miles de estudiantes que comienzan una etapa decisiva y lo hacen sin saber si la acabarán con la misma normativa con la que ahora empiezan.

A día 1 de septiembre, los alumnos de 4º de ESO, que han tenido que optar entre “enseñanzas académicas”, dirigidas a quienes quieran estudiar bachillerato, y “enseñanzas aplicadas”, para quienes pudieran elegir luego cursar la FP, tienen sobre su mesa unos itinerarios curriculares que quizá solo existan este curso. Ellos y los alumnos de 2º de Bachillerato tendrán que afrontar en unos meses, por primera vez, las pruebas de evaluación final que establece la ley.

A día 1 de septiembre, y tras lo acontecido con la evaluación de Primaria el curso pasado, en el que la mayoría de las Comunidades Autónomas no la realizaron o hicieron otra prueba distinta a la establecida en la ley, nadie puede asegurar que ahora no vaya a pasar lo mismo. De momento ya hay administraciones autonómicas que han anunciado que no aplicarán las pruebas de la ESO y el Bachillerato.

Y mientras en los despachos no hay una postura ni clara ni unánime, el alumnado y el profesorado están haciendo un esfuerzo enorme en un contexto de incertidumbre y desconocimiento sobre lo que va a suceder.

El reciente acuerdo entre el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s), que hoy por hoy seguimos sin saber si podrá ser la hoja de ruta de un futuro gobierno del candidato popular Mariano Rajoy o un papel más sin valor alguno, contempla entre sus 150 medidas la paralización de la LOMCE en todo aquello que no haya entrado en vigor. Pero, ¿de qué se está hablando?

A día 1 de septiembre conviene decir que todo el nuevo currículo de la LOMCE de los diferentes niveles educativos y sus evaluaciones están ya en vigor con el comienzo del nuevo curso. Por eso, no parece serio que se haga este anuncio, sobre todo cuando no se dice con claridad qué es lo que se va a paralizar y qué será a lo que docentes y alumnos tendrán que atenerse.

Al igual que reflejaba hace unos meses el acuerdo firmado por el Partido Socialista (PSOE) y C’s para la fallida investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, esta vez se vuelve a pretender alcanzar el tan demandado Pacto Educativo en un plazo de seis meses. A la vista de la situación, parece que no se ha tenido en cuenta que se trata de un tema lo suficientemente serio como para hacer propuestas tan ligeras, sobre todo pensando en que el objetivo es difícil, el tiempo escaso, y el resultado debería ser respaldado por una amplia mayoría parlamentaria, por no hablar de que en ningún momento se cita en el mencionado acuerdo el papel que, sin duda, debe jugar en todo esto la comunidad educativa, porque sin ella, sin la voz de la sociedad, no podemos engañarnos sobre la consecución de ningún pacto.

Y para no dejar que la negatividad sea quien gane, se podrían resaltar positivamente dos cuestiones entre las medidas acordadas por ambas formaciones. La primera es el compromiso de aprobar un Estatuto del Personal Docente basado en el Libro Blanco de la Función Docente elaborado por el profesor José Antonio Marina. Mejorar la formación inicial y permanente del profesorado, estableciendo por fin los criterios de una carrera profesional, es absolutamente imprescindible para que el sistema educativo pueda mejorar. Eso sí, sin olvidar que estas medidas deben ser para todos los profesionales que se dedican a la docencia, con independencia de que su puesto de trabajo sea en un centro público, privado o concertado.

La segunda medida es facilitar la libre elección por parte de los padres del tipo de educación que quieren para sus hijos y dar un claro respaldo a la enseñanza concertada, aunque la redacción de este punto no es del todo correcta. Decir que se respalda la enseñanza concertada “en apoyo a la educación pública” implica un cierto grado de subsidiariedad que el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia (Sala de lo Contencioso Administrativo nº1180/2016) ganada por la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), ha dejado claro que no existe, defendiendo que la educación pública y la concertada son dos ejes complementarios de nuestro sistema educativo, por lo que deben tener igual trato y condiciones.

A día 1 de septiembre, a día 2, a día 3… sea el día que sea, debemos exigir a los dirigentes políticos que actúen con responsabilidad y, en materia de educación, lo hagan siempre pensando en el bien de los miles de alumnos y docentes afectados por esta situación, pensando en cómo sus decisiones pueden perjudicarles a nivel formativo, en un caso, y a nivel laboral, en otro.

Si queremos que nuestros profesores y nuestros los centros educativos procuren la mejor de las atenciones a nuestros alumnos, a nuestro mañana, no dejemos que pase ni un solo día más. Estamos jugando con el futuro de nuestros jóvenes, con el futuro de quienes dentro de unos años decidirán lo que ha de ser nuestra sociedad y nuestro país. No es una cuestión que pueda esperar.

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