Transición energética: cambio de modelo, cambio de época

La transición energética está desde hace años en la agenda de la Unión Europea. La creación de varios ministerios dedicados en exclusiva en países como Francia, Portugal o España muestra que el vínculo entre la energía y el clima está llamado a quedarse, como muestra el paquete de medidas sobre energía aprobadas por la Comisión, que constituyen el Marco Legislativo 2030. Paquete de Energía Limpia (más conocido como “Paquete de invierno”).

En efecto, con el referido paquete de medidas, la Unión Europea busca tres objetivos para el período 2021-2030: una reducción, al menos, del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto al año 1990); la consecución de una cuota del 32% en energías renovables –en el consumo final de energía–; y la consecución de un 32,5% en concepto de mejora de la eficiencia energética. Objetivos tales que podrán ser revisados al alza.

Con este paquete, Europa se ha marcado el objetivo ambicioso de una Unión de la Energía, con sus 3 objetivos: seguridad de suministro, sostenibilidad y competitividad. Y cuyas dimensiones abarcan desde la seguridad energética al mercado energético interior, pasando por la eficiencia energética, la investigación, la innovación y la competitividad. Todo ello en aras de una descarbonización de la economía, tal como la Hoja de ruta 2050 prevé de una economía competitiva baja en carbono, que se centra en las reducciones de emisiones al objeto de frenar el ascenso de la temperatura media global por encima de los 2ºC.

Es evidente que se avecina un cambio de modelo económico. No sólo por el hecho de que la UE, en 2050, deberá haber reducido sus emisiones un 80% por debajo de los niveles de 1990, sino porque el impacto sobre los principales sectores responsables de las emisiones de Europa –generación de energía, industria, transporte, edificios y construcción, así como la agricultura– será enorme. Y no hay visos de que tal política comunitaria vaya a variar el rumbo a corto-medio plazo.

Para empezar, esta Unión de la Energía ya ha producido frutos: la creación de ACER (Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía); la aprobación de Reglamentos y Directivas sobre eficiencia energética de edificios (Directiva UE 2018/844, de 30 de mayo, del Parlamento y del Consejo); sobre el fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables (Directiva UE 2018/2001, de 11 de diciembre); un Reglamento sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima (Reglamento UE 2018/1999, de 11 de diciembre); sobre el mercado interior de la electricidad (Directiva UE 2019/944, de 5 de junio; y Reglamento UE 2019/943, de 5 de junio). La batería de medidas legislativas es abrumadora y llevará tiempo asimilarla.

La transición energética ya es una realidad, que está obligando a los Estados miembros a presentar Planes nacionales integrados de Energía y Clima (PNIEC) para el período 2021-2030, a ser evaluados por la Comisión; además, desde hace ya tiempo se han concretado obligaciones de ahorro y el establecimiento de sistemas nacionales que obliguen a los operadores del sector energético a cumplir cuotas de ahorro. En España, recientemente el Tribunal Supremo se ha ido pronunciando a favor del establecimiento del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), nutrido de las aportaciones que las empresas del sector energético, como sujetos obligados, han de realizar anualmente. Aún hay más: la posibilidad de establecer una facturación más transparente, clara y precisa, con el objeto de que cada uno de los usuarios conozcamos mejor y controlemos nuestro consumo; el marco normativo del autoconsumo; la transformación a un modelo de generación distribuida; los contadores inteligentes; la tarificación dinámica; o el papel de los agregadores como intermediarios entre los consumidores y el mercado.

Ante toda esta batería de medidas, que abruma, resulta claro que se avecinan profundas transformaciones. La insistencia de una Unión de la Energía donde el ciudadano es el elemento clave, o la figura de las comunidades ciudadanas de energía parecen abrir la puerta a un modelo basado en la sostenibilidad, en la que los usuarios bien podrían tener un papel de sujetos activos.

En España, se ha puesto en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica, y ya se han dado los primeros pasos con el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, sobre medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, en el que se han introducido –en línea con el Paquete de Invierno– novedades como el Bono Social Térmico; una serie de medidas para mejorar las prácticas en la comercialización energética; la introducción del autoconsumo sin restricciones; el establecimiento de garantías para la finalización de los proyectos de instalación; o el fomento de los Vehículos de Energías Alternativas (VEA).

De momento, ya tenemos un desarrollo reglamentario con el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, que abre la puerta a la posibilidad de que cada usuario pueda producir su propia energía y venderla a otros –el prosumidor, que pasa a tener un papel más activo en el mercado–. Y España ya ha presentado su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 para su aprobación por la Comisión, en el que se prevé una inversión total de 125.000 millones de euros, en ese período, para la transformación del sector eléctrico. Sin olvidar la tramitación del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que sigue en marcha.

Toda la polémica suscitada acerca del “caso Greta Thunberg” –no exenta de componente ideológico-político– no puede hacernos olvidar que el cambio climático ya constituye un hecho constatable, con independencia de que puedan existir intereses en subrayar su componente de efectos catastróficos sobre nuestro planeta. Vivimos en tiempos de cambio de época. Con independencia de que pueda achacarse el uso electoralista que el PSOE de Pedro Sánchez haya hecho de la transición ecológica, la realidad es que los datos nos indican la necesidad de un cambio a un modelo económico más sostenible y sensible a las dimensiones medioambientales.

Sin embargo, una cosa es que en Europa –afortunadamente–, tanto a nivel de instituciones como a nivel de ciudadanía, vaya cundiendo esta necesidad de conservar y cuidar la casa común –como decía el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si’– y otra que en España no aprovechemos este nuevo cambio como si fuese una fiebre del oro o para generar una burbuja energética. Si se quiere construir Europa (porque la Unión de la Energía, frente a lo que digan los antieuropeístas, hará más Europa), tendremos en España que arrancar de nuestro ADN esta cultura del pelotazo –como quedó demostrado con el boom de 2008 de las instalaciones fotovoltaicas, que generó un sobrecoste y resultó en una deuda de 9.000 millones para el sistema eléctrico–, y empezar a pensar con un horizonte grande, el de evitar la cultura del descarte y conectar a los que se han quedado atrás.

Es evidente que, con este nuevo paquete de medidas, muchas empresas energéticas grandes –y consumidores– van a hacer su agosto, o no, dependerá de si estamos o no dispuestos a cambiar nuestros hábitos para introducir una nueva forma de consumir que no sea especulativa, sino solidaria. En esta futura electrificación de la economía no sólo pone en juego el factor económico; también nuestro modo de producir y consumir, consecuencia de nuestra forma de relacionarnos con lo real. Habrá que ver cómo se va a desarrollar este proceso de transición energética en el que se ha concretado el cambio de época. Nos jugamos mucho.