Tercera Vía: Estado para la sociedad

El día más largo del año. El primero del verano. Ese fue el que eligió el Gobierno de Rajoy para presentar una de sus reformas estrella: la de la Administración. Después del saneamiento del sistema financiero y de ciertos cambios en la legislación laboral, llegaba el adelgazamiento y la racionalización del Estado.

¿Es esta la gran reforma del modelo de Estado que España necesita desde hace décadas? En estas páginas Ramón Peralta Martínez ha señalado que se trata de un cambio bueno pero insuficiente. Es lo que dicen todos los expertos. Como en otros aspectos, el centro-derecha deja sin hacer la gran transformación que está pendiente. En este caso quizás esté justificado porque sería imposible acometerla sin el apoyo de los socialistas que no están por la labor.

La izquierda y la derecha española comparten una larga tradición estatalista. Es una tradición compartida, paradójicamente, por muchos líderes católicos que están al frente de las instituciones de caridad. La modernización del país que se produjo a partir de 1876, durante la Restauración, pilotada por el conservador Cánovas, fue hecha desde el Estado. Ese Estado durante el franquismo fue el protagonista casi absoluto durante cuatro décadas. La historia pesa.

La transición a la democracia, ejemplar en tantas cosas, no cerró el modelo territorial por falta de acuerdo con los nacionalismos. La Administración regional de las Comunidades Autónomas fue un invento sin precedentes en el Derecho público comparado. Tenía las desventajas del Estado federal sin contar con ninguna de sus ventajas. Después de más de 35 años, se puede decir que la transferencia de competencias ha sido desordenada. El asunto tiene mal arreglo porque los Estatutos de Autonomía, el equivalente de las constituciones de los Estados federales, han hiperdesarrollado 17 estados regionales que llegan a consagrar nuevos y diferentes derechos a los que reconoce el Estado central. La crisis ha puesto de manifiesto hasta qué punto las Comunidades Autónomas han desarrollado una exuberancia administrativa que tiene poco que ver con el bienestar de los ciudadanos. La subsidiariedad vertical (que la Administración más cercana sea la que preste el servicio) necesita orden. En el plano teórico se ha abierto el debate. Cuando la economía vuelva a crecer, los ingresos públicos serán inferiores en 40.000 millones (un 0,4 por ciento del PIB) a los ingresos de 2007, a los que se obtenían antes de la crisis. O se clarifican, de verdad, competencias de los diferentes niveles de la Administración o los servicios fundamentales (sanidad, educación, prestaciones sociales) estarán seriamente comprometidos. En el plano intelectual la derecha es muy crítica con la subsidiariedad vertical. Y la nueva izquierda (UPyD) se abre terreno precisamente por ser más crítica aún que el PP en este asunto. Puede permitírselo porque no gobierna en ninguna Comunidad Autónoma. Los socialistas, en otros tiempos jacobinos y centralistas, están fuera de juego en gran medida porque han aceptado el status quo territorial. Sus alianzas con los nacionalistas los tienen anclados en el pasado.

El debate que está más retrasado en la España estatalista es el de la subsidiariedad horizontal (la sociedad debe ser la protagonista también de lo público). La reforma de la enseñanza ha puesto de manifiesto hasta qué punto la izquierda rechaza cualquier tipo de gestión de los servicios públicos que no sea realizado por el Estado.

Pero el nuevo proyecto de ley de enseñanza, el primero en 30 años que no es de la izquierda, refleja cómo también a la derecha le cuesta comprender el valor de la otra subsidiariedad, la horizontal. Mariano Rajoy no va a dar más facilidades a los centros de iniciativa social. Los Gobiernos del PP actúan como si entre el Estado y el mercado no hubiese nada. De hecho, el Gobierno de los populares de la Comunidad de Madrid, cuando se ha encontrado con falta de recursos para gestionar la sanidad, ha recurrido a la privatización de la gestión de hospitales.

Entre el Estado y el mercado hay un amplio mundo: el de la iniciativa social. Abrir el debate de la subsidiariedad horizontal supone señalar una tercera vía. No se trata de tener más Estado y menos sociedad, ni de tener menos Estado y más sociedad. Sino de contar con Estado para la sociedad. La gestión de los servicios públicos puede llevarse a cabo por entidades sociales sin ánimo de lucro. Es lo que sucede, a menudo, en países anglosajones. Es el modelo exitoso que utiliza la sanidad holandesa. Estamos hablando de la transición del Estado a la Sociedad del Bienestar.

Quizás más adelante el día más largo del año sirva para empezar el debate sobre esa otra transición que está por hacer en España.