Tengo varias preguntas para usted, señor presidente

¿Considera Vd. que toda persona, incluidos los católicos, tenemos "todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición", como establece el artículo 2.1 de la misma? ¿Considera Vd. lo mismo en relación con el artículo 14 de nuestra Constitución que prescribe que los españoles, todos, somos "iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"? ¿Cree Vd., en consecuencia, que es democrático que el respeto y tolerancia que se proclaman ante cualquier ideología, creencia, manifestación, opinión, postura, deseo, opción o elección personal de algunos grupos o individuos, se tornen en burla, menosprecio, denuesto e intolerancia frente a las opiniones, actos y creencias de los católicos y de la Iglesia?

¿Piensa Vd. que, como establece el artículo 3 de la Declaración, "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona"? ¿Incluiría Vd., como demuestran las evidencias científicas, al embrión o feto humano, desde el momento mismo de la fecundación, como individuo de la especie humana, aunque esté en fase de desarrollo en el seno materno? ¿Aplicaría Vd. el contenido del artículo 15 de nuestra Constitución -"todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes"-, al ser humano concebido no nacido?

¿Considera Vd. que es cierto, como reconoce el apartado 3 del artículo 16 de la Declaración, que "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado"? ¿Cree Vd. que los poderes públicos actualmente en nuestro país aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia como ordena el artículo 39.1 de nuestra Carta Magna? ¿Piensa Vd. adoptar, escuchando a las familias y a sus organizaciones representativas, medidas concretas y efectivas para hacer real en España esa protección?

¿Comparte Vd. que todas las personas, incluidos los católicos españoles, tenemos "derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión", incluyendo, como prescribe la Declaración en su artículo 18, la libertad de manifestar nuestra religión, "individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia"? ¿Puede Vd. asegurar que su actual política y el proyecto laicista e ideológico de su partido no dificultan a los católicos, especialmente, la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia? ¿Podría Vd. afirmar, sin lugar a dudas y sin faltar a la verdad, que en modo alguno se está conculcando o desvirtuando lo establecido en el artículo 16 de nuestra Constitución en este mismo ámbito?

¿Piensa Vd. que su acción de gobierno y la actual legislación en materia de educación, especialmente la Ley Orgánica de Educación y algunos de sus Decretos de desarrollo, permiten el ejercicio por las familias de su "derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos", como señala el artículo 26.3 de la Declaración? ¿Cree Vd. que el artículo 27 de nuestra Constitución está siendo respetado por la legislación educativa y, singularmente, por la actual configuración de la asignatura "Educación para la Ciudadanía" en sus diferentes niveles y denominaciones?

¿Sigue teniendo sentido para Vd. la previsión del artículo 30 de la Declaración en el sentido de que "nada de los dispuesto en la Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo -¿partido político?- o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración"?

"Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España", dice textualmente el artículo 10.2 de nuestra Constitución ¿Cree Vd. que esta prescripción es real y efectiva en España actualmente?

¿Considera Vd., a la vista de todo lo anterior, que se está dando cumplimiento exacto y correcto a todo lo prescrito, incluidos el ámbito educativo y de presencia pública, en nuestra vigente Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, y en los vigentes y plenamente constitucionales acuerdos Iglesia-Estado?

Ojalá, en su más estricto sentido etimológico, su respuesta hubiera podido ser siempre un claro y rotundo sí, pero sin faltar a la verdad como, por desgracia, nos tiene acostumbrados. Miles y miles de ciudadanos se lo agradeceríamos, aunque no se trataría de condescendencia, otorgamiento o benevolencia del Gobierno, sino de mera justicia, del reconocimiento y efectividad de algunos derechos fundamentales de los que nos reconocemos, al mismo tiempo, ciudadanos y católicos o católicos y ciudadanos. Como ve, Señor Presidente, son muchas las preguntas que a los ciudadanos nos gustaría formularle ante sus múltiples silencios, omisiones o, lo que es peor, acciones no del todo acordes con el respeto debido a los derechos fundamentales de todos los españoles, sean o no católicos.