¿Sólo seguridad? ¿Sólo legalidad?

En un comienzo se tramitaba la viabilidad del referendo que buscaba cambiar la constitución política en cuanto a la posibilidad de una segunda reelección presidencial. En su momento se pensaba que, de ser aprobada esta reforma, era seguro que el presidente Uribe sería reelegido dada su alta popularidad entre la opinión pública y sus sonados  logros en materia de seguridad.

No obstante, algunos sectores de la oposición empezaban a ventilar de manera mucho más insistente los límites y errores de las políticas implementadas en los dos últimos periodos presidenciales; más adelante algunos sectores de la coalición de gobierno empezaron a dudar de la conveniencia de un tercer periodo consecutivo al frente del poder ejecutivo. De esta manera se empezó a entrar en un clima de incertidumbre, alimentada no sólo por la dilación que la suprema corte daba a la exequibilidad del referendo reeleccionista, sino también por los conflictos fronterizos con Ecuador y Venezuela, por la grave crisis del sistema de salud y por la infiltración de algunos actores del conflicto armado colombiano en altas esferas de la política pública.

Después de muchos ires y venires, que hacían presagiar el hundimiento de la reforma constitucional, comenzaron a surgir partidarios de Uribe con el deseo de ser sus legítimos herederos; entre éstos estaban Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa; y  Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura, quien luego se sometería a la consulta interna del Partido Conservador. Dos de los partidos de la coalición de gobierno anunciaron sus deseos de ir con candidato propio a las elecciones presidenciales: Cambio Radical, con Germán Vargas a la cabeza, y el Partido Conservador; este último lo haría sólo en caso de no darse la posibilidad de reelección. Por otra
parte, dos partidos de la oposición (el Partido Liberal y el POLO democrático alternativo) también  anunciaron sus pretensiones de poder presidencial. Además empezaron a surgir algunas opciones independientes como la del Partido Verde, que cuenta entre sus filas a tres ex alcaldes de Bogotá
y que actualmente es liderado por  uno de ellos, Antanas Mockus; y finalmente hay que mencionar a Compromiso Ciudadano, un movimiento cívico liderado por el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo. Tanto Mockus como Fajardo tienen una reconocida trayectoria en el mundo académico.

El panorama se empezó a esclarecer debido a tres factores: el primero, la declaración de inexequibilidad del referendo que buscaba la segunda reelección de Uribe; el segundo, las consultas internas en algunos los partidos; y el tercero, las elecciones parlamentarias, donde se midió el caudal electoral de cada partido. Teniendo presentes estos factores, se consolidaron seis candidatos ampliamente reconocidos por la opinión pública y otros tres que no han trascendido en los grandes medios. Los candidatos mayoritariamente identificados a nivel nacional fueron: Juan Manuel Santos (Partido de la U – Unidad Nacional), Noemí  Sanín (Partido Conservador), Germán Vargas (Cambio Radical), Rafael Pardo (Partido Liberal), Gustavo Petro (Polo Democrático) y Antanas Mockus, quien hizo alianza con Sergio Fajardo (Partido Verde). Así las cosas, se mostraba que ninguno de los candidatos obtendría la victoria en una primera vuelta, ya que para esto tendría que obtener al menos el 51% de los votos.

Ya en los dos últimos meses los sondeos de opinión y encuestas han mostrado a tres candidatos con gran popularidad: Santos, Mockus y Sanín. Al no estar los candidatos de la oposición (Petro, Pardo y Vargas) gozando del favor popular, el buen sentido indica que no se recibe de buen agrado un rechazo total a la gestión realizada por las dos administraciones del presidente Uribe.

Sin embargo, es de considerar que durante el mes de marzo el cabeza a cabeza por llegar a una segunda vuelta estaba entre Santos y Sanín; pero en el mes de abril el cabeza a cabeza se ha puesto entre Santos y un sorprendente Mockus, cuyo repunte muchos atribuyen a su alianza con Fajardo. Parece ser que el discurso de Mockus y Fajardo ha calado hondamente en la opinión pública, sobre todo en los jóvenes electores y personas con un buen nivel de preparación académica; el discurso de Santos goza de una gran popularidad entre el pueblo-pueblo y entre muchos empresarios, pero el discurso de Sanín sólo ha sido recibido parcialmente, tal vez porque se ha entretenido en la confrontación directa contra otros candidatos.

Lastimosamente, a veinte días de la primera vuelta, la opinión pública sólo ha recepcionado y digerido el discurso de Santos por lo que se refiere a la sentida inquietud del país que hace ocho años se debatía en la dialéctica entre inseguridad-seguridad y que por eso eligió y reeligió a Uribe. Por otra parte, pareciera que lo único escuchado por las mayorías respecto al discurso de Mockus sea la sentida inquietud actual marcada por la dialéctica legalidad-ilegalidad que pretende hacer justicia frente a hechos imputados a la administración de Uribe y que aparecen como políticamente incorrectos frente a la opinión pública.

Valdría la pena preguntarse si la democracia y la vida política de una nación dependen sólo de la seguridad o sólo de la legalidad; sería interesante pensar si la realidad política no se ve reducida gravemente cuando se pone tanto énfasis sólo en estos aspectos.