´Sobran los paternalismos en la prestación de los servicios públicos´

¿Cuáles han sido las disfuncionalidades que las Administraciones Públicas han acumulado en los años de bonanza previos a la crisis?  ¿En dónde está su origen? 

Como consecuencia de tener los graneros llenos antes de la crisis a medida que los ingresos del suelo iban aumentando, las AAPP de todo rango se embarcaron en políticas de gasto discrecional suntuosas. Entre ellas, exceso de personal, sedes, instalaciones e infraestructuras de costoso mantenimiento y dudosa necesidad, y nuevos derechos insensibles al ciclo económico. Apenas se ha hecho análisis coste-beneficio ex-ante ni se ha evaluado a posteriori la necesidad de numerosas políticas de gasto que ahora, cuando los ingresos son mucho menores, se muestran inviables y claramente disfuncionales para la consecución de objetivos más necesarios ligados a los servicios esenciales a los administrados.

¿Se garantiza el concepto de servicio público cuando una administración decide darlo en concesión a un agente privado? ¿Por qué? ¿Qué efectos está teniendo para las Administraciones Públicas y para los usuarios la externalización de los servicios públicos? 

Absolutamente, pues las condiciones de la concesión están para eso. El dueño del proyecto es siempre la administración y si el concesionario no cumple sus cometidos a juicio de los usuarios (mediante encuestas de satisfacción) se va y viene otro que lo haga mejor. La externalización de los servicios públicos introduce lógica de mercado en su provisión y racionaliza la producción de los mismos. Las administraciones no tienen por qué pagar más que con la gestión administrativa de los mismos. Los usuarios se encuentran con prestadores del servicio dispuestos a satisfacerles a cambio de su opinión favorable, de la que depende su puesto de trabajo. 

¿Es este método algo común en otros países? ¿Debe caminar hacia él las administraciones para asegurar su viabilidad? ¿Por qué? 

España es uno de los países en los que se practican con asiduidad en lo que se refiere a ciertos servicios municipales (residuos, aguas, transporte), pero todavía hay demasiados servicios públicos no concesionados o concesionados de manera poco eficiente. En los países anglosajones esta práctica está más extendida. En muchos países europeos continentales la sanidad, por ejemplo, está externalizada o se reembolsa al usuario una parte sustancial de sus gastos sanitarios en unidades privadas de su elección previamente concertadas. 

¿Qué opina del copago sanitario? 

Que tendrá que imponerse si queremos tener una sanidad viable, que mantenga la calidad que hoy tiene y trate eficazmente a quienes de verdad lo necesitan. No hay nada de malo en el copago, si se gradúa por nivel de ingresos y la población recibe a cambio un mejor servicio o se reducen las listas de espera, por ejemplo. Sin copago o algo equivalente, en la sanidad o en los restantes servicios públicos, no será posible hacerlos más eficientes mediante su externalización y no habrá manera de financiarlos, ni por parte de las administraciones ni por parte de las compañías concesionarias. 

Habla en su artículo de la emergencia de resistencias desde sectores vinculados a cada tipo de servicio. ¿Las cree justificadas?  

Estas resistencias se deben a los intereses de quienes pueden perder influencia sindical, profesional, concesiones vigentes mal diseñadas o injustificadas o, incluso, el empleo. Son naturales y se pueden entender y acomodar hasta un cierto punto, pero no deberían prevalecer nunca sobre el interés común y el derecho de la población a unos servicios colectivos y públicos eficientes, sostenibles y racionalmente gestionados. Los justos, sin excesos, sin alardes políticos ni paternalistas. Los que la población necesita, ni más ni menos.

Pincha aquí para leer el artículo de José A. Herce en El País