Sin pies ni cabeza

El tema del que más se viene hablando más últimamente en mentideros políticos es el la posible moción de censura de la oposición al Gobierno, moción que finalmente parece que no tendrá lugar después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya anunciado que comparecerá en el Parlamento para dar explicaciones sobre el llamado caso Bárcenas.

Lo ha hecho después de que el líder del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, hubiera afirmado que pensaba presentar una moción de censura donde parecía que sólo la UPD de Rosa Díez estaría dispuesta a apoyarle, y no sin reticencias. Lo mejor de todo ello es que esta posible (que no probable, creo que Rubalcaba era el primero en esperar no tener que hacerlo) utilización de este mecanismo democrático no tenía, sencillamente, ni pies ni cabeza, y por varias razones.

La primera de todas es que en una moción de censura lo que se hace es precisamente eso, es decir, censurar la acción del Gobierno que en ese momento está ejerciendo el poder. No es este el caso. Aquí lo que se pretende es que una persona (Mariano Rajoy), que se da la circunstancia de que además es presidente del Gobierno, explique la posible financiación irregular de su partido, y si se ha lucrado personalmente con ella. Pero sobre la posible censura de la acción del Gobierno no tenemos noticias. Entre otras cosas, porque el Gobierno actual tiene poca o ninguna relación con el tema del que hablamos.

Para comenzar, tenemos dos ministros (José Ignacio Wert en Educación y Pedro Morenés en Defensa), que entraron en el Gobierno como independientes y que, por tanto, ni siquiera son militantes del Partido Popular. José Manuel García Margallo, titular de Asuntos Exteriores, ha estado en las instituciones europeas como europarlamentario desde 1994, y Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, ha estado en el mundo empresarial desde su salida del Gobierno en 2004 hasta su retorno en 2011. Es cierto que, por ejemplo, Jorge Fernández Díaz (Interior) es miembro de este Comité Ejecutivo Nacional del PP, si bien ha estado mucho tiempo ejerciendo su labor política en Cataluña, y parecido le sucede a José Manuel Soria (Industria), que ha desarrollado la mayor parte de su carrera política en su tierra de origen (Canarias). Soraya Sáenz de Santamaría, aunque sea la número dos del Gobierno en calidad de vicepresidenta, sólo ha sido dentro del partido Secretaria Ejecutiva de Política Autonómica y Local, e igual le sucede a Ana Pastor (Fomento), que sólo ha sido Secretaria Ejecutiva de Política Social y Bienestar. Fátima Báñez (Empleo), por su parte, ha sido miembro del Comité Ejecutivo del PP, pero no del nacional, sino del regional (el andaluz, en concreto).

La realidad es que, dentro del actual Gobierno, más allá del propio Mariano Rajoy, sólo Alberto Ruiz-Gallardón, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional desde 1989; Cristóbal Montoro, que lo es desde 1999; y Miguel Arias Cañete, han ostentado un puesto de auténtica relevancia en la dirección nacional del Partido Popular. Todo ello sin olvidar a Ana Mato, quien ha sido Vicesecretaria General de Organización y Electoral del Partido Popular de 2008 hasta febrero de 2012.

Sin embargo, los principales aludidos por los llamados papeles de Bárcenas son personas que en este momento no tienen ninguna vinculación con el Gobierno en sí. Sólo hay que ver los que han sido secretarios generales desde 1989: Francisco Álvarez Cascos ni siquiera es miembro del partido tras su marcha para fundar su propio partido; Javier Arenas sigue en el partido, y con un cargo importante, pero no es miembro del Gobierno; y Ángel Acebes dejó la política. Por cierto, resulta cuando menos llamativo el silencio que guardan todos ellos en torno a este asunto.

Lo mejor de todo ello es que, como afirma el artículo 113 de nuestra Constitución, la moción ha de incluir un candidato alternativo al actual presidente del Gobierno. ¿Y quién va a ser? ¿Alfredo Pérez Rubalcaba, por ejemplo? Parece difícil que Rosa Díez, que es una antigua militante socialista, vaya a apoyarle. Tampoco parece que lo vaya a hacer CiU, entre otras cosas porque el llamado caso Palau (financiación irregular de Convergencia Democrática de Catalunya – CDC) recuerda demasiado al caso Bárcenas. El PNV, por su parte, no ha dicho nada de momento, ni parece que lo vaya a hacer. E Izquierda Unida (IU) sólo sabe exigir una nueva convocatoria de elecciones, que es lo que más puede perjudicar a España en un momento de grave crisis económica y social. Todo ello sin olvidar que el PP tiene una cómoda mayoría absoluta en el Parlamento, y no creo que ningún diputado se atreva a romper la disciplina de partido, por lo menos de momento.

Ello no quiere decir que tanto PSOE como otras fuerzas políticas tengan toda la razón en exigir explicaciones; y no nos vale mirar para otro lado buscando, por ejemplo, la trama de los ERE en Andalucía como posible foco de distracción. Pero, por favor, olvídense de la moción de censura, que nada tiene que ver con todo esto. Si insisten en ello, no harán más que el ridículo, porque, como hemos dicho al principio, es una cuestión sin pies ni cabeza.