Sin derecho no hay paz

España · Benigno Blanco
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12 septiembre 2013
Uno de los males de fondo de España es el desprecio al Derecho por parte de tantos. Cuando una sociedad ve con normalidad que algunos poderes públicos o grupos sociales no apliquen –o incluso desprecien expresamente-  las leyes o las sentencias judiciales, esa sociedad está abocada antes o después a apostar por soluciones violentas a sus problemas, pues si la justicia institucionalizada no es respetada impunemente se genera un ámbito para la imposición arbitraria del más poderoso.

Uno de los males de fondo de España es el desprecio al Derecho por parte de tantos. Cuando una sociedad ve con normalidad que algunos poderes públicos o grupos sociales no apliquen –o incluso desprecien expresamente- las leyes o las sentencias judiciales, esa sociedad está abocada antes o después a apostar por soluciones violentas a sus problemas, pues si la justicia institucionalizada no es respetada impunemente se genera un ámbito para la imposición arbitraria del más poderoso.

La España democrática se acostumbró a resolver por la violencia un problema cuando legalizó el aborto que no es otra cosa que una solución violenta a algunos problemas personales o sociales; y además, este proceso de acostumbramiento se hizo al precio de admitir un sistemático fraude de ley (el aborto al amparo del presunto grave peligro para la salud síquica de la madre en los negocios abortistas legalizados como clínicas) ante el que todos los poderes públicos (juzgados y tribunales, fiscales, administraciones públicas) se fueron rindiendo de forma sistemática a partir de 1985.  Esta forma de actuar genera imitadores y se va generalizando: guerra sucia contra el terrorismo, servicios secretos que espían a troche y moche, CCAA que incumplen sistemáticamente determinadas leyes y sentencias, tribunales –empezando por el TC- que dictan sentencias para acomodarse a la opinión pública y al margen del Derecho y aún reconociendo que lo hacen así adrede como hizo el TC en su sentencia sobre la supresión del matrimonio para equipararlo a las uniones de personas del mismo sexo, administraciones que gastan el dinero que no tienen ni nunca tendrán, fiscales que admiten que puede ser más importante mancharse la toga al servicio del poder político que servir a la ley, jueces que usan su poder para ser estrellas mediáticas pisoteando los derechos de las personas, sindicatos que violan el derecho al trabajo de los demás con piquetes violentos y coactivos, periódicos u otros medios que violan el honor de las personas de forma sistemática al servicio de intereses ideológicos o económicos, sentencias que no se aplican nunca si afectan a poderosos grupos empresariales, indultos absurdos y escandalosos, matrimonios que se rompen irresponsablemente todos los días… y todo ello sin reacción social.  

Seguro que todos podríamos poner nombres concretos a los casos enunciados con personajes y situaciones del pasado reciente o de la actualidad de esta España nuestra. La sociedad española se ha desarmado moralmente para exigir con fuerza unánime y escandalizada algo tan normal como el respeto al Derecho (normas y sentencias). Y así una sociedad se rinde progresivamente a la arbitrariedad y la fuerza en las relaciones personales, sociales y políticas de forma imparable aunque a la vez suave y aparentemente no dolorosa, aunque mortal.

El respeto masivo y espontáneo del Derecho es uno de los fundamentos prepolíticos de la vida social, es algo que solo puede anclarse en las convicciones morales personales que nacen de ámbitos de humanización como la religión y la familia. Para salvar o reconstruir una sociedad viable no violenta, es decir, para recuperar el respeto al Derecho, es imprescindible reforzar y mimar esos ámbitos prepolíticos de convicciones éticas. Si estos decaen, se impondrá cada vez más la fuerza bruta, sea la del poder político o económico, la de la opinión pública o la del sentimentalismo manipulado y manipulable al servicio del poder.

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