Sí a la Vida – 2013

Dicha Ley, técnicamente conocida como Ley Orgánica 2/2010 «Ley de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo» es el marco jurídico que entró en vigor el 5 de julio de 2010, justo al cumplirse los 25 años de la primera Ley del Aborto en España y que, al margen de otros reparos, considera que el feto no es digno de protección jurídica y que su presencia en el seno materno debe quedar sujeta a la voluntad de la mujer embarazada, por lo que el aborto debe considerarse un derecho de la madre. 

En octubre de 2007 el recién nombrado papa Francisco, ante las políticas contrarias a la vida que se promovían entonces en su país, siendo arzobispo de Buenos Aires, decía que «en la Argentina se vive una cultura del ‘descarte' por la que se aplica la pena de muerte mediante el aborto y la eutanasia de ancianos mediante el abandono… Esta cultura es como una ´nueva ilustración´ que se expresa en un progresismo ahistórico, sin raíces y en un terrorismo demográfico»  

¿Qué es lo que ha inducido a esta delirante corriente mundial de terrorismo demográfico?, ¿qué es lo que mueve a los legisladores a darle la espalda a lo que eran principios básicos de la humanidad hace tan solo unas décadas?, ¿por qué la Organización de las Naciones Unidas, un organismo que hace tan solo 50 años estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuyo Artículo 3 se proclama que «todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona», hoy promueve el aborto?

Las razones de fondo que se han esgrimido y por las que se pretende promover y favorecer el aborto en el mundo desde las Naciones Unidas son básicamente dos: la primera de orden socio-económico y la segunda de carácter ideológico. Se señala en primer lugar la necesidad de ejercer un control del crecimiento de la población para paliar las dificultades de abastecimiento de los recursos necesarios para la alimentación y el bienestar de una población que ha rebasado los 7.000 millones de seres humanos en todo el mundo y continúa creciendo. Se apunta además la liberación de la mujer como excusa para insuflar en las sociedades occidentales la ideología de género, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada, anteponiéndola incluso a la vida de su propio hijo, como se señala en el preámbulo de la citada ley del aborto española de 2010.

Sin embargo, ambas razones carecen de fundamento científico y ético y lo peor es que en nombre de una pretendida sociedad del bienestar se desoye la verdad sobre el inicio de la vida a partir de la fecundación, no se quiere reconocer el valor de una vida humana singular, distinta e independiente de la madre desde la fecundación, y se desprotege jurídicamente al ser humano en su etapa más indefensa.

El primero de los argumentos, tiene su base en las erradas profecías de Thomas Robert Malthus (1766-1834) un economista inglés, considerado el «padre de la demografía», que en su «Ensayo sobre los principios de la población» publicado a finales del siglo XVIII, establecía que la disponibilidad de alimentos y espacio para satisfacer las necesidades humanas eran limitados, por lo que inevitablemente llegaría un momento en que se produciría una catástrofe demográfica. Esta forma de pensar, conocida como «malthusianismo»,  se extendió a lo largo del siglo XIX y ha llegado hasta nuestros días como una corriente de pensamiento que propone un control drástico del crecimiento de la población.  Para impedir sus consecuencias, Malthus  propuso el control de los nacimientos y recomendó que empezara por las capas inferiores de la sociedad, los pobres y los obreros.

Por supuesto, las previsiones de Malthus no prosperaron en su aplicación a las poblaciones humanas, debido a un factor que no había calculado, la capacidad de superación de las dificultades de abastecimiento de recursos alimenticios a la población merced a las mejoras en agricultura, ganadería, industria y comercio desarrolladas desde principios del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de no cumplirse los augurios de Malthus, sus falsas predicciones han flotado en la mente de muchos filósofos, sociólogos y creadores de opinión, que creen que únicamente se ha retrasado la anunciada catástrofe. Así, en 1968, el entomólogo Paúl Ehrlich de la universidad de Stanford, publicó un libro titulado «The Population Bomb» [1] en el que, en la línea catastrofista de Malthus, insistía en la necesidad de limitar el crecimiento de la población. Este libro sirvió de base para inspirar un informe de un grupo de burócratas, directivos de corporaciones y políticos, sobre los Limites del Crecimiento. Este foro, conocido como el ‘Club de Roma' propagó la necesidad de limitar el crecimiento de la población humana y dio pié a que se utilizaran expresiones tan desafortunadas como «bomba demográfica», «explosión demográfica», «marea humana, etc. La verdad ha sido bien distinta y si la población humana se ha triplicado en el pasado siglo, la producción de alimentos ha crecido a un ritmo aún mayor, incluso sin aumento del suelo dedicado a la agricultura o a la ganaderia. Exactamente lo contrario de lo predicho por Malthus.

En la edición de 1968 del ensayo de Paúl Ehrlich, se afirmaba que sería imposible que la India pudiera alimentar a 200 millones de personas para 1971. Curiosamente, fueron los años de la llamada «Revolución Verde», debida a la obtención de nuevas variedades de trigo, arroz, etc. bajo la acertada línea de mejora de plantas cultivadas, desarrollada por el investigador americano Norman Borlaug (1914-2009). Fueron años en que gracias a un inteligente programa de investigación se lograron espectaculares cosechas de trigo, que en poco tiempo llegaron a cubrir el 80% de la superficie dedicada al cultivo de esta importante cereal en el Sur y Sureste de Asia y que permitieron abastecer sobradamente a la población. Las variedades del milagro, como se denominó a los trigos de Borlaug pasaron a otros lugares como China y América Latina, lo que permitió mejorar las condiciones de vida de millones de personas. La India con sus 1.160 millones de habitantes es hoy el segundo país más poblado del mundo, un país emergente que ha solucionado la hambruna de mitad del siglo pasado. Por su espectacular trabajo en favor de la humanidad, Norman Borlaug recibió el premio Nobel de la Paz en 1970, probablemente  el mejor premio Nobel de la Paz que jamás haya sido otorgado. Paradójicamente, en la edición de 1980 del ensayo de Paul Ehrlich, se omitió cualquier mención al éxito de los nuevos cultivos de la revolución verde que evidentemente dejaban en mal lugar la tesis malthusiana y catastrofista que había sostenido.

La FAO, el órgano de las Naciones Unidas para la alimentación en el mundo, emitió un informe de previsión de recursos alimenticios para los próximos años del siglo XXI en el que proclamaba que no hay escasez de alimentos en el mundo y que la producción global per capita nunca fue superior a la actual [2]. Es curioso verificar la falta de sentido de la pretendida limitación de recursos cuando se constata que no hay correlación entre países ricos o pobres y mayor o menor capacidad de abastecimiento de alimentos. ¿Cuál es entonces el problema? Desde luego no lo es la falta de alimentos o de espacio para vivir. El problema es de índole político. La ONU debería ocuparse antes de una mejor distribución de los alimentos en el mundo, que de promover la limitación de las bocas a alimentar a costa de traicionar sus propios principios de defensa de la vida humana. El World Food Program [3], órgano de las Naciones Unidas dependiente de la FAO afirma enfáticamente que el problema del hambre en el mundo tiene solución. Un simple vistazo al «mapa del hambre de 2011» de este organismo nos muestra el enorme desequilibrio existente entre unas regiones y otras del mundo en lo que a la distribución de los recursos alimenticios se refiere.

Realmente no hay escasez de alimentos, sino una desequilibrada distribución de los mismos en detrimento de las áreas más pobres y desabastecidas del planeta. El problema real es que uno de cada ocho habitantes del planeta sufre la carencia de alimentos para mantener su salud y que el hambre sigue afectando a unos 870 millones de seres humanos. Contrasta este hecho con que un 15% de las personas de los países más desarrollados (32% en Estados Unidos) sufran sobrealimentación, con consecuencias igualmente negativas para la salud. Según la FAO, el hecho de que históricamente la cifra de personas desnutridas continúe incrementándose incluso en períodos de elevado crecimiento económico y precios relativamente bajos, indica que el hambre es un problema estructural, por lo que resulta evidente que no es el crecimiento de la población lo que ha de atajarse, sino las malas políticas de distribución de los recursos alimentarios. La FAO prevé que en 2015 habrá todavía aproximadamente 580 millones de personas sufriendo desnutrición crónica en el mundo. El Director General de esta organización, Jacques Diouf, decía a finales de 2010:«cada seis segundos muere un niño debido a problemas relacionados con la desnutrición. El hambre sigue siendo la mayor tragedia y el mayor escándalo del mundo… Es algo absolutamente inaceptable» [4]. Una reciente campaña sobre el ‘Derecho a la alimentación urgente' de la FAO lanzaba una declaración el pasado 16 de Octubre de 2012, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, en la que entre otras acciones proponía fomentar un crecimiento agrícola que tenga en cuenta la agricultura familiar campesina y su seguridad nutricional, poniendo énfasis en que que se debe atender la seguridad nutricional a nivel individual para niños, mujeres y hombres.

Sin embargo, en la mente de muchos políticos y sociólogos parece más sencillo mantener la imagen de la superpoblación y ejercer un control a cualquier precio sobre la natalidad en el mundo. Es sin duda una propuesta profundamente inmoral, ya que plantea el progreso social a costa de la pérdida de vidas humanas.

La segunda razón que se utiliza para justificar el control de la natalidad y por ende el aborto en el mundo es de carácter ideológico. Se trata de la pretendida relación de la salud sexual y reproductiva con un derecho de las mujeres. Sin embargo, no deben confundirse las acertadas políticas de la liberación e igualdad de derechos de las mujeres con la pretendida atribución del derecho al aborto. Es posible compatibilizar el derecho al trabajo y a la maternidad, con métodos de planificación familiar y de ayuda a la mujer embarazada, sin llegar a ejercer un control sobre las vidas de los no nacidos.  Sin embargo, esta idea cuenta igualmente con el respaldo de las Naciones Unidas, que el 18 de diciembre de 1979, en una Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptó en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Resolución 34/180, según la cual: «los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar». Aunque no se refiriera explícitamente al aborto, este acuerdo se ha interpretado como un respaldo del influyente organismo internacional a la consideración del aborto como un derecho.

En la misma dirección, la Plataforma de Acción de Beijing de la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, interpretaba que «los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia». Más recientemente, en el verano de 2011, la Secretaría de la ONU emitió un informe del Consejo de Derechos Humanos que exhorta a todas las naciones a aceptar el acceso al aborto legal a mujeres y niñas para que puedan disfrutar plenamente sus derechos humanos. El citado informe, vincula el aborto con el derecho fundamental al más alto nivel de salud física y mental.

Cabe dudar sobre si las personas que dirigen hoy las Naciones Unidas representan a esta institución internacional o se representan a sí mismos. Es triste constatar cómo las políticas del control de la natalidad ignoran o desestiman el sinfín de consecuencias psicológicas del aborto para la propia mujer. Además, conviene recordar que hay sobrada evidencia científica de que la segunda víctima de un acto tan cruel y violento contra la vida de un indefenso, como lo es el aborto, es la propia mujer que lo consiente.

Sin desear hacer una predicción tan desafortunada y desacertada como la de Malthus, me gustaría terminar señalando que más realista sería pensar en la cantidad de efectos negativos a consecuencia de la limitación de la natalidad a través del aborto, en primer lugar para los países desarrollados y tras ello de los más países más pobres. Algunos de estos problemas se constatan ya en este momento en los países de mayor índice de abortos que sufren la disminución de la población activa, el envejecimiento progresivo de la población, desequilibrios económicos para sostener las clases pasivas, aumento del gasto sanitario, desequilibrios en las estructuras familiares, etc., etc. El descenso de la población y la inversión de la pirámide del crecimiento poblacional se ha convertido en un problema real en los países desarrollados. Año tras año aumenta la distancia que media entre el número de nacimientos necesarios para la reposición de la población activa y la tasa de nacimientos. Así, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2010, en España, el índice de fecundidad de la mujer es de 1,36, cifra que no solo está muy alejada del nivel de reemplazo generacional (2,1) sino también de la media mundial (2,52) y de los deseos de las familias españolas, que según encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas se cifra en 2,72 hijos por mujer.

Finalmente y a pesar de todo lo dicho debemos felicitarnos por la tendencia creciente de los movimientos provida que renacen en EE.UU. y en Europa y que están dando lugar a un avance hacia legislaciones más responsables y defensoras de la vida y de la maternidad. Una muestra reciente de esta tendencia lo representa la iniciativa Ciudadana Europea ‘Uno de Nosotros' que se lleva a cabo de acuerdo con un procedimiento regulado en la normativa comunitaria de la Unión Europea. El objetivo de esta Iniciativa es obtener el compromiso de la Unión de no consentir ni financiar investigaciones que presupongan o favorezcan la destrucción de embriones humanos, así como que la ayuda comunitaria al desarrollo no pueda utilizarse para financiar el aborto, directa o indirectamente a través de la financiación de organizaciones que practican o promueven el aborto. En este momento está abierta la campaña de recogida de firmas que en España debe alcanzar un mínimo de 40.400 antes del 1 de Noviembre próximo y que puede hacerse efectiva entrando en la Web de la Iniciativa: http://www.oneofus.eu/es/

En España estamos pendientes de una reforma legislativa de la ley del aborto, que no puede ni debe demorarse más, pues cada día que pasa mueren cerca 330 bebés en nuestro país por causa del aborto, un encarnizamiento reproductivo que debería conmover las conciencias de nuestra sociedad. Se trata de un problema social y político ante el que la sociedad española debe reaccionar… Como una muestra de esta reacción, de nuevo este año la Plataforma ‘Sí a la Vida' [5] ha convocado para el 6 de abril una concentración en la Puerta del Sol de Madrid, con acciones paralelas en muchas ciudades españolas, para defender el derecho a «la vida desde su concepción hasta el final de la misma de forma natural». El acto, que contará con el apoyo de 460 organizaciones, se realizará con ocasión del Día Internacional de la Vida del próximo 25 de marzo.    

[1] P. Ehrlich P. The Population Bomb.: Ballantine Books. New York 1968

[2] FAO report Agriculture: Towards 2015/30, Julio 2000

[3] http://www.wfp.org/

[4] Nota de Prensa de la FAO:  http://www.fao.org/news/story/es/item/45291/icode/

[5] http://sialavida25m.org/

Nicolás Jouve de la Barreda es catedrático de Genética, miembro del Comité de Bioética de España y presidente de CíViCa