Señorías, lean y tómense en serio el pacto educativo

Nuevo presidente del Gobierno y viejos asuntos sobre la mesa. El Pacto Nacional por la Educación que Mariano Rajoy comprometió con Ciudadanos en su acuerdo de investidura no puede esperar más si se cumple lo firmado y ha empezado la cuenta atrás de los seis meses de plazo para alcanzar un consenso dentro de la Subcomisión parlamentaria creada para tal fin en el Congreso de los Diputados.

Y como es “cuestión de Estado” y las minorías parlamentarias obligan al entendimiento, todos los partidos de la oposición han acelerado las acciones presentando una proposición en las Cortes para paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE y abrir la puerta a su posterior derogación. ¿Y ahora qué?

Pues ahora, y siendo conscientes del calado del asunto que sus señorías tienen entre manos, es momento de demostrar altura de miras, generosidad, preocupación por el interés general, y trabajar con el convencimiento de que se necesita mejorar el sistema educativo como elemento esencial de toda sociedad, y el primer paso debe ser alejarlo de decisiones partidistas y coyunturales con un pacto nacido del más alto grado de consenso y apoyo parlamentario, en el que la comunidad educativa no quede al margen, y cuyo fin último sea garantizar la estabilidad que todo proceso educativo necesita.

A nadie se le escapa que existen escollos ideológicos. Temas como la libertad de elección, la convivencia de una red pública y una red concertada, la existencia de una demanda diversa y la necesidad de una oferta amplia, la formación religiosa como opción libre en la escuela, el centralismo o las competencias autonómicas deben ser abordados en este momento en que nos acercamos a rubricar un pacto, si queremos que sea, como tanto se predica, de todos y para todos. Pero también se plantean otros asuntos que, aunque a priori más sencillos, no por ello son menos fundamentales para el presente y futuro de nuestros educandos.

Hagamos un repaso y pongamos negro sobre blanco de qué hablamos. Para empezar, y aun sabiendo las carencias de la LOMCE, el planteamiento no puede ser derogarla sin más. Por responsabilidad, y sabiendo que de otra forma habrá graves consecuencias derivadas de un vacío normativo, los pasos deben encaminarse a la aprobación de una nueva ley de Educación que permita dejar atrás la vigente.

En paralelo, se debe trabajar para aprobar por primera vez en este país una ley que regule la profesión docente, abarcando a todos los profesionales con independencia del tipo de centro en el que trabajen. Es vital mejorar la formación inicial, incluyendo prácticas tutorizadas y retribuidas durante al menos dos años, hay que facilitar la formación permanente y apostar por la innovación y la investigación. Además, se hace imprescindible dotar a los docentes de una carrera que incentive y reconozca su profesionalidad, devolviéndoles su autoridad y dignificando una labor que sólo los ignorantes no reconocerían como esencial para la construcción de la sociedad del futuro.

El pacto no puede ser sordo a las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo Escolar del Estado sobre las bondades de extender la formación obligatoria hasta los 18 años, garantizando su gratuidad, y siendo conscientes de que si bien no se puede obligar a los mayores de 16 años a estudiar contra su voluntad, sí se pueden buscar fórmulas que permitan compatibilizar el acceso al mundo laboral con la formación de estos adolescentes como ciudadanos.

Tampoco podemos obviar que nuestro sistema adolece de altas tasas de fracaso escolar y de abandono prematuro, y para atajar sendos problemas tenemos que empezar por trabajar en los niveles de Infantil y Primaria, dos etapas olvidadas y que necesitan de un aumento de recursos para poder proporcionar una atención más individualizada e incorporar a especialistas de la orientación, la psicología, la pedagogía que ayuden a que el desarrollo de nuestros menores sea más satisfactorio.

¿Y qué pasa con el currículo? Pues evidentemente toca revisar su extensión, la organización, los contenidos, los objetivos y la graduación en cada curso. Si hablamos de “enseñanza básica y obligatoria” tenemos que pensar detenidamente qué es aquello que el alumno debe adquirir a lo largo de su vida académica, teniendo siempre presente que los horizontes son cada vez más cambiantes, que cada vez se exigen mayor creatividad, flexibilidad y movilidad, que el dominio de las nuevas tecnologías en la era de la información requiere una formación continua para tener sitio en un futuro en el que probablemente nada se parecerá a lo que hoy conocemos y en el que ya se habla de profesiones aún no inventadas.

Y si hablamos de carencias, lo que hace falta es mirar con ojos críticos lo que estamos haciendo. En otras palabras: evaluar. Alumnos, profesores, familias, equipos directivos, titulares de centros, inspectores y administraciones públicas competentes en materia de educación deben saber qué es lo que está funcionado bien para potenciarlo y qué es lo que se podría mejorar. Las evaluaciones deben tener un carácter general de diagnóstico de la situación para poder tomar decisiones que repercutan positivamente en el sistema y de forma muy especial en el alumnado y el profesorado. Tengamos en cuenta que las evaluaciones finales ya no tienen un efecto beneficioso en el aprendizaje del alumno que las hace.

Puestos a trabajar, hagámoslo en pro de construir un sistema cada vez más inclusivo, equitativo, de calidad y de excelencia. Si la mejora global del sistema se sostiene sobre pilares como estos y parece una obviedad plantearlo, ¿por qué se presentan estos conceptos como excluyentes, contrarios e incluso incompatibles? Desde luego un sinsentido.

Y para cerrar, hemos dejado dos de los platos fuertes que los llamados a pactar deberán tener en cuenta: financiación y respeto al artículo 27 de la Constitución.

Hablar de dinero siempre son palabras mayores. Pero todo aquello que se acuerde, que se proponga o que se decida hacer que no vaya acompañado de una financiación suficiente está abocado al fracaso. No hace falta más que tener un poco de memoria histórica y recordar la LOGSE, ¿se acuerdan? Es imprescindible elevar el actual nivel de inversión en educación y comprometer claramente un esfuerzo económico sabiendo, además, que con toda seguridad tendrá un retorno espectacular para el país cuando empiece a dar sus frutos. Y la base de todo, absolutamente de todo lo aquí expuesto, ha de ser el artículo 27 de la Constitución, ese que protege el derecho fundamental de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos. Ésta es la máxima norma que regula nuestras reglas del juego y, por ello, debe encabezar cualquier pacto al que se pudiera llegar. Soslayarlo, omitirlo, dejarlo al margen sería un flaco favor a la ciudadanía y una evidente declaración de que lo acordado pudiera no ser duradero, ni legítimo.

Así que señorías… tienen ante ustedes un reto y una oportunidad. Un tiempo pactado y una tarea que cumplir. No nos defrauden, porque de ustedes depende el futuro de un país nacido del legado que nuestros jóvenes reciban en nuestras aulas.