Fin de un régimen

`Se da la paradoja de que los que denunciaban el sistema se valen de él para poder influir`

España · Nico P. Gallo
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5 noviembre 2014
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Ángel J. Sánchez Navarro analiza para Páginas Digital la crisis política española.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Ángel J. Sánchez Navarro analiza para Páginas Digital la crisis política española.

¿Estamos viviendo un fin del régimen que creamos en la transición?

Yo creo que la transformación es, a la vez, mucho más profunda y no tan sustancial. Es mucho más profunda porque, si miramos a nuestro alrededor, podría decirse que estamos no en un “fin de régimen”, sino en un “fin de época”. La crisis afecta en general a casi todas las estructuras tradicionales de mediación presentes en las relaciones sociales: ¿para qué queremos agencias de viajes si podemos reservar directamente nuestros billetes y hoteles en la red? ¿Para qué periódicos o telediarios, si podemos acceder a cualquier noticia y descargarnos los vídeos en nuestro móvil? ¿Para qué sindicatos, partidos, o iglesias, que suponen estructuras colectivas incapaces de responder exactamente a nuestras pretensiones? Y lo mismo, pero con más intensidad (por tratarse de un ámbito que afecta a todos los ciudadanos, y no sólo a los usuarios de ciertos servicios, o a los integrantes de esas estructuras), ocurre en política: no sólo en España, sino en otros sistemas próximos como el francés, el italiano, el griego, incluso el británico… donde los equilibrios tradicionales están dejando paso al nacimiento y a un auge hasta hace poco impensable de fuerzas ajenas a la centralidad de los respectivos sistemas.

Sin embargo, desde el punto de vista de los contenidos, la transformación no es tan sustancial. Seguramente cabe decir que las principales decisiones políticas adoptadas en la transición siguen siendo muy mayoritariamente aceptadas por la sociedad española, que no plantea alternativas serias al Estado social y democrático de derecho, basado en la garantía de los derechos humanos, con una estructura basada en un régimen parlamentario (incluso, en una Monarquía parlamentaria), políticamente descentralizado, donde las instituciones deben asegurar la separación de poderes, y muy particularmente la eficacia de los controles existentes. Otra cosa es que haya una amplia percepción de que, en la actualidad, tales principios no se respetan suficientemente. Adicionalmente, las demandas de las sociedades más desarrolladas se han multiplicado, de manera que el esquema de poder y de garantías (que en sí mismo sigue siendo aceptable) se proyecta no sólo sobre las esferas clásicas (separación de poderes, transparencia, responsabilidad); sino también sobre otras, novedosas y muy exigentes (así, derechos prestacionales de alto coste, como vivienda, sanidad muy avanzada o prestaciones económicas diversas) cuya satisfacción no es fácil, sobre todo en momentos económicamente difíciles como los que estamos viviendo desde hace ya algunos años.

¿Por qué Podemos se ha convertido en la primera fuerza en intención de voto?

La democracia es un régimen de opinión pública donde, de una parte, se garantiza el derecho a opinar (y, en particular, a disentir) públicamente y, de otra, se articula un mecanismo pacífico –electoral/parlamentario– que permite reemplazar a quien ejerce el poder, al margen de su voluntad, si deja de responder a la opinión mayoritaria. Así las cosas, si quien(es) ejerce(n) el poder (incluyendo el poder de presentar alternativas) no convence(n) a la opinión pública, satisfaciendo sus (muy exigentes) demandas, se refuerzan las opiniones críticas ante el funcionamiento del sistema, y se buscan otras opciones. Y en este momento se da la circunstancia de que los grandes partidos tradicionales, enfrentados a una situación de crisis muy profunda, no han podido –en parte– ni sabido –en otra parte importante– satisfacerlas. Ello ha llevado a la sociedad a volverse a quienes –sin pasado, limpios de polvo y paja– aseguran estar dispuestos a hacerlo. De este modo, y de modo un tanto paradójico, quienes denunciaban el sistema de la transición como cerrado o inamovible (de “castas”) comprueban que ese mismo sistema les permite situarse en posición de influir: por eso, “pueden”.

¿Qué le parece las propuestas que se han hecho desde www.paginasdigital.es?

En este momento, creo que casi todas las propuestas son válidas, siempre y cuando se hagan con voluntad de construir acuerdos de futuro. Se pueden cambiar muchas cosas (a cualquier constitucionalista se le ocurrirán 15, 20 ó 25 en un momento), pero es aún más importante que –otro acierto más de la transición– se haga mediante acuerdos compartidos, generadores de legitimidad y de procesos de diálogo.

¿Qué es necesario hacer?

Por supuesto, yo también tendría mis propuestas. No sólo de reformas constitucionales, sino también legales. Entre las imprescindibles y urgentes, creo que hace ya unos años el Consejo de Estado recomendaba culminar el proceso de descentralización, otorgando estabilidad al modelo autonómico y reforzando los mecanismos de cooperación (como el Senado, que debería reconvertirse); así como la modificación del orden de sucesión en la Corona, o la constitucionalización explícita del proceso de integración europea. Podrían añadirse algunas modificaciones en materia de derechos fundamentales, y de configuración de instituciones como el Tribunal Constitucional, e incluso del procedimiento de reforma constitucional para delimitar mejor las materias reservadas a un procedimiento más complejo. Pero, como digo, aún más importante que un catálogo de “mis” reformas sería un mecanismo de diálogo susceptible de definir reformas viables.

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