Rohani en el punto de mira

El “Joint Comprehensive Plan of Action”, más conocido como “Acuerdo nuclear iraní”, ha alcanzado un éxito histórico para la diplomacia multilateral. El acuerdo alcanzado en Viena en julio de 2015 apuntaba a abolir las sanciones contra Teherán a cambio de una restricción de su programa nuclear. La noche del acuerdo, miles de iraníes invadieron las calles de la capital festejando y repitiendo con entusiasmo y optimismo: “El mundo ha cambiado”, como decía el titular del día siguiente en el diario reformista Etemad.

Efectivamente, desde aquella noche muchas dinámicas cambiaron, dentro de Irán y fuera. Los desafíos relacionados con la seguridad nacional, la reconstrucción y la gestión de los flujos de refugiados confirmaron que Irán debería reintegrarse plenamente en la región, a pesar de que los Estados Unidos intentaron frenar esta tendencia desde el principio de la era Trump. Irán no es solo un actor fundamental en la lucha contra el Estado Islámico en Iraq, sino que además tiene un papel clave en el desarrollo de la situación siria.

La república islámica ya no está aislada sino directamente implicada en las diversas disputas que se libran en Oriente Medio, y seguirá manteniendo sus prioridades geopolíticas con o sin el reconocimiento internacional. La implicación de Irán garantizaría por tanto una mayor seguridad en la región y en Europa, como ha señalado insistentemente Federica Mogherini, alta representante para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad de la Unión Europea.

Restauración de sanciones

Internamente, en Irán, las expectativas puestas en el acuerdo por desgracia se están desvaneciendo. Después del “implementation day” en enero de 2016, cuando el acuerdo entró oficialmente en vigor, un número considerable de empresas extranjeras empezó a invertir allí. Sin embargo, en mayo de 2018, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo y anunció su intención de imponer a Teherán sanciones secundarias, que en consecuencia castigarían a terceros países implicados comercialmente con Irán. Las sanciones americanas se fueron restaurando en dos rondas: una preliminar en agosto, que impactó en el acceso de Irán al dólar, el software industrial, el comercio de metales y el sector automovilístico; la segunda en noviembre, limitando las transacciones financieras y las exportaciones de crudo. Ya en abril, la exportación de crudo y condensado iraní había caído al 39%.

Con la repentina salida unilateral de EE.UU. del acuerdo, las empresas extranjeras abandonaron Irán para evitar las sanciones norteamericanas, mientras la administración Trump mostraba una postura explícitamente anti-iraní. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, y Mike Pompeo, secretario de Estado, advirtieron a Irán de que si no modificaba su comportamiento en la región tendría que prepararse para sufrir las “sanciones más duras de la historia”. Estas amenazas no iban vinculadas al acuerdo, puesto que Irán siempre respetó sus términos, como demuestran los controles realizados por la Agencia de Energía Atómica Internacional. En realidad, el objetivo de las sanciones estadounidenses es debilitar la economía iraní, provocar desórdenes internos y descontento en la sociedad, generar inestabilidad política y allanar el camino al colapso del régimen.

Mientras la UE intentaba, de manera totalmente inadecuada, mantener con vida el acuerdo, mediante un reglamento de bloqueo y un “Special Purpose Vehicle”, la imposición de sanciones secundarias ha provocado el freno de las inversiones en Irán por parte de las empresas europeas.

A causa de estos cambios, en los últimos meses el rial iraní (la moneda nacional) ha sufrido una dura devaluación, llegando a tasas del 70% en el mercado libre. Empresas como Total, Siemens, Deutsche Telecom o Pininfarina se han visto obligadas a abandonar el país e interrumpir sus acuerdos comerciales con Teherán para evitar las sanciones norteamericanas. Lo mismo les ha pasado a firmas de automóvil como Peugeot, Citroen o Hyundai, mientras compañías aéreas como Airbus, KLM, Aegean o British Airways han dejado de ofrecer sus servicios en Irán. Pero como la historia ha demostrado muchas veces, más que modificar el comportamiento de Irán en política exterior, las sanciones tendrán duras consecuencias para los ciudadanos de a pie. Los costes ya elevados de bienes de primera necesidad están obligando a las familias más pobres a almacenar comida mientras el precio del arroz, carne roja, fruta y leche ya se ha duplicado. Productos básicos como pañales o compresas y algunas medicinas ya son muy difíciles de encontrar.

Debate entre bandos políticos

Pero la política interna iraní también se ve afectada por estas dinámicas. El debate presenta un alto grado de polarización en las élites políticas a causa de la incertidumbre económica. La presión extranjera es aprovechada por ciertas facciones para debilitar al gobierno, mientras este último ha preparado una reforma para poder afrontar los nuevos desafíos.

Los halcones siempre han rechazado el acuerdo en su lucha de poder contra los moderados/pragmáticos. Acusan al gobierno de Rohani de “haber vendido el país a su enemigo histórico y haberse fiado de EE.UU”. En su opinión, el presidente es responsable de que la situación económica haya empeorado. Por otro lado, Rohani condena la violación del acuerdo por parte de los USA y su restauración unilateral de las sanciones. Él define las amenazas externas como una guerra psicológica que empuja a las fuerzas de seguridad y a los ultraconservadores a exacerbar sus enfoques conflictivos en detrimento de la estabilidad política interna.

Hassan Rohani ha fundamentado su legitimidad política en la realización del acuerdo, como medio para construir la economía nacional, abrir el país a inversiones extranjeras y poner remedio a una endémica injusticia social. Pero los tan esperados resultados positivos del acuerdo nuclear iraní tardan en hacerse notar, no solo a causa de la nueva serie de sanciones estadounidenses, sino también por distorsiones internas como la falta de transparencia y responsabilidad política, la corrupción dentro del sistema económico y las continuas rivalidades entre bandos, que enlentecen el proceso legislativo. Para eludir estas dificultades internas, Rohani acusa a la política de Washington respecto a Irán, mientras los halcones aprovechan las amenazas norteamericanas para deslegitimar el gobierno de Rohani. Además, acusan al presidente de mal gobierno y el pasado mes de agosto le pidieron llevar al Parlamento sus planes económicos.

Otra prueba de las presiones del disenso interno sobre Rohani son los continuos cambios en el gobierno. En los últimos meses, los ministros de Trabajo, Industria, Actividad Minera y Comercio, Economía y Desarrollo urbano y vial, han dimitido. Además, los ministros de Exteriores, Educación, Ciencia e Interior están actualmente bajo sospecha. Esta dinámica pone en evidencia las dificultades del presidente para mantener una línea política propia y las presiones externas así como el descontento interno entre los miembros de su gabinete. Además, ha entrado en vigor una nueva ley que prohíbe a los jubilados (mayores de 60 ellos, y de 55 ellas) ocupar cargos públicos. Este controvertido procedimiento ha llevado a la dimisión (forzosa) de varios miembros del gabinete, como la consejera presidencia para los Derechos Humanos, Shahindokht Molaverdi, mientras funcionarios de más edad pueden eximirse. Esa misma ley ha llevado al nombramiento del tercer alcalde de Teherán en 18 meses.

Divisiones internas

Con el objetivo de reducir la presión internacional sobre la economía iraní, el gobierno ha lanzado un debate que pretendía satisfacer las peticiones del “Financial Action Trade Force” (FATF) de París, contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero. El Parlamento aprobó el proyecto de ley contra la financiación terrorista con 143 votos (y 120 en contra), lo que permitiría empezar a aplicar las normas internacionales y evitar así el aislamiento del sistema bancario iraní. Pero el Consejo de los Guardianes de la Revolución ha rechazado la ley, reenviándola al Parlamento para una revisión posterior. Al principio, también el guía supremo, el ayatolá Ali Jamenei, se opuso a la ley, pero al final autorizó al Parlamento a decidir cómo proceder. Este controvertido texto legislativo constituye otro campo de batalla en el ámbito de la lucha interna entre ultraconservadores y moderados/pragmáticos que tienen la mayoría en el Parlamento.

Los últimos debates en Irán se refieren a las provocadoras afirmaciones de Mohammad Zarif, ministro de Exteriores, que ha confirmado que las dinámicas de blanqueo de dinero en Irán son reales. Ha declarado que los que se oponen a las exigencias del FATF son contrarios a la transparencia financiera porque se benefician de actividades opacas. Sin referirse a nadie en concreto, el ministro Zarif ha acusado implícitamente a los halcones del Parlamento de estar implicados en blanqueo de dinero y, por ello, oponerse a la ley. Estas afirmaciones han desatado obviamente fuertes reacciones en la oposición. Circulan voces sobre una posible denuncia al ministro para obligarle a mostrar al poder judicial las pruebas de sus declaraciones.

A pesar de que la política iraní siempre puede reservar sorpresas, es improbable que esto suceda. El 23 de noviembre de 2018, el diario reformista Aftab-e Yazd tituló “Un solo Irán detrás de Zarif”, con las declaraciones de Rohani y Mahmoud Vaezi, jefe de gabinete del presidente, apoyando al ministro de Exteriores. Vale la pena señalar que Rohani intentó matizar el tono para evitar las acusaciones de los halcones, llamando la atención sobre la necesidad de combatir a los traficantes de droga y alcohol, como categorías que alimentan el blanqueo de dinero en este país. Irán tiene tiempo hasta febrero para demostrar que ha cumplido los principios del FATF, de lo contrario volverá a la lista negra.

Rohani entre extremistas y reformistas

Tanto el acuerdo nuclear como la ley que busca satisfacer las exigencias del FATF han sido duramente criticados por los ultraconservadores, que acusan al presidente Rohani de abrir las puertas de Irán a injerencias extranjeras. Desde finales de 2017, en este país se han registrado varias protestas a causa del deterioro de la economía, el alto coste de la vida y el desempleo. La frustración de las clases más bajas se ha mezclado con la rabia de los trabajadores que se quejan por el impago de sus sueldos, salarios demasiado bajos y condiciones laborales precarias. Recientemente, los trabajadores de la fábrica de caña de azúcar Hafte Tapeh (situada en la complicada región del Kurdistán) han hecho huelga durante más de dos semanas por el impago de sueltos y los contratos informales que siguieron a la controvertida privatización de la empresa. Estas manifestaciones y huelgas de profesores, conductores y funcionarios han sido manipuladas por los halcones para debilitar al gobierno. Por ejemplo, el periódico ultraconservador Kayhan ha afirmado que estas protestas eran el resultado de la dependencia económica del acuerdo nuclear y el FATF.

En todo caso, los halcones no son los únicos que protestan contra las políticas de Rohani. Los reformistas también le acusan de no haber mejorado la económica ni haber garantizado más espacio a la sociedad civil, como en cambio había prometido durante su campaña electoral. La “luna de miel” entre pragmáticos y reformistas se ha visto minada por importantes fracturas. A pesar del apoyo del expresidente Mohammed Jatami –que sigue teniendo algo que decir en la guía (desde atrás) del frente reformista– en las elecciones presidenciales de 2013 y 2017, Hassan Rohani elaboró un programa moderado-pragmático que solo en la fase inicial de su campaña se ocupó de cuestiones internas que también preocupan al electorado reformista. Entre las promesas nunca contempladas por el gobierno actual estaban la protección de los derechos de los ciudadanos y la libre circulación de la información. El presidente puso en sordina estos temas para evitar más fricciones con los halcones, que ya estaban rechazando la negociación multilateral que terminó en el acuerdo nuclear. Gracias a este giro político, Rohani obtuvo el apoyo de conservadores como Ali Lariyani (presidente del Parlamento) y Ali Akbar Velayati (exconsejero de Asuntos Internacionales del Guía Supremo), acercando a los centristas a los moderados-conservadores y alejándolos de los reformistas.

El escenario de la política interna de Irán resulta por tanto fuertemente polarizado. La creciente fragmentación entre los miembros de la elite en el poder contribuye también a desestabilizar la economía nacional, que ya está en el punto de mira de las sanciones estadounidenses. Para aliviar el efecto de estas divisiones internas, el guía supremo Ali Jamenei ha invocado insistentemente la unidad. En los últimos tres años, Jameini ha mantenido una postura equilibrada, apoyando los esfuerzos diplomáticos de la delegación iraní en Viena y Ginebra, pero tratando también de evitar que se generaran profundas fracturas internas. Sin buscar un chivo expiatorio interno por la gravedad de las condiciones económicas, Jamenei ha exhortado a la elite iraní a superar sus propios conflictos, convergiendo para combatir al enemigo común.

El comportamiento del guía supremo demuestra que la estabilidad interna y la supervivencia del régimen prevalecen sobre la competición entre bandos. Además, evidencia cómo dentro del sistema los ultraconservadores están especialmente debilitados y privados de un guía carismático. La fragmentación del frente conservador comenzó durante la presidencia de Ahmadineyad, que desplazó la orientación política conservadora hacia una postura más radical y populista.

¿Qué se puede esperar en el futuro?

Desde un punto de vista económico, es probable que Irán consiga sobrevivir a pesar de las sanciones y las crecientes presiones económicas. Sin embargo, la vida de los iraníes de a pie se empobrecerá, puesto que la clase media sufrirá una pérdida significativa de poder adquisitivo. Las clases más bajas y la juventud formada son los principales objetivos de las sanciones, y para eso el gobierno tendría que aliviar la presión que sufren mediante un potente sistema de subvenciones, el suministro de bienes de primera necesidad y una mejora en la tasa de desempleo. Además, estos procedimientos no deberían incrementar la desigualdad social, que es causa permanente de protestas en las calles y de insatisfacción popular. Los grupos vinculados a la Guardia Revolucionaria que tienen el control de las fronteras nacionales y de los puertos probablemente seguirán practicando importaciones y exportaciones ilegales en el mercado negro, alterando así los precios. El gobierno ya está planificando reformas orientadas hacia el libre mercado con una mayor implicación estatal en la economía. Para gestionar la inminente crisis, el presidente Rohani quiere reformar el sistema bancario, impedir la hiperinflación y resolver el problema de la escasa circulación de capitales y liquidez, utilizando posiblemente fondos estatales y públicos para financiar a grandes empresas.

Desde un punto de vista política, las enraizadas rivalidades internas en la elite política iraní seguirán existiendo. El gobierno tendrá que resistir a las fracturas políticas aunque, como demuestra la posición del guía supremo, la cuestión de la supervivencia del sistema haga pasar a un segundo plano las rivalidades entre bandos. El aislamiento del país podría llevar a nuevas emergencias internas desde el punto de vista político y económico, pero no llevará ni al colapso del sistema ni a un cambio de régimen, como en cambio espera la administración Trump. La república islámica ha conseguido sobrevivir a la fase más grave de aislamiento desde 2012, cuando la UE también impuso sanciones al gobierno de Ahmadineyad. Hoy Irán se beneficia de un clima distinto, que comprende también el compromiso de la UE para afrontar la situación y salvar lo que queda del acuerdo nuclear.

Oasis