Repsol: platos rotos de una confesionalidad, esta vez económica

Mundo · Fernando de Haro
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26 noviembre 2008
Miguel Sebastián, el ministro de Industria, es un hombre educado. En 2003,  cuando abandonó el magnífico despacho que ocupaba en una de las esquinas del edificio del BBVA en la Castellana (la mesa de espaldas al tráfico, gran ventanal a su derecha sobre Nuevos Ministerios), tras su enfrentamiento con Francisco González, volvió a ocupar su plaza de profesor titular de la Universidad Complutense. Varios compañeros de Facultad le ofrecieron  sumarse al equipo del decanato y Sebastián declinó la invitación porque estaba haciéndole papeles a un tal Zapatero, improbable vencedor de los procesos electores que tenía por delante.

El pasado mes de marzo, cuando el tal Zapatero obtenía la segunda victoria electoral y Sebastián era elegido, ¡por fin ministro! de Industria, recibía las felicitaciones de sus compañeros universitarios, que le recordaban el acierto de haber rechazado un puesto de gestión académica. Sebastián, que como decimos es un hombre educado, contestó a sus compañeros con un cumplido: "Es más fácil la tarea de ministro de Industria que la vuestra en el decanato".

Estos días Sebastián quizás haya recordado con una sonrisa aquellas palabras escritas por el deseo de agradar. El ministro parece haber recuperado el sentido común que como economista tuvo y lleva semanas intentado frenar la entrada de Lukoil en Repsol. Ha recuperado el sentido común para solucionar un problema que él mismo ha creado y que refleja muy bien no sólo el desastre de su política industrial sino toda una concepción de la "confesionalidad", en este caso económica, que el zapaterismo aplica cuando pone en marcha la intervención de un Estado supuestamente neutral.

Hay paralelismos con lo que está ocurriendo en el caso del crucifijo. Una sola sentencia no firme de un solo caso en Valladolid sirve para que los socialistas pretendan "imponer" la opción laicista en todos los colegios públicos. Una decisión como la de Sebastián, que convirtió a la inmobiliaria Sacyr en su herramienta para descabalgar a un Francisco González cercano a Aznar, de la presidencia del BBVA, condiciona el futuro de un sector estratégico como el de la energía. La discusión no es si el Estado tiene o no que intervenir, es evidente que tiene que intervenir, sino cómo lo hace: si defiende posiciones particulares o ideológicas, o el bien de todos. En el caso de los crucifijos interviene para "imponer" la opción laicista en contra del criterio de los padres, en el caso de la reordenación del sector energético intenta solucionar los desaguisados de una política industrial sometida a las personalísimas preferencias de Moncloa.

Como en el caso de Manuel Pizarro en Endesa, Zapatero y Sebastián tenían que quitar de en medio "como fuera" a Francisco González del BBVA. Ese "como fuera" fue el que provocó que Sebastián perdiera el sentido común e intentara que una inmobiliaria como Sacyr se quedara con el control del banco. Fracasada la operación, llegó el siguiente dislate: Sacyr se convirtió en el socio de referencia de Repsol, animado por el Gobierno, con apoyo del ICO y sin poner un euro. Los euros, los 5.200 millones de euros, los ponían los bancos. Ahora Sacyr tiene que pagar, debe mucho, mucho más, 18.000 millones de euros. Compró Repsol a casi 27 euros y ahora en la bolsa cotiza a 14,7 euros. Lukoil está dispuesta a pagarle casi el doble pero, lógicamente, la diferencia de precio la considera una prima por hacerse con el control. Los accionistas minoritarios, con un activo Javier Cremades a la cabeza, ya han protestado. Como no habría Opa, sólo sale ganando Sacyr. Todas las soluciones que el hombre que no quiso ser vicedecano está tejiendo para evitar la nefasta venta a Lukoil son malas. Sacyr reclama compensaciones por no vender: más obra pública, agravio para sus competidores; trato favorable de los bancos, que tienen ya bastantes problemas; venta de su filial de autopistas a La Caixa, más de lo mismo. Y mientras, Sacyr amenaza con una quiebra que podría provocar miles de despidos.

Los responsables de las pequeña y medianas empresas, creadoras del 80 por ciento del empleo y con dificultades para obtener crédito, sienten con toda la razón la injusticia de que los recursos se empleen en tapar los agujeros de la que ha sido una apuesta industrial a favor de los intereses particulares del Gobierno. Las angustias que sufren ahora Sebastián y Zapatero son la consecuencia de una intervención del Estado que, como en otros campos, no sirven para desarrollar el tejido empresarial y social que ya existe, los  elementos de cohesión que vertebran nuestro país.

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