Reformar la docencia, reformar el perfil del docente

Se dice pronto, pero han pasado treinta años y hemos vivido siete reformas educativas. Los resultados, a la vista está, son manifiestamente mejorables. Ahora se asoma la octava reforma y seguiremos sin mejorar.

Es una obviedad decir que si no hay consenso político en el análisis y determinación de las causas de la situación en la que nos encontramos, parece que será difícil que se dé ese consenso para establecer soluciones a los problemas existentes. Seguimos perdidos en debates sobre la religión, la educación para la ciudadanía o el eterno e interesado enfrentamiento enseñanza publica – enseñanza concertada. Y mientras, los resultados de nuestros alumnos continúan sin mejorar. ¿Y por qué?

“El éxito del sistema educativo de un país está directamente relacionado con la formación del profesorado”.

Esta frase, que ya es un icono en el mundo de la educación, es la referencia perfecta para introducir el tema de este artículo. ¿Qué hemos hecho en estos treinta años para mejorar la formación de los docentes? ¿Se ha formado correctamente al profesorado para afrontar todas y cada una de las reformas? ¿Y para enfrentarse a los nuevos retos que se plantean en las aulas?

Un ejemplo de todo esto es que, en la última década, decisiones políticas sin duda cortoplacistas han implementado de la noche a la mañana en el día a día del profesor las nuevas tecnologías o el bilingüismo. Pero, ¿se formó a ese profesor antes de su implantación o se le ha exigido esa formación con posterioridad? ¿Qué resultados se están obteniendo de medidas como las mencionadas? Y lo más importante, ¿no hubiera sido mejor planificar su incorporación en la escuela cuando los profesionales en activo y los estudiantes universitarios hubieran estado debidamente preparados y formados?

La realidad es que acabamos de pasar de una enseñanza comprensiva a una enseñanza por competencias, que el profesorado no estaba preparado para ello y se le ha exigido un enorme esfuerzo en muy poco tiempo, y que, al final, quizá, a la vista de lo que se avecina, esto no haya servido para nada.

La anunciada derogación o modificación de la LOMCE debería venir acompañada de un alto grado de consenso y, de forma paralela, también debería plantearse la reforma y regulación de la profesión docente.

La LOMCE es la primera Ley Orgánica que plantea, aunque sea en su preámbulo, la necesidad de contar con una “Ley de la Función Docente”, y el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, acierta al proponer la elaboración de un “Libro Blanco de la Función Docente” y ha encargado dicha responsabilidad a José Antonio Marina. Lo cierto es que queda poco para las elecciones, pero ojalá este intento no sea en vano.

El profesor Marina ya ha ido desgranando algunas claves de cuál va a ser su proceder y hay una que es fundamental para comenzar correctamente el trabajo: el Libro Blanco abarcará a todos los profesionales de la enseñanza. Sin duda, hubiera sido un grave error considerar que regular o reformar la “función docente” o la “docencia” debe afectar exclusivamente a los funcionarios docentes públicos.

La premisa es clara: la profesión docente, la docencia como concepto, implica a todos los que trabajan en ella con independencia de si lo hacen en un centro público o en uno privado. Por eso, es necesario definir el perfil del docente que requiere la escuela del siglo XXI y abordar cuestiones como qué se espera de él, qué preparación tiene que tener o cómo asegurar su correcta adaptación a las necesidades de cada momento.

Cabe preguntarse en este punto si sigue siendo válida la actual estructura universitaria de grados para Infantil y Primaria, y de grados para Secundaria, Bachillerato y FP, si es lo mismo prepararse en la universidad para ser químico que para ser profesor de química o si el actual máster de secundaria forma docentes.

Esto no es responsabilidad de los profesores. Bastante están haciendo los actuales docentes, a los que podemos considerar víctimas de la política y de la falta de interés por ayudarles. Lo justo es recordar el esfuerzo titánico que hacen trabajando por una escuela digna, por sus alumnos, en medio de una situación caótica y prácticamente abandonados por los responsables políticos.

Por ello, es básico e imprescindible atraer a los mejores estudiantes a la formación universitaria, ofreciendo una profesión docente atractiva, con una carrera profesional estimulante, que incentive a los mejores a educar y formar personas. Una cuestión para nada mínima.

La mejora de la profesión pasa por comenzar con la adecuada selección de aquellos que quieren ser docentes. Y no escatimar en esta empresa. Habría que considerar a quienes presenten los mejores expedientes académicos y a aquellos que demuestren ciertas aptitudes y competencias apropiadas para la educación. No todo el mundo, por mucho que tenga un conocimiento adquirido, sabe transmitirlo, que es de lo que se trata en muchos casos.

Debemos reformar en profundidad esta formación inicial. No es extraño oír a docentes, especialmente de ESO, Bachillerato y FP, decir que lo que han aprendido en los años de universidad poco les ha servido cuando han pisado la realidad del aula. Ante esto, se plantean modelos como el sistema MIR usado en Medicina, pero siendo realistas, es difícil que pueda aplicarse en los mismos términos a la educación, aunque la idea es buena.

La mejor manera de asegurarnos de que una persona está capacitada y cualificada para desempeñar la profesión docente es haberla ejercido durante un tiempo prolongado bajo la tutela de otro profesional acreditado y avalado por su experiencia y su preparación. Y una vez superado este periodo, solo entonces, debería acceder al ejercicio definitivo de la docencia, bien en la función pública o bien en centros educativos privados, mediante los mecanismos que se regulen para ello. Esta sería la garantía de que los profesionales que se hayan preparado mejor estarán al frente de la escuela, contribuyendo a mejorar los resultados de nuestros alumnos.

Pero no hay que quedarse ahí. Queda por ver también la forma en la que se debe evaluar al profesorado y facilitarle una formación permanente. La idea de la evaluación, no siempre bien aceptada, es necesaria y fundamental. Eso sí, tal y como ya está funcionando en otros países, debe ser una evaluación universal, objetiva y que permita siempre la mejora profesional. Con estas características desaparecerían muchas reticencias y se convertiría en un gran instrumento de progresión profesional.

En fin, no es fácil la tarea, pero hay que afrontarla: la reforma del sistema educativo debe ir acompañada de una regulación y mejora de la profesión docente y ambas deben ser fruto de un alto consenso político y social. Desde estas líneas solo nos queda desearle suerte al ministro y al señor Marina con este importante Libro Blanco.