Reforma constitucional rusa. ¿Cuánta prisa tiene el Kremlin?

Mundo · Anna Kondratova
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24 enero 2020
La tarde del pasado 15 de enero, después de que en su discurso anual a las cámaras Putin propusiera una amplia reforma constitucional, los acontecimientos tomaron un ritmo frenético. En cuestión de minutos, el gobierno Medvedev dimitió para permitir al presidente “lanzar la reforma, que –señaló el primer ministro saliente– producirá cambios significativos en el equilibrio entre poderes”. La mañana siguiente tomaba posesión en su despacho el nuevo premier, el exjefe de la Agencia Federal de impuestos Mikhail Mishustin.

La tarde del pasado 15 de enero, después de que en su discurso anual a las cámaras Putin propusiera una amplia reforma constitucional, los acontecimientos tomaron un ritmo frenético. En cuestión de minutos, el gobierno Medvedev dimitió para permitir al presidente “lanzar la reforma, que –señaló el primer ministro saliente– producirá cambios significativos en el equilibrio entre poderes”. La mañana siguiente tomaba posesión en su despacho el nuevo premier, el exjefe de la Agencia Federal de impuestos Mikhail Mishustin.

Probablemente Medvedev y sus colaboradores se pasaron la noche vaciando escritorios y armarios de papeles y efectos personales para permitir una sucesión tan fulminante, al igual que el resto de ministros. ¿Cómo explicar tanta prisa dentro de un sistema de gobierno donde las cosas parece que no cambian nunca?

El fin último de las reformas constitucionales anunciadas es evidente: hay que resolver el “problema 2024”, es decir, cómo conservar el poder de Vladimir Putin, que al término de su mandato presidencial ya no tendrá posibilidad de reelección. Con este objetivo, la maquinaria estatal lleva tiempo trabajando. Lo anunciado el 15 de enero probablemente sea la “solución B”, a la que el Kremlin no pensaba tener que llegar hasta el último momento. La “solución A” era la creación de un nuevo Estado integrado, constituido por Rusia y Bielorrusia, que reforzaría el “mundo ruso”, cada vez en una mayor crisis y sobre todo permitirá volver a empezar el juego desde cero. La presión del Kremlin sobre Bielorrusia hasta primeros de año ha sido considerable, sirviéndose incluso de varias armas, propuestas más o menos tentadoras de unión y hasta chantajes con el gas y el petróleo.

Pero Putin hizo sus cuentas sin contar con Lukashenko. El “padre” de la nación bielorrusa se resistió y defendió encarecidamente la independencia del país, diciendo alto y claro que, después de Ucrania, Rusia quería meter sus manos en Bielorrusia pero que su país solo estaba dispuesto a llegar a acuerdos y alianzas a cambio de que no haya “anexión” y cada uno permanezca en su casa. A menos que –propuso el 24 de diciembre– Rusia decida entrar a formar parte de Bielorrusia. En otros términos, tanto las propuestas como las amenazas de represalias han sido igualmente ignoradas. No quiera Dios que, resuelta la cuestión de la continuidad en el poder, dentro de un tiempo Putin no decida vengarse de la escasa colaboración de Lukashenko recreando en Bielorrusia alguno de los escenarios ucranianos…

Pasamos así al plan B. Que tenía que realizarse deprisa, porque había que poner punto final a las reformas constitucionales antes del 5 de septiembre de este año. De hecho, en septiembre de 2021 están previstas las elecciones parlamentarias, y por ley no es posible meter mano a la Constitución en el arco de los doce meses previos. En consecuencia, Putin y sus hombres tenían esta fecha tope y el nuevo gobierno tendrá que mantener caliente la situación política dentro y fuera del país.

La expresión utilizada por Medvedev sobre el “equilibrio entre poderes” es central. Las reformas constitucionales anunciadas se dirigen de hecho al refuerzo del Consejo de Estado, un órgano hasta ahora bastante marginal (solo tiene un papel consultivo respecto al jefe del Estado) pero que, con la nueva configuración, asumiría un papel neurálgico, transformándose en el Gran titiritero. Por el contrario, el presidente, en el nuevo escenario, vería reducir considerablemente sus poderes, convirtiéndose en una figura representativa, y las dos cámaras se limitarían a desarrollar una función eminentemente técnica. Por lo demás, estamos ante una solución ya aplicada en países como China y Kazajistán, que recuerda también la estructura de poder existente en la antigua URSS.

Todo esto no son más que hipótesis, pero el ritmo al que van los cambios en el Kremlin hace pensar que muy pronto lo comprobaremos. Está claro que, en caso de avanzar en la dirección indicada, Putin pronto dejará el cargo presidencial, ya vaciado de su peso. Por lo demás, ya el 16 de enero, en una entrevista, se mostró desfavorable a mantener a ultranza el puesto presidencial. “Después de tantos mandatos hay que cambiar”.

A la luz de los últimos acontecimientos, tal vez se entienda un poco mejor el turbulento proceso de depuración de candidatos en las elecciones municipales del pasado septiembre (especialmente en Moscú), con las manifestaciones y arrestos del verano y los procesos de otoño, provocando un cierto levantamiento en la opinión pública. La violencia de las intervenciones de las fuerzas del orden y de las autoridades judiciales sorprendió en esta ocasión hasta a los propios rusos, que ya están bastante acostumbrados a la “mano dura” del Estado.

Probablemente, las órdenes desde lo alto eran en este caso de no escatimar esfuerzo alguno para que los nuevos órganos locales fueran fieles y absolutamente fiables, de cara a las maniobras previstas en los meses siguientes. A pesar de todo el trabajo realizado, en las elecciones el partido de Putin perdió en Moscú un tercio de los escaños, aunque en el país en su conjunto consolidó su posición. Las reformas constitucionales anunciadas serán sancionadas por un referéndum popular, de modo que la pelota pasará a la nación. Quién sabe si nos esperan más sorpresas, después de los reiterados e inesperados episodios de despertar de la conciencia cívica que nos regaló 2019…

La Nueva Europa

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