El cambio climático y un modelo energético sostenible

Recuperar el papel de la sociedad civil

Mundo · Francisco Medina
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4 octubre 2017
Hace unos días, se abrió el proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), fruto de la puesta en marcha de la iniciativa conjunta de ambos ministerios, materializada en la creación de un grupo de trabajo interministerial para la coordinación en la elaboración de tal anteproyecto, y en la que se incluyó la realización de unas jornadas de debate que contaron con la participación de más de 400 expertos en la materia.

Hace unos días, se abrió el proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), fruto de la puesta en marcha de la iniciativa conjunta de ambos ministerios, materializada en la creación de un grupo de trabajo interministerial para la coordinación en la elaboración de tal anteproyecto, y en la que se incluyó la realización de unas jornadas de debate que contaron con la participación de más de 400 expertos en la materia.

Tal iniciativa es el fruto del compromiso asumido por España en los Acuerdos de París –que el gobierno Trump no ha aceptado– de avanzar hacia una economía baja en carbono, reduciendo las emisiones de CO2 y conjugar los objetivos de la seguridad de abastecimiento energético, la sostenibilidad ambiental (un modelo energético respetuoso con el medio ambiente) y el aumento de la competitividad y la creación de empleo.

Es verdad que la cuestión del cambio climático y de la sostenibilidad ambiental ha sido, en muchas ocasiones, el cacareado tema sacado por algunos lobbies ecologistas como arma arrojadiza a utilizar contra el derecho a la libre iniciativa empresarial y el desarrollo económico, o defender medidas neomalthusianas de control de la población. Pero forzoso es reconocer que, seguramente, estemos asistiendo a un cambio climático, aunque la gravedad de los efectos aún sigue siendo controvertida.

Según las previsiones, para 2035, las emisiones de CO2 aumentarán en un 25%, aunque la tasa de crecimiento será menor (posiblemente, por el uso de técnicas no convencionales de extracción de gas natural que se están desarrollando en EE.UU. o las previsiones de desaceleración del crecimiento de las emisiones en China para 2025), que aún está por ver. Habrá que tener en cuenta también el empuje de las energías renovables y la reducción del carbón y del petróleo en la cuota de energía.

En este sentido, la Unión Europea está empezando a adoptar decisiones y compromisos: ya desde la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, se pretende avanzar hacia un modelo de economía baja en carbono para 2050, así como una serie de objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (greenhouse effect) y de eficiencia energética. Posteriormente, los Acuerdos de París y el paquete de medidas Energía Limpia para Todos.

Ciertamente, ha sido un tema que ha provocado rechazo, por las acusaciones de “dirigismo y de intento de manipulación de la población” que muchos sectores neocon han dirigido contra los diversos acuerdos adoptados a nivel supranacional. Pero es un hecho evidente el deterioro medioambiental grave que existe en muchas zonas del planeta –muchas zonas de China son un ejemplo–, o los perniciosos efectos de un desarrollo económico a cualquier precio con incidencia medioambiental y aumento de la pobreza. Tales efectos, que fueron denunciados en su día por el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, han sido puestos sobre la mesa por el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si’ de forma incisiva.

No es cuestión de negar el peso de ciertos lobbies ecologistas, sino de poner delante una realidad a la que los ciudadanos no estamos acostumbrados a mirar. Por eso, creo que, en España, nos falta una cultura de lo público que sí existe en países anglosajones como Estados Unidos. Es decir, que producir y consumir energía tienen una función social de buscar el bien común –como también la tiene el derecho de propiedad–, y que se pueda crear un modelo energético sostenible que respete el medioambiente y contribuya a un entorno saludable para las futuras generaciones no es una invención ideológica. Es una exigencia de justicia social. Para los cristianos, es la construcción de la casa común.

Por eso, en estos tiempos tan aciagos, la única forma de construir juntos como sociedad –más que exhibir banderas o salir a la calle en manifestación– es ponernos en juego en el espacio público ¿Cómo? Un ejemplo es participar en las consultas públicas que la Administración abre cuando hay anteproyectos normativos de calado, como es este anteproyecto de Ley de Cambio Climático (www.lccte.gob.es), cuyo plazo para formular aportaciones finaliza el 10 de octubre. Habrá que ver cómo se tramita –es cierto que algunas de las preguntas formuladas en la consulta podrían haber tenido en cuenta el nivel de la gente-gente– y si, finalmente, la participación ciudadana tiene peso y en qué medida será tenida en cuenta. Pero es una oportunidad para contribuir a hacer una sociedad civil adulta y responsable. No deberíamos huir de ella, sino aprovecharla.

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