¿Quién practicará el suicidio asistido a la Iglesia de Inglaterra?

En Londres, cuando quedan pocas semanas para cerrar por vacaciones el Parlamento, se está calentando el debate sobre la ley que podría llevar a Inglaterra y Gales a legalizar el suicidio asistido. Inglaterra y Gales, porque a consecuencia de la “devolution” Escocia e Irlanda del Norte legislan de manera autónoma este tipo de materias.

De modo que en Londres y Edimburgo están preparados para debatir dos tipos de ley diferentes, donde el modelo escocés será incluso más permisivo que el inglés pues se debatirá bajo el influjo de la emoción tras la muerte de su redactora, la diputada escocesa Margo McDonald, enferma de Parkinson. Como suele suceder en estos casos, la propuesta se presenta bajo el pretexto de cubrir un presunto vacío legal.

La asociación británica Dignity in Dying ha promovido varias campañas publicitarias afirmando que Gran Bretaña tiene un problema: muchos enfermos en fase terminal “se ven obligados a terminar su vida solos y sin apoyo, o bien a ponerse en manos de la asistencia ilegal de una persona querida o de un médico. So personas que quieren controlar su muerte cuando esta es inminente y el dolor insoportable”.

En realidad, el vacío legal no existe. Hasta ahora el texto de referencia era el Suicide Act de 1961, que castiga hasta con 14 años de prisión cualquier tipo de ayuda para quitar la vida a una persona. Lo deja muy claro. Algunos pueden decir que ha sido superado por el tiempo. En efecto, se podría decir que desde 1961 las terapias, la asistencia y el cuidado a las personas que sufren, particularmente con los cuidados paliativos, han dado pasos de gigante. Hay muchos menos motivos para quitarle la vida a una persona enferma de los que podía haber hace cincuenta años. Aun así en 2010 se puso en marcha la Commission on Assisted Dying, rebautizada como ‘Falconer Commission’ al estar presidida por Lord Charles Falconer, laborista, ex secretario de estado de Justicia, un proyecto de Tony Blair, a cuya sombra este abogado de Edimburgo desarrolló toda su carrera política.

El amigo del ex enfant prodige de la política mundial llevó a término su tarea con el apoyo de juristas, médicos y psicólogos. Falconer tuvo también en cuenta la presión mediática que desde hace tiempo está presente en Gran Bretaña. La propuesta de ley sería por tanto la respuesta para frenar el llamado “turismo de la muerte”, en constante aumento entre la población británica, pues cada vez más ingleses viajan a Suiza para quitarse la vida. Más de 200 personas en los últimos quince años han aprovechado la normativa helvética, una de las más permisivas del mundo. Cada vez que los medios hacían pública la historia de alguien que se trasladaba a Suiza para suicidarse, el debate volvía a encenderse y a invocarse la ley.

En 2011 la BBC emitió un documental titulado ‘Choosing to Die’, que narraba el suicidio asistido de un ciudadano británico, Peter Smedley, en una clínica de Suiza. Estos viajes de la muerte, para los defensores del suicidio asistido, debían terminar: en el sentido de que si una persona quiere poner fin a su vida, debe poder hacerlo en su propio país. Las propuestas normativas de Falconer se inspiran precisamente en la ley suiza, cuyo Código penal establece de hecho que la instigación al suicidio y el suicidio asistido solo son ilegales si tienen lugar “por motivos egoístas”, una valoración extremadamente subjetiva que deja una grandísima libertad de maniobra para que una persona pueda quitarse la vida.

La ley Falconer también ha tenido en cuenta otras legislaciones que prevén la asistencia médica directa en la práctica de la eutanasia, como la de los Países Bajos y Bélgica, y prevé que sea el enfermo quien se suministre, taxativamente solo, los fármacos. Pero el suicidio asistido solo se permitiría a los enfermos terminales, por lo que la gravedad de sus condiciones suscita cierta perplejidad a la hora de considerar las modalidades de esta “eutanasia yourself”. Entre las “restricciones” previstas por la Falconer Bill, también está la de limitar la práctica de poner fin a la vida solo a personas con una expectativa de vida no superior a seis meses, lo que también despierta perplejidades de carácter científico, puesto que a menudo la supervivencia de los pacientes supera las previsiones.

Esta enésima demostración de la “cultura del descarte”, por usar las palabras del Papa Francisco, también ha encontrado defensores en el ámbito cristiano, como Desmond Tutu, prelado sudafricano que ya lleva tiempo en dramática caída de popularidad y visibilidad, que ha señalado la necesidad de esta ley apelando a los últimos días de Nelson Mandela, con el pobre Madiba obligado a vivir enganchado a las máquinas. Habría que preguntarse si el obispo anglicano ha ido alguna vez a visitar a alguna persona, o a alguna oveja de su rebaño, al hospital donde recibe una terapia intensiva; o dónde estaba cuando todo el pueblo sudafricano temblaba pidiendo que el padre de la patria no les dejase, que no muriese.

A propósito de los anglicanos: mientras una iglesia en estado pre-agónico como la de Inglaterra deliberaba recientemente sobre la posibilidad de ordenar a mujeres obispo, su ex primado Lord Carey, también se sumaba a las propuestas de Lord Falconer. Se da una evidente paradoja tanto desde el punto de vista antropológico como eclesial. ¿Quién le practicará el suicidio asistido a la Iglesia de Inglaterra? Por suerte, aún hay quien se opone a la cultura del descarte, en nombre de un humanísimo concepto, el de cuidar.

La asociación Care Not Killing no deja de hacer oír su voz. Su presidente, el doctor Saunders, ha subrayado que la Falconer Bill sería peligrosa para las personas más débiles y necesitadas de ayuda, como los discapacitados o los enfermos de depresión. Basta pensar en lo que ha sucedido en Bélgica, donde ahora se puede practicar la eutanasia también a los niños. Care not Killing pide que se ponga fin a esta tendencia y que en cambio se proporcione una mejor asistencia médica y psicológica, así como más cuidados paliativos.

“Nosotros no pedimos una ley restrictiva –afirma Peter Saunders–, nosotros pedimos que nunca haya una ley que tutele a una persona que ayuda a otra a matarse”. Veremos si en el Parlamento de Londres se escucha este llamamiento al buen sentido y a la humanidad.