¿Qué piensa el PP de la Educación para la Ciudadanía ?

El pasado 20 de enero, durante una conferencia política dedicada a la educación, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se comprometió a derogar la Educación para la Ciudadanía en caso de ganar las elecciones. Después, durante la campaña, la polémica asignatura desapareció de los mensajes del Partido Popular. A pesar de haber sido probablemente la intromisión más ilegítima y menos inocente del Gobierno socialista, el equipo de Rajoy no la consideró un tema de importancia en la liza electoral.

El pasado martes se conoció la composición de las comisiones parlamentarias. Se supo entonces que Eugenio Nasarre no repetiría como portavoz de Educación del PP, un puesto que ocupa desde ese día el diputado por La Rioja Juan Antonio Gómez Trinidad. Nasarre ha concluido así una tarea muy ardua y encomiable de oposición firme y activa a la LOE y a Educación para la Ciudadanía. Sin perder nunca las formas, el veterano parlamentario ha sabido enfrentarse a la política educativa del Gobierno de Zapatero con razones de peso y argumentos de gran solidez. Por el contrario, lo primero que ha hecho Gómez Trinidad como nuevo portavoz de Educación es proponer a los socialistas un pacto para mantener la asignatura, aunque pidiendo un "replanteamiento de sus contenidos" para eliminar los aspectos "partidistas e ideológicos". ¿Se trata sólo un movimiento táctico o es un giro en la política educativa del PP?

En el primer caso, es muy difícil que la jugada de los populares tenga éxito. La implantación de Educación para la Ciudadanía como materia obligatoria ha sido uno de los mayores empeños del PSOE en los últimos cuatro años y el único punto verdaderamente relevante de su política educativa. Tanto es así que uno de sus impulsores, Gregorio Peces-Barba, llegó a decir en un artículo que sólo la creación de esta asignatura justificaba toda la legislatura. Así que parece muy poco probable que ahora el Ejecutivo, cuando ha conseguido superar los mayores obstáculos para ponerla en marcha, se pliegue mansamente a la oferta de negociación del PP, lo que le significaría en primer lugar tener que reconocer públicamente que, efectivamente, su verdadera intención es el adoctrinamiento ideológico y partidista. Mucho más probable es que los portavoces del Gobierno y el PSOE, como en otras ocasiones, aprovechen la propuesta de Gómez Trinidad para acusar al PP de debilidad y falta de coherencia, y echen mano del argumento según el cual "tan mala no será la asignatura si ahora están dispuestos a pactar su continuidad".

Más preocupante sería que la actual dirección del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza y en contra de la posición más beligerante de dirigentes como Esperanza Aguirre, Francisco Camps o Javier Arenas, hubiera cambiado su criterio en torno a esta nueva disciplina obligatoria, otorgando desde Génova cierta legitimidad a esta enseñanza que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha calificado de "invasión ilícita" en una demoledora sentencia.

Precisamente, la invitación al pacto del nuevo portavoz popular de Educación llega en el momento en que la asignatura ha recibido el mayor varapalo judicial con la citada sentencia, que ha puesto de manifiesto lo que la Iglesia y numerosas organizaciones vinculadas a la enseñanza y a la familia habían advertido: que se trata de una "invasión ilícita" porque los poderes públicos no pueden "tomar partido definiendo cuestiones morales e ideológicas y evaluar a los niños y jóvenes de su adhesión a tales postulados", y que además sus contenidos "rebasan el límite de la neutralidad ideológica" y "violentan la libertad ideológica y religiosa de las personas".

Pragmatismo o fidelidad a los principios

La oferta de diálogo que ahora hace el PP al Gobierno para mantener y replantear la Educación para la Ciudadanía podría entenderse desde un punto de vista pragmático de la búsqueda del mal menor ante la perspectiva de una consolidación definitiva de la asignatura en estos nuevos cuatro años de gobierno de Zapatero. Pero si así fuera, además de una simple limpieza de sus contenidos ideológicos, el partido de Rajoy debería plantear exigencias más ambiciosas, como reclamar que sea optativa y no obligatoria o tratar de desactivar su carga moralizante.

Hay quienes piensan que en momentos de graves desafíos como los que vivimos debe prevalecer la fidelidad a los principios y derechos inalienables frente al pragmatismo y el tacticismo, pero también hay quienes sostienen que la política es siempre el arte de lo posible y la búsqueda del mal menor. El debate está abierto pero, en cualquier caso, el PP debería explicar de forma clara su posición oficial ante la Educación para la Ciudadanía y ahondar en las razones por las que la considera rechazable, si es que todavía es así. De otra forma, corre el riesgo de que los españoles piensen que sus movimientos obedecen, una vez más, a la falta de unidad y de criterio asociada al momento de crisis y confusión que atraviesa el partido.