¿Qué deja pendiente la LOMCE?

España · Jesús Pueyo Val
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9 febrero 2015
Mirando la realidad educativa de nuestro país, y analizando el punto en que actualmente nos encontramos, no sería justo decir que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, no ha conseguido la estabilidad del sistema educativo, ya que esa responsabilidad también recae en la oposición y hasta este momento nadie parece estar en condiciones de alcanzar el “Pacto de Estado por la Educación” que necesitamos.

Mirando la realidad educativa de nuestro país, y analizando el punto en que actualmente nos encontramos, no sería justo decir que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, no ha conseguido la estabilidad del sistema educativo, ya que esa responsabilidad también recae en la oposición y hasta este momento nadie parece estar en condiciones de alcanzar el “Pacto de Estado por la Educación” que necesitamos.

Lo que sí podemos decir es que ha habido otra serie de cuestiones que son de exclusiva responsabilidad de la figura del ministro y que resultan difíciles de entender, tales como que Wert no haya afrontado, contando con mayoría absoluta, una verdadera reforma educativa, y haya optado, por el contrario, por “parchear” la LOE. Recordemos que el Partido Popular dispone de una ley ya trabajada, como es la LOCE, y que, sin duda, hubiera sido un buen soporte para hacerlo. Sin embargo, se ha obviado completamente.

A mi juicio, existen importantes temas que se han dejado pendientes en esta tan comentada LOMCE: el bachillerato de tres años, una mayor homogeneidad en el Estado, la financiación o la reforma del profesorado.

A pesar del compromiso programático de los populares de introducir el bachillerato de tres años, al que incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refería en su discurso de investidura, se ha producido un abandono que nos aleja de la realidad europea, perdiéndose la oportunidad de tener una configuración similar a la que existe en otros países de nuestro entorno y que hubiera contribuido a una mejor preparación de los alumnos para abordar los estudios universitarios. Las razones de esta decisión no las conocemos.

En lo que se refiere a la cuestión de la financiación, son conocidos los problemas existentes, e incluso algunas de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han puesto en cuestión las decisiones y cifras que desde Educación se exponen. El Ministerio que comanda Wert no ha querido establecer el verdadero coste del puesto escolar en la enseñanza concertada, cuya financiación viene siendo deficitaria desde hace décadas. Y por lo que parece, no existe intención por parte del Gobierno de cumplir con el mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a que la enseñanza obligatoria sea gratuita. A este respecto, no se ha abordado la necesidad de encontrar una fórmula que acabe con la grave e injusta discriminación que sufren miles de familias y alumnos en nuestro país, que hoy tienen que pagar de sus bolsillos el bachillerato por el mero hecho de haber elegido un centro concertado para su realización. Si queremos que se respete y se defienda la libertad de enseñanza, las enseñanzas post-obligatorias en centros concertados tienen que ser gratuitas como lo son en los centros públicos.

No quisiera dejar a un lado una cuestión que repercute en la preparación de las generaciones futuras. Hablamos de las diferencias territoriales en materia educativa, que son cada vez más evidentes, ya no sólo en los resultados, tal y como pone de manifiesto el informe PISA, sino fruto de las continuas desavenencias políticas que hacen de la escuela un campo de batalla donde, según quién gobierne, se adquieren unos u otros conocimientos apoyándose esta decisión, en gran parte de los casos, en la diferencia como forma de marcar distancias con lo que políticamente dice el adversario. No debemos olvidar que estamos hablando de la enseñanza “básica y obligatoria”, es decir aquella que debemos garantizar y debe alcanzar todo ciudadano de nuestro país. Si es básica, es elemental, fundamental y, por lo tanto, debe serlo en cualquier territorio del Estado. Esto no quiere decir que todos los alumnos tengan que saber exactamente lo mismo. Nada impide saber, conocer, dominar o desarrollar con mayor profundidad esos u otros contenidos y competencias. Sin embargo, es posible que la LOMCE aumente estas diferencias, al dejar que el Estado regule tan sólo las materias troncales y el 50 por ciento del horario curricular.

Finalmente, quiero mencionar al profesorado. Siempre se dice que es el eje fundamental para la aplicación y el éxito de las reformas educativas, y en realidad sigue siendo el gran olvidado. La LOMCE no introduce ninguna mejora ni reconocimiento a su labor. Al contrario, los docentes se enfrentan a recortes salariales, reducción de puestos de trabajo, dificultades para sustituir las bajas, obligación de aplicar una reforma sobre la que no se le ha consultado y con la que no hay apenas identificación, preparación de las nuevas programaciones y materiales en tiempo récord en medio del curso… ¿qué más se puede pedir?

Dejamos para otro momento la Ley de la Función Docente que Wert anuncia en el preámbulo de la LOMCE y de la que no se ha hecho nada. Resulta curioso que hayamos reformado siete veces el sistema educativo no universitario y no se cuestione la formación inicial del profesorado. ¿Saben ustedes cuál es la carrera profesional de un docente? Imagino que no, entre otras cosas, porque no la hay. Y esta reforma, la reforma del profesorado, de todo el profesorado con independencia del tipo de centro en el que ejerza la profesión, es inaplazable y sigue sin hacerse.

Jesús Pueyo Val es secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza FSIE

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