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España · Fernando de Haro
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11 septiembre 2011
Han sido dos líneas paralelas muy gráficas. El viernes, tras el nuevo batacazo bursátil, cuando se hacía sólida la sensación de que España no llega al 20-N sin algo parecido a una intervención, los sindicatos mayoritarios de Madrid le montaban una nueva bronca a Lucía Figar.

La consejera de Educación había denunciado que había «indignados» del 15-M en las asambleas en las que se habían decidido las huelgas y las manifestaciones. Para radicalizar.

El lunes, la prima de riesgo, en los 340 puntos; el martes, desde Turquía, con un amago indefinible, el presidente del Gobierno aseguraba que podía haber nuevas medidas; y el jueves Salgado daba conocer el déficit de las comunidades autónomas, que es ese que tanto aterra a los inversores internacionales, que es el que encarece el crédito a las empresas.

En seis meses, el 1,2 por ciento, lo previsto para todo el año. Con ese telón de fondo, el mismo jueves, reunión sindical a «nivel estatal», es el nombre feo que tienen las cosas que no son de una sola comunidad autónoma y que no pueden ser nacionales. Se deciden movilizaciones, paros y «jornadas de lucha» porque Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra y Cantabria elevan las horas lectivas de los profesores de la enseñanza pública.

Se dirá que las dos fotos paralelas se explican porque ya ha empezado la movilización contra los gobiernos del PP. Quizás. Pero seguramente hay algo más. El conflicto tiene mucho que ver con la defensa de un modo de entender lo público que va a dar al traste con nuestro sistema del bienestar. Lo hace insostenible. Ya hay profesores de la pública, los de la concertada, que trabajan más y tienen mejores resultados. La enseñanza es el sector en el que se ve con más claridad que la gestión a través de la iniciativa social funciona. CECE estima que se podrían ahorrar 14.200 millones si los conciertos supusieran el 50 por ciento. Sólo Madrid y el País Vasco se acercan.

El concierto no es la panacea, las cifras están seguramente infladas, pero la aportación, y con calidad, es innegable. La reactivación del Impuesto del Patrimonio de la que tanto se habla, en el mejor de los casos, recaudaría 1.400 millones de euros. El fracaso escolar en los centros públicos es del 33 por ciento y en los concertados, del 14 por ciento. ¿Por qué no un debate sin dogmas?

La Razón

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