Primeros pasos del nuevo Gobierno

Zapatero ha dejado el déficit en el 8 y no en el 6 por ciento y las cuentas de la Seguridad Social otra vez, como cuando se marchó Felipe González, en números rojos. Se ha actuado con decisión porque no quedaba más remedio, el Gobierno temía con motivo que la prima de riesgo se disparara, que Bruselas y el directorio Merkel-Sarkozy se pusiera nervioso. Y a pesar de la precipitación, de que el nuevo presidente del Gobierno no ha comparecido para explicar por qué se ha visto obligado a renunciar a una de sus más sólidas promesas electorales, el apoyo popular no ha descendido. Una encuesta del nada sospechoso diario El País aseguraba el domingo que el 53 por ciento de los españoles apoya su gestión y que incluso la intención de voto es más alta que cuando se celebraron las elecciones, ha subido hasta el 46,4 por ciento, un punto y medio.

Rajoy acumula el mayor poder que ha tenido un presidente en la historia de la democracia española. Su partido gobierna en 11 de las Comunidades Autónomas y pronto puede hacerse con Andalucía. Con esa fuerza institucional y con el amplio respaldo de la opinión pública, tiene la grave responsabilidad de realizar los grandes cambios que desde hace décadas necesita España. No basta con seguir los dictados de la pareja Merkel-Sarkozy o relajar la presión de los mercados. El ministro de Economía Luis de Guindos ha señalado, con acierto, que una política de ajustes sin una política de reformas supone un suicidio.

Rajoy había dado de plazo a los sindicatos y a la patronal hasta la próxima semana para hacer una reforma de la legislación laboral que está pendiente desde el franquismo. Si no hay acuerdo y no la impone rápido se equivocará. España necesita que se limite el poder sindical como necesita una medida de fuerza para que los bancos afloren las pérdidas que han tenido por el boom inmobiliario. Es la única posibilidad para que comiencen a bajar los precios de las casas y empiece a fluir el crédito. Pero además de eso es necesaria una profunda reforma del sistema del Bienestar que deje de mirar con sospecha lo que la iniciativa social hace en el terreno sanitario, en el terreno de la integración o de la educación. Es el momento en el que España puede pasar de un sistema estatalista a un sistema de subsidiariedad en los servicios públicos. O ahora o nunca. De ese cambio depende en gran medida su desarrollo futuro. En su momento el actual Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle -un hombre con lecturas-, dijo que las soluciones de su partido eran las de Cameron. Perfecto, es el momento de construir la Big Society a la española.

La estructura del Gabinete y los nombramientos en el Ministerio de Educación y Cultura hacen temer una política poco decidida en estos dos sectores. La economía es una prioridad cuando hay cinco millones de parados pero la educación no puede descuidarse. Porque las tasas de fracaso escolar son desorbitadas. No se transmiten de un modo adecuado ni conocimientos ni habilidades para que los jóvenes hagan frente al futuro. Y, lo que es peor, tampoco se transmite una tradición que, puesta a prueba, pueda servir como hipótesis para manejarse en la vida. Esa no es tarea del Estado, pero el Gobierno sí está obligado a remover los obstáculos para que lo haga la sociedad, para que lo hagan los padres. En el campo cultural sería una desgracia que se defendiera un liberalismo demasiado confiado en el mercado que no favoreciera la auténtica pluralidad que le falta al país. Hay mucho por hacer y poco tiempo.