PRD, del agravio a la ´privatización´ de la política

El presidente Calderón pronunció, en menos de un minuto, la fórmula en la que se comprometió, ante el Legislativo y ante la nación, a cumplir y hacer cumplir nuestras leyes fundamentales; así pudimos ver al nuevo presidente mirar y dirigirse de frente a un Congreso muy agitado, que minutos antes había dado muestras de violencia interna. Y en medio de esa agitación parecía imposible que se cumpliera con este acto. En los días previos la pregunta reiterada de los periodistas a los legisladores era si había condiciones para que se produjera este acto, que para muchos, especialmente para algunos del PRD, era un acto protocolario, es decir, insustancial en cuanto a la transmisión del poder, y que les agraviaba ser aplastados por la presencia del presidente saliente y del entrante.

El PRD se ha dicho, y se sigue diciendo, agraviado por un fraude electoral que nunca pudo probar; asume que las manifestaciones del presidente Fox en favor del candidato de su partido son parte de ese fraude. Pero no sólo por el presidente Fox, también se dice agraviado por el Instituto Federal Electoral, que reconoció que el candidato con más votos era Calderón; también se dicen agraviados por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la federación que, con algunas leves modificaciones, ratificó el conteo del IFE; se dicen agraviados por el Cardenal Rivera, por exigir que se reconocieran los resultados electorales que las instituciones oficiales dieron; por el Consejo Coordinador Empresarial, un organismo en el que se encuentran representadas las más importantes cámaras empresariales de México, por banqueros, supermercados, diarios, televisiones nacionales, la derecha y la ultraderecha. O sea, por todos.

En realidad, parece que el agravio les es propinado por cualquiera que disienta de las propuestas de su inefable candidato o de sus modos casi mesiánicos, que se sigue creyendo legitimado sólo por ser un "político de principios".

Ya muchos observadores y analistas políticos han señalado el doble discurso en el que se ha instalado el disenso del susodicho líder y del partido izquierdista, cuando descalifican a las instituciones responsables de sancionar la legalidad democrática, por un lado; y aceptar, por otro, los cargos de representación y el presupuesto que esas mismas instituciones le otorgan al partido y a sus representantes. El discurso reiterativo es que las instituciones están en crisis desde el momento en que no les dieron el triunfo, un triunfo del cual se creen simplemente merecedores.

A mi modo de ver no se trata de una especie de "bipolaridad", que es la enfermedad de moda, ni de esquizofrenia: casi todos los días nos repiten su discurso de que encabezan un movimiento de resistencia pacífica y, en los hechos, se conceden todas las libertades para actuar con violencia física, verbal, moral. No dudo que para algunas corrientes que forman el partido la violencia sea siempre una tentación, y que a veces se permitan algunas concesiones. Así, mientras que la corriente de los "chuchos" juega a la democracia, la "chucha" Rodriguez actúa como "transgresora nacional", asaltando la catedral metropolitana o a cuanto "burgués" se le pare enfrente. Cuentan con los suficientes membretes, "cegeache", "atenco", "panchovillas" para mostrar el músculo y demostrar que ellos tienen su propio "monopolio de la violencia". Y su legitimación para utilizarla siempre recae en que se sienten muy agraviados.

Tras estos desplantes de oposición semileal y semilegal, se delinean posturas no democráticas, si no francamente antidemocráticas. Porque durante mucho tiempo en México la democracia no dependió de las urnas, ni de la competencia entre partidos, sino de erigirse en representantes de "principios". El partido "ganón" era por definición el partido de la revolución, el de las "causas populares", era el partido del "fraude patriótico".

En todo caso, la semilegalidad de la oposición del PRD los faculta para actuar como oposición, lo cual es legítimo y deseable para una democracia, al mismo tiempo que les autoriza para autoafirmarse como representantes "legítimos", al margen de las instituciones democráticas.

Este discurso, más allá de las alusiones al pueblo y a los rezagos reales, en materia de justicia social es antidemocrático porque pretende privatizar la política. Emprende una lucha que intenta devolver el poder a un supuesto propietario "legítimo", al que el poder le pertenece en virtud de sus principios, no de la voluntad popular.

La expresión que uso, "privatizar la política", en México tiene un eco peculiar. Se puede entender como PRIvatizar, como regresión al modelo priísta de "conquistar, conservar y aumentar el poder"; y también de privatizarlo en el sentido de convertirlo en cosa privada y exclusiva del detentador de los principios y de sus compinches. Es decir, la política deja de ser espacio público y común, lugar de concurrencia; no tiene que hacerse cargo del hecho de la pluralidad y ser expresión de la acción y del diálogo entre iguales. La política se convierte en el lugar en el que el derecho al poder se tiene por algo privado, exclusivo.

Las acciones de resistencia emprendidas por esta oposición semilegal, que siempre se cuida de adjetivar como resistencia civil y pacífica, son muy sintomáticas: instalar campamentos e impedir la circulación en arterias importantes en la ciudad de México, impedir a otros el derecho al libre tránsito, bloquear el acceso a instalaciones privadas, tomar la tribuna para impedir que el presidente Fox presentara su ultimo informe, cerrar los accesos al salón de plenos en la Cámara de Diputados para impedir que Felipe Calderón rindiera protesta, incluso afectando el derecho de acceso a los mismos legisladores; son acciones sintomáticas porque se realizan en nombre del derecho a ser oposición y a manifestarse libremente, al tiempo que impiden a los otros el ejercicios de sus derechos. ¿Quizá porque creen que los derechos son para ellos y no para los otros? Quizá ni siquiera tenemos derecho a preguntar, porque están muy agraviados.

Entretanto, queda pendiente hacer el balance del Gobierno Fox, el primer gobierno no priísta que México conoció después de setenta años. Seguramente, con sus claroscuros, el saldo total será más positivo que negativo. Y con el nuevo presidente renovamos nuestra expectativa por saber de los frutos del humanismo político que inspira al partido en el poder; esperamos que el poder finalmente esté al servicio de una sociedad operativa (más sociedad beneficia al Estado) y también más justa con los menos favorecidos.