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Por la enseñanza pública, la que quieren los padres

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9 diciembre 2012
España discute sobre enseñanza. El segundoborrador del anteproyecto de la nueva ley de educación se ha presentado a lasComunidades Autónomas. Y el nacionalismo que gobierna en Cataluña ha puesto elgrito en el cielo. En realidad lo que se hace es intentar aplicar lassentencias del Tribunal Supremo para que los padres que lo soliciten puedaneducar a sus hijos en español y no necesariamente en catalán. El ministro deEducación, José Ignacio Wert, al que le gusta calentar los debates, se hacomparado con un toro que embiste para explicar su política lingüística. 

El asunto de la lengua es sin dudaimportante. Como también lo son el que la asignatura de Religión tenga unaalternativa o que la Educación para la Ciudadanía, materia que inventó Zapateropara adoctrinar, haya quedado disuelta. Pero se habla poco de una cuestiónesencial: la nueva regulación de la subsidiariedad en el sistema educativo.

En España existe desde 1985 un "sistema desubsidiariedad vergonzante". Franco, en los primeros años de la dictadura,pretendió que todos los colegios fueran gestionados por el Estado. ¿Si él eraun dictador católico para qué hacían falta colegios católicos? Pero la Iglesia seresistió a la estatalización y cuando llegó la democracia existía una ampliared de centros de iniciativa social que se mantenía con el apoyo de los padresy alguna subvención. A mediados de la década de los 80, el Gobierno socialistade Felipe González creó el sistema de conciertos. Es un sistema de"subsidiariedad vergonzosa" porque la integración de los centros de iniciativaprivada en la red pública y su financiación no depende de la demanda social ode criterios objetivos sino de los Gobiernos regionales, en última instancia,de la subjetividad política. Es una solución lejana del modelo de serviciopúblico que Le Grand definió hace 20 años como "choice and competition" (eleccióny competición). La planificación de la oferta en este caso no está en funciónde lo que demandan los padres. La legislación vigente establece que "las administraciones educativas garantizarán laexistencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas denueva población". Esta regulación ha servido para que, en muchos casos, losgobiernos regionales hayan restringido la concesión de conciertos, para los quehabía una alta demanda, y hayan seguido poniendo en marcha centros de gestióndirecta. La decisión se amparaba en el mandato de que era necesario "garantizarplazas públicas" suficientes, aunque pocos las reclamaran.

A pesar de que esta regulación ha sido unfreno para la subsidiariedad, hay regiones como el País Vasco en las que un 50por ciento de los alumnos están escolarizados en los centros de iniciativa social.Donde han gobernado los nacionalistas o el PP la tasa de escolarización encolegios concertados oscila entre el 30 y el 40 por ciento. En las regionestradicionalmente gobernadas por los socialistas la ratio es mucho más baja. 

La enseñanza de iniciativa social que seintegra en la red pública supone un importante ahorro de 8.600 euros al año. El///http://www.red2001.com/congreso/documentacion/informe_libertades_2011.pdf///InformeLibertades/// ha puesto de manifiesto que un alumno en la enseñanza concertadacuesta entre 2.000 y 3.000 euros al año y que un alumno en la escuela públicade gestión directa cuesta entre 5.300 euros y 8.400. Elfracaso escolar en los centros públicos de gestión estatal es del 33 por cientoy en los concertados, del 14 por ciento. Son cifras que tienen que serparcialmente corregidas porque hay más alumnos extranjeros en la escuela degestión estatal, pero en cualquier caso indican una mayor eficacia.

¿Pierde la nueva ley los complejos haciala subsidiariedad educativa? El primer borrador era un desastre porque nocambiaba los criterios de planificación. Pero el segundo ha introducido yaalgunas mejoras. Establece que la administración ofertará "plazas suficientes"sin especificar si son públicas o concertadas. Y además asegura que entre loscriterios para desarrollar nuevos colegios estará la "demanda social". Algunosse han echado las manos a la cabeza y aseguran que esto supone unaprivatización. La mentalidad estatalista ha creado muchas resistencias. Enrealidad estamos ante una pequeña apertura hacia una subsidiariedad novergonzante y, de hecho, algunos consejeros del PP la han consideradoinsuficiente. ¿Por qué la demanda social no va a ser el criterio másdeterminante a la hora de planificar la educación? Sin duda la Administracióntiene que garantizar un servicio educativo para aquellos que no quierencolegios concertados. Pero es absurdo seguir gastando dinero en colegios que noles gustan a los padres. Más aún cuando la sociedad civil desde abajo hagenerado iniciativas que, por fortuna y a diferencia de lo que ocurre en la sanidad,son sostenidas por entidades sin ánimo de lucro. De hecho el "choice andcompetition" exigiríaun sistema aún más adelantado que los conciertos, por ejemplo el famoso chequeescolar.

P.D: La cultura estatalista tiene muchoque ver con el modo que tenemos de entendernos a nosotros mismos. Elestatalismo, como la absolutización del mercado que hacen ciertos liberales,parte de una antropología negativa. Según esta mentalidad el hombre es un lobopara el hombre y sólo el Estado puede poner freno a sus desmanes. Más realistaes reconocer que los unos estamos hechos para los otros y que el Estado, aunquees necesario para poner orden, no tiene por qué ser el protagonista de todo.Sin una antropología positiva y relacional va ser difícil salir de la crisis. 

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