POLÍTICAS PÚBLICAS (y II): ¿Y la sociedad civil?

Sin duda alguna, el gran ausente en los artículos de Subirachs y Gomá es quien debería ser,  a mi modo de ver, uno de los actores que está llamado a ser el protagonista en esta etapa de transformaciones del Estado del Bienestar: la sociedad civil. Entendida no como agrupación abstracta de colectivos y organizaciones de interés, sino del conjunto de quienes son parte de la comunidad (lo que es un concepto más amplio que el de ciudadanía).

La principal cuestión que se plantea a la hora de hablar del papel de la sociedad civil en la configuración del Estado del bienestar es su posición respecto del Estado en la definición de políticas públicas. Muchos de los problemas que se están planteando con la crisis económica no están relacionados sólo con las medidas de ajuste, sino con la actitud con que la sociedad se posiciona en la exigencia de los llamados nuevos derechos. A mi juicio, la satisfacción de las demandas de bienestar por parte del Estado no está resolviendo el problema de la responsabilidad y del comportamiento ante la prestación de servicios. A mi modo de ver, tanto el neoliberalismo como las políticas keynesianas han provocado existe lo que llamaría un “complejo de inferioridad” por parte de la sociedad y otro paralelo de “superioridad” por parte del Estado y del mercado.

Requeriría de mayor espacio para explicar esto, pero baste enunciar una comparación (desde mi punto de vista) entre el Sistema de Bienestar actual y una relación más interactuante sociedad-Estado-mercado, tal como se expone en el gráfico adjunto de abajo

En el sistema actual, ambas instancias (Estado y mercado)  tratan de prestar un servicio: el Estado, los servicios públicos; el mercado, servicios ofertados al cliente. Entre ambas instancias, las decisiones tomadas han estado delimitadas, tradicionalmente,  de forma cerrada, aunque esta línea roja cada vez se ha ido difuminando más. Sea como fuere, la sociedad ha ido reduciendo su papel al de consumidor y/o receptor de servicios prestados, con una serie de contraprestaciones (en el caso de los servicios públicos): impuestos, tasas, deber de cumplimiento…pero no ha tenido hueco en los ámbitos de las políticas públicas. Así, con la delimitación estricta entre lo público y lo privado, desde mi punto de vista, lo que se ha conseguido es desincentivar la implicación de la sociedad en la generación de redes de cohesión y protección social. Por varias razones:

1) El diseño de políticas desde arriba, a menudo, se ha hecho sin considerar a la sociedad civil como actor principal.

2) La concepción que la sociedad civil tiene de sí misma: la atomización de la sociedad ha tenido su reflejo en el debilitamiento del sentimiento de pertenencia a una comunidad y la exigencia unilateral del reconocimiento de nuevos derechos (ignorando que el otorgamiento de los mismos supone imposición de correlativas obligaciones para sí mismo y la contraparte). En suma,la escasa participación en la vida pública está relacionada con el hecho de que son los ciudadanos quienes, de un modo u otro, han asumido este rol de receptores pasivos de servicios, tanto del sector público como del mercado. El déficit democrático no es sólo imputable a las instituciones (a las que se les achaca su desconexión con las necesidades de la “gente de la calle”), sino al propio cuerpo social, que al exigir y defender un sistema de bienestar a cualquier precio, ha delegado toda responsabilidad en otras instancias (el Estado y el mercado). Desde los años 50, se ha ido produciendo un proceso de desempoderamiento de la sociedad civil, y el consiguiente crecimiento del aparato y los ámbitos de intervención estatal.

Como consecuencia de ello, al convertirse la relación Estado/mercado-sociedad en una mera prestación de servicios,  el tejido social, al delegar sus ámbitos de participación y responsabilidad, se ha debilitado y atomizado, convirtiendo a los sujetos sociales en “sujetos pasivos” de impuestos, tasas, subvenciones y servicios. En este sentido, como ha señalado muy bien el profesor Ángel Galindo, una visión paternalista y asistencialista del Welfare State –tal como lo conocemos hoy- está llevando a la insostenibilidad financiera y a la ineficacia frente a la necesidad de que las personas sean autosuficientes. Se está debilitando –tal como lo denuncia Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate– el tejido social formado por redes de familias, pequeñas comunidades, asociaciones, empresas, entidades non profit y demás iniciativas que estimularían el sentido de la responsabilidad. 

3) El desarrollo de modelos teóricos de relaciones Estado-sociedad y, por ende, de participación política, exclusivamente basados en el enfoque constructivista:  explicar las relaciones entre el Estado y el individuo, prescindiendo de instancias y realidades intermedias (modelo que se ha llevado a cabo a lo largo de la Historia con resultados desastrosos), y el haber sacralizado el concepto de interés general (con objeto de eliminar toda referencia al bien común, prescindiendo de la búsqueda de la verdad) ha generado una desvinculación del hombre en su aspecto relacional, convirtiendo la tarea de fomentar el comportamiento cívico  en una pretensión a la que las Ciencias Sociales (Política, Sociología, la Ciencia de la Administración…)  han tratado de responder sólo con modelos teóricos elaborados desde una observación a priori, propia del academicismo teórico de una Facultad de Ciencias Políticas como la española.  El valor cívico de la solidaridad necesita de un marco ético-ontológico, fruto de la realidad existencial que parte de la experiencia humana del “yo” en relación con otros. Las leyes, siendo necesarias, ni cambian la sociedad ni son suficientes para explicar la vida de la polis. Si la sociedad no aprende a recuperar el sentido de la responsabilidad del ser humano en su entorno, no se generarán sujetos sociales individuales ni comunitarios.

Resulta matemático lo que explica Benedicto XVI en la Caritas in Veritate: “Cuando la lógica del mercado y la lógica del Estado se ponen de acuerdo para mantener el monopolio de sus respectivos ámbitos de influencia, se debilita, a la larga, la solidaridad en las relaciones entre los ciudadanos, la participación y el sentido de pertenencia, que no se identifican con el “saber para tener” (propio de la lógica de la compraventa), ni con el “dar por deber”, propia de las lógicas de las intervenciones públicas, que el Estado impone por Ley.”

Por ello, una visión del principio de subsidiariedad  en el diseño e implementación de políticas públicas debería estrechar los ámbitos de relación Estado-Sociedad-Mercado, de modo que cada una de estas instancias fuese un contrapeso frente a los excesos de la otra (ver diagrama adjunto): frente a las decisiones del Estado y del Mercado, una sociedad que amplíe su grado de participación en la res publica, con su iniciativa, de su capacidad de movilizar y generar recursos, será capaz de generar espacios cada vez mayores de interrelación entre las tres instancias, con el consiguiente grado de limitación de las pretensiones de monopolio tanto del sector público como de los agentes del mercado. De este modo, un aumento de la participación social disminuirá el déficit democrático que aqueja hoy, en concreto, a la sociedad española.

En este sentido, para concluir, sostengo que una auténtica política pública debiera tratar de converger las principales instancias que interactúan en la vida política, social y económica y eliminar cualquier pretensión expansiva del ámbito respectivo de influencia. Una política pública, a mi juicio, ha de aunar voluntades en torno al bien común, superior respecto de otros intereses particulares o corporativos, y hacerlo como un actor más, en un sistema de pesos y contrapesos que haría más democrática y participativa la vida política. Éste es el principal tema pendiente que he echado en falta en ambos artículos.

Trabajo elaborado para el Instituto Nacional de Administración Pública dentro del marco del curso ´Diseño e Implementación de Políticas Públicas.