SOCIEDAD: LA POLIS

POLÍTICAS PÚBLICAS: ¿Panacea frente a las desigualdades sociales? (I)

España · PaginasDigital
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8 julio 2014
Una reflexión sobre las políticas públicas y la subsidiariedad. Para no ser demasiado pesado, va por entregas:El presente trabajo se ha elaborado en base a la lectura de dos textos propuestos: uno de ellos es el artículo Políticas Públicas en España (1976-1996): la economía política de la democratización, de J. Subirachs  Ricard Goma; el otro, “¿Caballeros, pícaros o subordinados?. Acerca del comportamiento humano y la política social”, elaborado por J. le Grand. La lectura de ambos ha obligado a preguntarme acerca de la vigencia del modelo de Estado de Bienestar  presente tanto en España como en los países de la Unión Europea. En ambos artículos, parece hablarse del bienestar social  y de los aspectos de las políticas redistributivas que, desde finales de los 40, parecen haber predominado en el modelo keynesiano de desarrollo, presente aún. 

El presente trabajo se ha elaborado en base a la lectura de dos textos propuestos: uno de ellos es el artículo Políticas Públicas en España (1976-1996): la economía política de la democratización, de J. Subirachs y Ricard Goma; el otro, “¿Caballeros, pícaros o subordinados?. Acerca del comportamiento humano y la política social”, elaborado por J. le Grand. La lectura de ambos ha obligado a preguntarme acerca de la vigencia del modelo de Estado de Bienestar  presente tanto en España como en los países de la Unión Europea. En ambos artículos, parece hablarse del bienestar social  y de los aspectos de las políticas redistributivas que, desde finales de los 40, parecen haber predominado en el modelo keynesiano de desarrollo, presente aún.

1. EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA.-

En su trabajo Políticas públicas en España (1976-1996): la economía política de la democratización, Subirachs habla de cómo en nuestro país se ha producido un incremento enorme de la capacidad de actuación de los poderes públicos, reflejado en la expansión del gasto público. De hecho, de una media del gasto público en relación al Producto Interior Bruto (PIB) en los países de la Unión Europea, los recursos públicos en España están situados en torno a un 46-47%. Todo ello ha derivado en una expansión sin precedentes de la agenda pública. En este sentido, y como bien señalan Subirach y Gomá, las políticas franquistas de desarrollo ya habían acentuado el carácter de dependencia que había caracterizado a las políticas públicas. Y ello se ha mantenido, en gran parte, en la actualidad en cuanto a que, por ejemplo, el sistema de Seguridad Social (y, en general, el de bienestar social) se configura como un sistema de reparto y contributivo.

Sin embargo, el cambio a la democracia también trajo a colación una dicotomía entre las políticas económicas y las políticas de  bienestar social. A mi juicio, la Constitución Española, configuró, ab initio, un modelo socioeconómico keynesiano, marcado por dos extremos:

1º. El artículo 103 de la Norma fundamental que establecía los principios de actuación de las Administraciones Públicas.

2º. El establecimiento del principio general del deber de sostenimiento de los gastos públicos. Así lo establecía el artículo 31 de la norma fundamental cuando establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, en base a los principios de igualdad y progresividad.Entre ellos, los llamados derechos de contenido económico, que, de facto, han sido vinculantes en la configuración del sistema de bienestar español.

En mi opinión, la libertad de empresa y la iniciativa privada quedaban, a mi juicio, matizadas fuertemente desde el origen por la configuración de los derechos sociales y económicos, enlazando, así, con lo que los autores afirmaban en relación a la periodización de las políticas públicas: tras la etapa de gobierno de la UCD, el paradigma keynesiano será objeto de matización con los gobiernos del P.S.O.E., que instauran políticas económicas neoliberales junto a políticas intervencionistas de estímulo de la oferta. La crisis del petróleo de 1973 había puesto fuertemente en cuestión el modelo keynesiano (revelando sus debilidades internas), y la economía española estaba experimentando una desaceleración del crecimiento, obligando a una reestructuración del sistema capitalista en nuestro país: apertura al exterior, centralidad monetaria, reconversión y privatizaciones.

Hoy día, podemos decir que nuestro modelo económico (tal como señalan los autores) no se ubica dentro del neoliberalismo. De hecho, el sistema asiste, desde los años 80 hasta ahora, a una tensión entre la regulación pública y el mercado como mecanismos eficientes de asignación de recursos. Tensión que se produce en ámbitos, como la educación, la sanidad o el sistema de seguridad social (en particular, las pensiones de jubilación y los subsidios de desempleo). En el fondo, se sigue sosteniendo la idea de que el único mecanismo eficiente de asignación de recursos es el Estado, que aprovecharía recursos que el mercado no utiliza, y cuya eficacia reside en la equidad derivada de las políticas redistributivas, las cuales permitirían asignar recursos en función de criterios de renta. Por ello, mediante una política expansiva y de presión fiscal alta, el Estado velaría por el interés general al corregir desigualdades sociales. Lo cierto es que, en nuestro país, a pesar de la consagración de las políticas keynesianas en nuestra norma constitucional, la realidad de la situación económica de los años 80 obligó, por un lado, a adoptar políticas de mayor reducción del gasto público. Por el otro, desde la entrada en vigor de los Pactos de la Moncloa, los diferentes actores políticos y sociales (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales…)han ido sufriendo un proceso de acartonamiento en la participación pública, limitada a la reivindicación, en los últimos años, de nuevas exigencias de prestación de servicios, acompañada  –en el caso de los poderes públicos- de la necesidad de satisfacción de demandas de los nuevos derechos sociales. Es en este marco en el que también se encuadra la defensa de intereses corporativo-sindicales.

Se ha constatado, por tanto, la existencia de un círculo vicioso, consistente en demandas-satisfacción-nuevas demandas. ¿En qué consiste esto?. Una vez que los ciudadanos ven satisfechas sus demandas de necesidades básicas, la prestación del sistema de bienestar, lejos de fomentar la participación y la responsabilidad de los ciudadanos, ha fomentado nuevas exigencias (muchas de ellas, satisfechas por motivos electorales) sin que los ciudadanos hayan sido conscientes de sus responsabilidades. Se introduce un nuevo mecanismo en el que cada uno de los actores reivindica nuevas demandas. En mi opinión, se ha idoacentuando el proceso de atomización de la sociedad. Si un neoliberalismo agresivo ha producido la “ley del más fuerte”, la otra cara es la burbuja de los nuevos derechos que un intervencionismo estatalista ha provocado al acentuar la separación entre lo público y lo privado y postular una aceptación acrítica del Estado-benefactor.

 

2. ¿PÍCAROS O CABALLEROS?. EN TODO CASO, SUBORDINADOS.-

En este punto, Le Grand, en su artículo ¿Caballeros, pícaros o subordinados?. Acerca del comportamiento humano y la política social, se ha planteado esta cuestión cuando han señalado los cambios fundamentales que se están produciendo  en nuestro entorno: uno, la sustitución del monopolio del Estado en la prestación de servicios por los llamados cuasimercados; otro, el surgimiento del bienestar legal como complemento del bienestar social.

La cuestión que Le Grand se plantea es si estas transformaciones son convenientes o no son más que el reflejo de la decadencia del Estado del Bienestar. Para ello, parte  del hecho de que los nuevos modelos se basan en una concepción de las motivaciones humanas bien diferentes de las que regían en los modelos de desarrollo socialdemócratas de la segunda posguerra.  En este contexto actual, el modelo del cuasimercado, asentado sobre la base de un estado que detenta el control financiero y unos intermediarios encargados de la prestación del servicio, promovería mejor la eficiencia y sería más sensible a las necesidades de los usuarios.

A ello se añade el hecho de que, por vía legal, se hayan establecido, por parte de los poderes públicos, una serie de medidas para garantizar el bienestar social. Este bienestar legal (que incluiría medidas como la jornada laboral semanal, la obligación de sostener económicamente a los más necesitados, y otras más) parte del supuesto de que tanto el estado como sus agentes eran “caballeros”, competentes y benévolos que servían al interés general. El grupo de los contribuyentes soportaría una carga creciente de impuestos progresivos dado que están en mejor situación que los que no pueden valerse por sí mismos.  El socialismo democrático niega, en este sentido, que los beneficiarios del estado benefactor fuesen movidos por un altruismo. Más bien, se les concibe como pícaros o “caraduras”. El apriorismo socialdemócrata de que todos debían aceptar pasivamente servicios  estandarizados puso de manifiesto que la realidad era que los mecanismos redistributivos de asignación de recursos, en muchas ocasiones, no han respondido a criterios de renta, sino político-ideológicos, basados ellos en una visión marxista de la lucha de clases. Visión que ya ha sido cuestionada hace tiempo por el hecho de que muchas de las actuaciones “redistributivas” de los poderes públicos obedecían a intereses corporativos funcionariales o de partido.

Hoy día, no puede sostenerse, a mi juicio, una visión de desconfianza hacia los beneficiarios del sistema de  bienestar. Parece necesario, dado que la legitimidad de las actuaciones públicas basada en la prestación de servicios obliga a buscar nuevos títulos que fundamenten la actuación de las administraciones públicas, abandonar la concepción de los beneficiarios como subordinados. En este punto, discrepo del autor cuando sostiene que sea más prudente adoptar políticas públicas basadas en la estrategia de los caraduras o free-riders. Por eso, es necesario redescubrir el papel de la sociedad civil, la gran olvidada, de la que hablaré en otra ocasión

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