Plaza de las Salesas, kilómetro cero

La sentencia con más trascendencia política que se haya pronunciado en los últimos años en Europa se ha escrito, paradójicamente, en un antiguo convento de Madrid. El Convento de las Salesas Reales diseñado por un arquitecto francés en el XVIII. Las Salesas Reales, sede del Tribunal Supremo, ha fijado la “verdad jurídica” de los acontecimientos que acabaron al final de 2017 con la declaración/no declaración de independencia de Cataluña. La verdad jurídica, con todas sus limitaciones, se erige como una objetivación de los hechos después de que en los dos últimos años los catalanes y el resto de españoles hayan asistido a una guerra de interpretaciones. Las versiones sobre lo sucedido han ido desde el golpe de Estado al ejercicio cívico y pacífico de los derechos políticos fundamentales.

Ahora el Estado, a través del Tribunal Supremo, limita la subjetivación. Se puede discutir sobre la decisión de los jueces, manifestarse contra ella, considerarla demasiado blanda o demasiado dura. La aplicación de las condenas será una fuente de tensión. Pero lo importante es que la restitución de una cierta objetividad se puede convertir en un punto de partida para Cataluña y para el resto de España. Incluso si no se acepta. No fue una rebelión, no fue un intento de golpe de Estado, han dicho los jueces. En contra de lo que sostenía la Fiscalía. Hubo, sí, violencia de los promotores de la secesión. El independentismo no ha sido hijo de Gandhi (algo esencial para no caer en cierta patología). Pero esa violencia no fue planificada ni instrumental para una modificación estructural del Estado, sirvió para organizar tumultos que intentaron evitar la aplicación de la ley.

El Estado ha proporcionado “un mínimo fáctico”. ¿Cómo puede este mínimo ser un punto de partida y no de llegada? Desde que se ha dado a conocer el fallo, se ha externalizado algo que los líderes del independentismo habían interiorizado. El Estado fue incapaz, por mala gestión política, de frenar la celebración del falso referéndum del 1 de octubre de 2017. Pero tras la fuga de Puigdemont y de algunos de sus consejeros, tras el inicio del proceso, se hizo claro que el poder judicial estaba corrigiendo los errores del poder Ejecutivo. La llamada vía unilateral a la secesión se convirtió en un callejón sin salida. A pesar de la torpeza del Gobierno por explicar lo que estaba sucediendo en Cataluña, a pesar de la simpatía de ciertos sectores de la opinión pública europea por la secesión y a pesar de los fallos del sistema de la eurorden, la vía de la independencia estaba cerrada. Hace tiempo. La sentencia lo ha puesto negro sobre blanco. Ahora los líderes independentistas tienen que decidir cómo mantienen en pie su causa. La división que se ha producido entre ellos en los últimos meses es la prueba de la inutilidad de repetir consignas en favor de una Cataluña inmediatamente separada de España.

Pero la sentencia es también un reto para el constitucionalismo que no puede quedarse con los brazos cruzados con casi la mitad de los catalanes a favor de los partidos secesionistas, con un 44 por ciento que quiere la independencia y con una amplia mayoría que quiere votar en algún referéndum para decidir sobre su futuro. Por eso es necesario rebuscar entre las propuestas que se han hecho en los últimos años. Para dar una salida a esos deseos y sentimientos dentro del margen de la Constitución. La “victoria total” del constitucionalismo sería el mejor modo de incrementar el problema en un futuro. La frustración y el resentimiento se retroalimentan. Hay quien ha propuesto aprobar una nueva disposición adicional que recogiera en la Carta Magna la especificidad de Cataluña. La fórmula puede tener problemas. Otra solución es volver al punto de partida, a la reforma del Estatuto de Cataluña de 2006, corregido por el Tribunal Constitucional. Tal y como ha propuesto Pedro Sánchez. Se podría llevar a cabo una reforma de la reforma y votarla en un referéndum que ratificara el cambio (esto sí está previsto en la Carta Magna). Todo menos la pasividad. A los partidos y a los Gobiernos constitucionalistas españoles, sobre todo a los de derecha, les ha faltado capacidad de propuesta, iniciativa. Ha habido unos años en los que no tenía sentido hacer ofrecimientos a un independentismo dispuesto a precipitarse en el vacío. Había que hacer cumplir la ley. Pero ahora ha cambiado el escenario. El objetivo no es apaciguar a los líderes independentistas, algo imposible, sino mostrar a los votantes de los partidarios de la secesión que hay un camino de salida. El Convento de las Salesas se ha convertido en el kilómetro cero.