Penalización por maternidad y reto demográfico

En España nacen 1,3 hijos por mujer. Quizás se trate de un dato ya conocido por muchos, gracias a la preocupación mediática y política que produce la situación demográfica actual. No se trata de un fenómeno nuevo: desde mediados de la década de los 70, el número medio de hijos por mujer (Indicador Coyuntural de Fecundidad) no ha dejado de disminuir, situándose por debajo del nivel de reemplazo generacional desde mediados de los 80. No se trata del único cambio de los últimos 40 años. En este mismo período de tiempo ha tenido lugar uno de los grandes cambios sociales en la España contemporánea: la incorporación creciente de la mujer al trabajo remunerado. Y es que, según datos de la Encuesta de Población Activa (INE), en 1977 las mujeres “activas” apenas superaban los 3,7 millones, con una tasa de actividad del 28%. En 2017, su número se había incrementado por encima de los 10,5 millones, alcanzando una tasa de actividad superior al 53%.

Mucho se ha escrito acerca de las desigualdades que ellas afrontan en el mercado de trabajo remunerado. Pero se ha analizado poco la incidencia de los “hijos” sobre las posibles desventajas que experimentan las mujeres que son madres en el mercado de trabajo —la llamada “penalización por maternidad”—. “¿Existe penalización por maternidad? Mujeres y mercado laboral en España desde una perspectiva de familia”. Así se titula el estudio que acaba de publicar la Unidad de Investigación de Acción Familiar junto al Grupo de Investigación en Políticas de Familia de la Universidad Complutense y profesores de la Universidad de Sevilla.

Utilizando microdatos de la Agencia Tributaria y la Muestra Continua de Vidas Laborales, el estudio concluye que son las madres jóvenes —hasta los 34 años— quienes experimentan una mayor penalización en términos de menor incremento salarial y mayor probabilidad de caer en desempleo. La interpretación de estos resultados requiere precaución: respecto al menor incremento salarial en mujeres que son madres, habría que distinguir qué parte corresponde a una discriminación —directa o indirecta— por parte del empleador, y qué parte responde a decisiones y opciones tomadas por parte de la propia trabajadora —por ejemplo, una reducción de jornada—. Porque una pérdida de incremento salarial no siempre constituye una “penalización”, sobre todo si responde a preferencias o necesidades personales de otro tipo, y si termina generando consecuencias positivas en la calidad de vida.

Resulta preocupante la mayor probabilidad de caer en desempleo que experimentan las madres jóvenes, teniendo en cuenta que alrededor del 60% de los nacimientos en España lo son de mujeres entre 20 y 34 años. La legislación española ampara a las mujeres embarazadas frente al despido, pero los datos indican que, de hecho, todavía operan lógicas distintas. Quizás la protección jurídica no sea suficiente o efectiva frente a la posible discriminación en el momento de la contratación. La estructura de las prestaciones sociales y del mercado de trabajo, unida a elementos culturales, podría estar operando una desincentivación de la contratación de mujeres madres jóvenes. Nuestros resultados obligan a plantearse la pregunta.

Cabría preguntarse si la penalización por maternidad no está reduciendo la posibilidad de tener el número de hijos deseado ya que, de acuerdo a distintas encuestas realizadas para España en los últimos años, las mujeres —las familias— querrían tener un número superior. Las desventajas que afrontan aquellas que son madres en el mercado de trabajo podrían estar incidiendo en una “penalización” demográfica, que tarde o temprano terminará afectándonos a todos como sociedad.

Viviana González Hincapié es investigadora de la Unidad de Investigación y Estudios de Acción Familiar