Para evitar la tiranía de la mayoría (no solo en tiempo de guerra)

Marco Rubio, pocas horas después de que comenzaran a caer las bombas sobre Teherán, quiso presentar el ataque como una acción defensiva. “Sabíamos que si Irán era atacado por Israel inmediatamente nos iban a atacar a nosotros”, aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos. El razonamiento no tenía ningún fundamento: siempre hay que defenderse de la respuesta de un país que se ataca. Marco Rubio no solo intentaba ganarse el apoyo de la opinión pública, pretendía justificar constitucionalmente lo que había hecho Trump. La Constitución establece que es el Congreso el que tiene el poder de declarar la guerra. Marco Rubio habló de guerra defensiva porque la Resolución de Poderes de Guerra sí permite actuar al presidente por su cuenta en caso de un ataque inminente.

Muchos presidentes se han saltado la regulación que exige la autorización del Congreso, entre otras cosas, porque ya nadie declara una guerra. Lo que hace diferente a Trump es que su falta de respeto por la división de poderes es constante.

Durante el discurso de la Unión de finales de febrero Trump cargó contra la decisión de anular los aranceles tomada por el Tribunal Supremo. Habló de un “desafortunado fallo”. Días antes dijo de los jueces que eran «tontos», «lacayos», «desleales con nuestra Constitución» y «una vergüenza para nuestra nación». La decisión no estuvo relacionada con el fondo de la cuestión sino con el procedimiento, con el abuso que supone que el poder ejecutivo tome decisiones que corresponden a legislativo.

Trump ilustra bien la amenaza (su caso no es el único) que se cierne sobre la democracia cuando se convierte en una “tiranía de la mayoría”. Es una expresión que Marta Cartabia tomada prestada de Tocqueville en su último libro Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del político (EGEA). Cartabia, como expresidenta de la Corte Constitucional italiana y presidenta da la Comisión de Venecia, ha visto en muchas ocasiones los fantasmas que recorren el “mundo libre”: la reducción del sistema democrático al voto; el olvido del valor de los Tribunales Constitucionales independientes que evitan que se repita lo que sucedió en los años 30 y 40 del pasado siglo en Europa;  la idea de que la soberanía popular puede materializarse “de forma directa” sin jueces, sin poder legislativo e instituciones que la vertebren. La tiranía de la mayoría considera que la voz del pueblo se expresa en las urnas cuando elige al “presidente” y todo lo demás son estorbos. La separación de poderes, o la deliberación de Congreso y Senado para elaborar las leyes, serían “complicaciones innecesarias” una vez que el pueblo habla y elige a su líder.

Trump es una hipérbole. Pero es fácil reconocer también lo que Cartabia llama la “democracia de la investidura” (una forma de tiranía) en países como España. En la democracia de investidura, el Parlamento hace posible la gobernabilidad al elegir a un presidente, pero pierde buena parte de su función representativa. En la democracia de investidura prácticamente no se legisla, casi todo tiende a resolverse por medio de decretos-leyes (aprobados por el Gobierno) y ni siquiera se presentan a las Cámaras los presupuestos anuales. Se teoriza que la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional y la mayoría en los órganos de gobierno de los jueces deben estar alineados con la mayoría del Congreso.

El reto es comprender y responder al origen cultural que provoca esta mutación de nuestro sistema democrático. Cartabia apunta dos antídotos que merecen ser explorados. La democracia no solo necesita jueces y magistrados constitucionales independientes o presidentes del Ejecutivo respetuosos con los otros dos poderes. Necesita un poder legislativo que delibere para que no solo cuente el número los diputados de cada una de las formaciones políticas sino la calidad de las razones que esgrime cada uno de los grupos parlamentarios. Y eso exige una mínima estima por el otro. No sirve para nada hacer llamamientos al consenso si no se formulan auténticos argumentos vinculados a la vida de la gente. Para que haya estima por el otro, el adversario no puede considerarse enemigo. Sería muy útil entender que la ayuda mutua que a menudo vemos en nuestras sociedades no es una anécdota generada por las buenas intenciones sino la expresión de una comunidad que nos mantiene unidos. No se trata de hacer un llamamiento a un deber-ser que nos permita ser menos violentos, sino de dar valor cultural y político a la experiencia de comunidad que, de hecho, ya existe.

La deliberación del Parlamento recoge el debate que se produce en el espacio público donde circula la información, donde se formulan los problemas complejos y se discute sobre posibles soluciones. Y aquí Cartabia apunta a la segunda cuestión relacionada con la antropología:  el problema de la desinformación. Trump dejará de ser presiente, pero las empresas tecnológicas que explotan la atención y fomentan la desinformación seguirán donde están cuando él se vaya.

Cartabia, citando a Arendt, señala qué diferencia a la información de la desinformación: la primera atiende a los hechos y no a las teorías, obedece a lo imprevisto. Es un segundo reto que tiene que ver con el sujeto. La libertad de expresión y el derecho a la información son esenciales para que la democracia sobreviva, pero ¿Quién genera al ciudadano, al sujeto, capaz de juzgar y de distinguir entre mil narrativas contradictorias? ¿Quién genera al sujeto que ama más el imprevisto de los hechos que la previsibilidad y la comodidad de la desinformación alimentada por los nuevos poderes? De la “tiranía de la mayoría” no nos salvará ni una declaración de guerra hecha en tiempo y forma ni un poco más de respeto por los jueces del Tribunal Supremo. Esto va de personas.