Para abrir el candado político mexicano

Mundo · Andrés González Watty (Ciudad de México)
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25 marzo 2010
Leí el artículo de portada del Times Literary Supplement (TLS) del 29 de enero de 2010 escrito por Michael Saler, sobre California (The Golden State?). En él se reseñan dos libros relacionados con lo que este estado representa respecto a la Unión Americana y la globalización. Dice el autor: "si California es un estado fallido, como algunos han sugerido, es porque tiene una constitución fallida", y a continuación describe la estructura política del estado: la constitución local se modifica por medio de la democracia directa o plebiscito. Estas votaciones directas han limitado tanto los ingresos públicos (impuestos) como los modos para gastarlos. No sólo eso, los presupuestos de gastos públicos y los aumentos de impuestos necesitan siempre de la aprobación de una "super-mayoría" de dos terceras partes de ambas cámaras (representantes y senadores) del estado.

Uno de los problemas que surge de esta peculiar estructura es el gran déficit público que tiene el estado, se gasta más de lo que se recauda. Por un lado los californianos tienen derecho a una serie de servicios públicos (infraestructura, salud, educación, etc.) y un tope a los impuestos que pagan. Y no existe por tanto un consenso social o una mayoría de representantes que quiera, o bien bajar los gastos públicos, o bien subir los impuestos, cualquier minoría puede bloquear las reformas. ¿Nos suena conocido?

Me sorprendió el parecido de la estructura californiana con lo que sucede en México, donde no tenemos un sistema formal similar, pero sí tenemos uno informal. Me explico. Ambos mecanismos (el asentimiento de la ciudadanía y la construcción de una "super-mayoría" para aprobar reformas) han operado de manera solapada desde 1997 en nuestro país. En ese año hubo un cambio constitucional. No sólo porque se hayan reformado los artículos de la Carta Magna, sino porque la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en el congreso produjo la fisura de la estructura política que hacía posible las facultades metaconstitucionales del presidente (así llamadas por Carpizo).

Entiendo aquí -quizá forzando un poco los conceptos- que la constitución no solamente es el texto escrito, sino también comprende acuerdos, entendimientos, sistemas de valores y aparatos que se van construyendo en torno al texto. Según la clasificación típica de las constituciones, éstas pueden ser escritas o históricas. Sin embargo pienso que todos los países y regímenes políticos tienen factores que se relacionan con unas y otras. Este binomio texto-historia tiene su correlato en regla-implementación y en el otro, también conocido, norma-costumbre. Las reformas al texto afectan su ejecución o llevada a cabo y las formas de ejecutarse (o bien las costumbres que se vayan dando) también impactan en el texto, que o bien se fortalece (cuando se aplica) o bien se convierte en una palabra vacía.

La constitución escrita era, antes del 97, una serie de palabras huecas. Todo el mundo sabía que la verdadera constitución que normaba al Priato era muy diferente. En el 97 así, la constitución política que hacía posible el régimen anterior se rompe en su parte esencial. La estructura política o "constitución histórica" que tenemos desde hace 12 años genera un equivalente informal al de los dos mecanismos californianos: cualquier minoría puede oponerse a las reformas (siendo que ningún partido político tiene mayoría en las cámaras), y cualquier movimiento ciudadano puede bloquearlas también (sea éste formado por adelitas u otro tipo de manifestantes). Lo inestable de las mayorías formales en el congreso provoca que las minorías informales fuera (en las calles o en Internet) tengan mucho mayor poder de bloquear reformas legales o políticas. Más aún cuando las reformas necesarias generarán costos y cambio del status quo, afectando a grupos poderosos de interés (consorcios empresariales, sindicatos, grupos populares).

Para "abrir el candado" político que le pone condiciones al desarrollo mexicano hay que conseguir tanto una "super-mayoría" en las cámaras como un consenso en la sociedad. Pareciera ser que sin ambas cosas cualquier cambio es imposible. Y como al menos una de las dos condiciones no cambiará hasta las elecciones del 2012, hacer de esas elecciones una especie de plebiscito sobre el futuro (como lo proponen Castañeda y Aguilar Camín) parece una buena idea. Al menos en esto México tiene mejores opciones que California.

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