¿Pagar por los medicamentos?

Mundo · César Nombela
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2 julio 2012
Las dificultades para sostener un sistema público de salud, en el que todos reciban todo aquello que precisen en régimen de cobertura universal, conducen a decisiones polémicas en los que es difícil adoptar el criterio más justo. El nuevo sistema de pago de medicamentos se suma al ya existente y amplia las aportaciones del paciente para recibir tratamiento farmacológico. Será fundamental tanto fomentar el uso racional de los medicamentos, como repartir la nueva carga con justicia.

A pesar de la facilidad para lacomunicación y el debate que existe en la sociedad actual, hay cuestiones que,habiendo podido preverse, nos sorprenden como si se tratara de una catástrofesobrevenida. En Europa, y en España en concreto con mayor intensidad, hacetiempo que se introdujo la idea de la cobertura universal de los cuidados desalud, como un bien posible. Una cobertura extensiva a todo ciudadano queademás debía aportarle sin límites los cuidados de salud más avanzados quepudiera dispensar el profesional sanitario. Hemos podido constatar el gran bienque todo ello supone, incluso el hecho de que cualquier ser humano,independientemente de su estatus legal en el país, fuera beneficiario y pudierareclamar la atención médica y las prestaciones farmacéuticas que precisara. Elsistema público se encargaría de proveerlo, un sistema del que cabía reclamarlos mayores niveles de calidad y actualización científica. Así se ha hecho,pero no sin desajustes al menos si se comparan situaciones entre países. Españaes de los países en donde la retribución del profesional sanitario es más baja.Además, el precio de los medicamentos de prescripción es también más reducidoque en Estados Unidos u otros países europeos. Esto supone estar al borde deldesequilibrio, de hecho miles de profesionales médicos y cientos defarmacéuticos españoles ejercen en Gran Bretaña, tras haberse formado a costadel erario público nacional.

Cualquier analista medianamente informadoseñala hace tiempo las dificultades para sostener esta parcela de nuestrobienestar, salvo que se fuera produciendo un notable incremento de losimpuestos para sufragarlo. Sin embargo, para muchos parece como si laimposibilidad económica de mantener todo lo que nos habíamos dado fuera unhallazgo reciente que llegó por sorpresa. Está claro que no es así, nada de loque está sucediendo con el sistema de salud, ni en concreto con la prestaciónde medicamentos es nuevo, ni era impredecible. El no haber tomado medidas haceya tiempo implica que ahora hay que improvisarlas, con los inevitables erroresy desajustes que de ello se derivan.

Situemos entonces la cuestión de losmedicamentos en el contexto del sistema salud, así como las dificultades que seplantean para su mantenimiento. Incluso en la economía de mercado, la produccióny el uso de medicamentos no responde a unos criterios exclusivamentemercantiles. Para comercializar un medicamento se necesita el permiso de lasautoridades sanitarias, que tienen esta facultad regulatoria encargada deaprobar los productos, tras verificar su eficacia, seguridad y calidad. Estafacultad se extiende a establecer la indicación para la que han de serutilizados, así como el precio correspondiente. Hasta hace no mucho, laverificación por parte de las autoridades regulatorias de todos estosrequisitos suponía el que, aprobado un medicamento con su precio, paradeterminadas indicaciones, debería estar disponible para todos los quesufrieran la patología correspondiente. Prescrito por cualquier médicoautorizado para ello, el paciente tenía acceso al producto que sería financiadopor el sistema público. Como el sector farmacéutico es el de mayor intensidadde innovación, la industria innovadora, capaz de poner en el mercado productosnuevos, reclama un precio elevado, como única forma de compensar su esfuerzoinvestigador y el limitado periodo de patente, en que el inventor disfruta dederechos exclusivos para comercializar. De hecho, podemos ver cómo un solopaciente, para el que esté indicado alguno de los muchos productos nuevos, puedeacabar costando al sistema de salud cantidades que exceden de los 6.000€ poraño, incluso mayores. 

La situación planteada se deriva de laimposibilidad de mantener el equilibrio entre los tres protagonistasfundamentales: un enfermo que precisa un medicamento; una empresa que se lopuede ofrecer; y una administración pública que ha de pagar por ello, pero que,además, tiene la facultad de fijar precios que ha de recibir el productor. Comodecíamos, roto el principio de que a cada cual se le dará lo que precise,cualquier que sea su precio, la decisiones siempre van a ser polémicas y, confrecuencia, rozarán la injusticia a la hora de repartir las cargas.     

La reciente decisión del Ministerio deSanidad, contestada por determinadas comunidades autónomas, supone dejar fuerade la financiación a más de 400 productos de los que se dispensan en lasfarmacias. No se trata de 400 fármacos diferentes, son muchos menos, pero laspresentaciones comerciales de los mismos alcanzan esa cantidad. Como la mayor partede ellos se utilizan, en la mayoría de los casos, para problemas menores, noparece que la medida vaya a causar grandes problemas. Cierto es también quealguno de estos productos, hace no mucho tiempo, cuando resultaban innovadores,se dispensaban a precios muy altos, que fueron reducidos notablemente añosdespués. Se entiende que su repercusión en la economía de personas y familiasno será muy grande, aunque dadas las circunstancias de crisis económicas lamedida resulta gravosa para mucha gente. El ahorro previsto para el sistema desalud se cifra en un 400 millones de euros. Hay que reconocer que ladisposición trata de hacerse más llevadera para quienes tienen mayoresdificultades económicas, como parados, pensionistas con ingresos bajos, etc.Sin duda habrá de perfeccionarse y adaptarse con la experiencia, pero tambiénserá necesario valorar otras opciones para un mejor funcionamiento de nuestrosistema de salud.

Para terminar, añado tres comentarios. Elprimero es la necesidad de restaurar la unidad de mercado en España, tan dañadapor un sistema autonómico que reclama una revisión a fondo. Con esta norma,unida a las resistencias de algunas comunidades que además toman iniciativaspropias, las diferencias en la prestación farmacéutica se van a acentuar, enlugar de racionalizarse. Todo ello supone una distorsión del estado de lasautonomías, que fue concebido con otros propósitos. El segundo es resaltar cómolo políticamente correcto también impacta en esta cuestión. Con estadisposición, se dejan fuera de financiación, por parte del sistema público,numerosos fármacos todos ellos de precio bajo, aunque en su día tuvieran uncoste elevado. Sin embargo, no se incluye entre ellos a los anticonceptivos,también de bajo precio y que, salvo en algunos casos no se prescriben paratratar ninguna patología. Bajo ningún concepto se quiere dar la impresión deque se plantean trabas a la contracepción, tan introducida en nuestra sociedadoccidental, ya muy amenazada de un terrible invierno demográfico. Finalmente,está claro que necesitamos avanzar en el uso racional del medicamento. Comoprofesor de muchos años de una facultad de Farmacia, estoy convencido de queéste es un campo especial para que el profesional farmacéutico ejerciteclaramente su papel. Las cifras indican que en España se consumen másmedicamentos que en cualquier país europeo, aunque el gasto no sea el máselevado por los bajos precios. Los medicamentos son un factor fundamental parala calidad de vida y la salud, están en la base del incremento de lasexpectativas de vida de forma claramente demostrada. Pero, los medicamentos nopueden ser el sustituto de unas prácticas adecuada para la conservación de lasalud.

César Nombela es catedrático de la Facultad de Farmacia de la UniversidadComplutense de Madrid

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