¿Pacto Educativo o pactito con minúsculas?

Recientemente, ha sido publicado el documento denominado “Decálogo. Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación´, firmado por un colectivo de organizaciones sociales y políticas de la izquierda. Coincide en el tiempo con el registro de tres proposiciones de Ley en el Congreso por parte del PSOE el pasado mes de septiembre. Las siglas más conocidas que secundan esta nueva estrategia de cara a la futura ley educativa son PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, CCOO, STES, CGT, CEAPA, Sindicato de Estudiantes…

La temática de este documento y de esas proposiciones de Ley es poco innovadora: defensa a ultranza de la escuela pública, única y laica. Sus autores, en clave propagandística, describen un amplio y generoso repertorio de cualidades tan sólo al alcance de la enseñanza pública, la que es de todos y para todos. Para ello recurren a los viejos tópicos conocidos aderezados con elementos de la neolengua pedagógica de moda y concluyendo en lo de siempre: con dinero público, sólo escuela pública, y cuanto más mejor.

No faltan tampoco en el documento las inevitables críticas a la derecha neocon, que sigue empeñada en privatizar la enseñanza desviando recursos financieros hacia los colegios concertados, todavía mayoritariamente católicos, recursos que son indispensables para alcanzar de una vez por todas el ideal educativo de las fuerzas progresistas y que, según ellos, es el mejor de los posibles: “El derecho a la educación es un derecho universal que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo para todos los ciudadanos y ciudadanas en términos de igualdad y, por tanto, de gratuidad. El instrumento para satisfacer tal derecho fundamental es la Escuela Pública, entendida como la institución que integra el conjunto del sistema educativo y de todos sus niveles, cuya regulación y garantía corresponde a las administraciones públicas”.

Resuelta la cuestión principal, que es la asignación de recursos públicos en exclusiva para la escuela pública (la concertada debe desaparecer, dicen ellos), la enseñanza privada queda relegada a la decisión del bolsillo de cada uno. Si alguien no está de acuerdo con las excelencias del modelo público, esa nueva Ítaca en la que el viaje educativo de las familias debiera recalar, pues ningún problema, que se den el capricho a cargo del presupuesto familiar; porque la libertad de enseñanza existe en España, está en el artículo 27 de la Constitución, pero sólo para quien quiera y pueda pagársela. Y, por supuesto, para que no falte la nota folclórica en este decálogo, se invoca a la trasnochada presencia de la Religión en la escuela, que la visión progresista considera un anacronismo a superar por el papel científico, técnico y crítico de un currículo moderno, y donde las creencias de cada uno deben relegarse a la esfera privada.

Ante este panorama, donde lo identitario del programa político se resalta en cada nueva oportunidad destinada a buscar espacios de encuentro y de acuerdo, las expectativas de detener el péndulo legislativo en un Pacto Educativo se han reducido, de momento, a un posible consenso sobre temas puntuales, o como mucho a un pactito. Y mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno, que es quien ha apostado más fuerte en su discurso por alcanzar el Pacto con mayúsculas en la Subcomisión creada a tal efecto en el Congreso?

El naufragio de la LOMCE durante el curso 2016/17 se salvó por parte del Ministerio de Educación encallando la ley en los arrecifes del Pacto Educativo, con la idea de que el tiempo, una nutrida participación en la Subcomisión y la escenificación del diálogo con generosidad, alejaran todo lo posible el discurso educativo del Partido Popular del fracaso que ha supuesto la etapa Wert. Pero estamos ya en el curso 2017/18, va pasando el tiempo y es normal que la oposición se impaciente. Porque además de predicar hay que dar trigo, y del tiempo de las declaraciones hay que pasar al tiempo del trabajo más fatigoso de la negociación con texto y sobre texto, con propuestas concretas, ordenando temáticamente el debate, con intercambio de posicionamientos en las mesas sectoriales que hay creadas para la pública y la concertada, en la Conferencia Sectorial, y en el Consejo Escolar del Estado. Estos son los escenarios que serían deseables y posibles para intentar alcanzar el acuerdo que conduzca a la aprobación de una nueva ley educativa con vocación de perdurar a los futuros cambios de gobierno.

Hablar de educación es siempre complejo y polémico. Pero más aún cuando no existe un guion previo muy claro y no se invierte el tiempo suficiente y necesario con todas las partes interesadas para definir de qué hablar, en qué términos y con qué posibles finales. Termina el año con una jugada inteligente y a la vez demagógica de la izquierda que ha roto el saque a su rival y le ha arrebatado el servicio, recobrando una iniciativa que el Ministerio de Educación nunca debió perder si quiere ejercer su papel de director de orquesta en la política educativa, y más en estas circunstancias tan confusas.

Antonio Amate es Secretario General de la Federación de Enseñanza de USO