Pacto de Estado por una mejor Función Pública española

Mundo · Francisco Medina
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15 marzo 2017
El Gobierno resultante de las elecciones generales celebradas en 2016, tras arduas negociaciones, ya está constituido desde hace algo más de dos meses. Los ministros ya están nombrados, pero está todo muy en el aire. Aparentemente, con el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, y el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, todos los Departamentos Ministeriales están creados, pero lo único que se está moviendo es el traspaso de funciones y competencias que han de sufrir algunos de los Ministerios que han sufrido una reestructuración mayor.

El Gobierno resultante de las elecciones generales celebradas en 2016, tras arduas negociaciones, ya está constituido desde hace algo más de dos meses. Los ministros ya están nombrados, pero está todo muy en el aire. Aparentemente, con el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, y el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, todos los Departamentos Ministeriales están creados, pero lo único que se está moviendo es el traspaso de funciones y competencias que han de sufrir algunos de los Ministerios que han sufrido una reestructuración mayor, como son el caso del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad –cuyo titular es Luis de Guindos– y el del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital –capitaneado por Álvaro Nadal, antiguo director de la Oficina Económica y Presupuestaria de Presidencia del Gobierno–. Algún cambio menor en los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que se ha desgajado la parte relativa a las relaciones con las Administraciones territoriales para engarzarla en la Vicepresidencia del Gobierno, cuya titularidad la ostenta Soraya Sáenz de Santamaría. En el fondo, ha cambiado todo y no ha cambiado nada.

Y poco más. Han pasado más de tres meses desde el acuerdo alcanzado entre el PP y C´s, abstención mediante del PSOE –tras la salida de Pedro Sánchez– para la formación de Gobierno y no se está haciendo más que tramitar algunos proyectos de Reales Decretos de estructura orgánica básica, como el del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; mientras las negociaciones que se están llevando a cabo entre los Ministerios de Luis de Guindos y Álvaro Nadal en orden al traspaso de las competencias y los medios materiales y personales aún no han concluido. Nada es seguro, quizá porque aún se está a la espera de la aprobación de los Presupuestos, hecho que no es posible dar por descontado, a la vista de la incertidumbre del resultado de las elecciones primarias que tendrán lugar en el seno del PSOE por el mes de mayo: el fantasma de Pedro Sánchez –a quien muchos creían políticamente muerto– asoma de nuevo.

Por un lado, es cierto que, en este contexto de incertidumbre, resulta muy difícil tomar decisiones políticas y legislativas de cualquier calado. Las mayorías absolutas, como las que se han dado en España, pueden constituir una especie de rodillo o apisonadora para adoptar medidas que pueden ir contra el interés común de todos los españoles, pero también han proporcionado una estabilidad que ha permitido el funcionamiento de las instituciones y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, con las dotaciones necesarias para la formulación y ejecución de políticas públicas en materia de sanidad, educación, I+D+i, seguridad ciudadana, defensa, energía, medio ambiente, telecomunicaciones y demás. Es obvio que este tipo de escenarios ya han pasado a la historia.

Sin embargo, quien ha trabajado o está trabajando en el seno de un Ministerio u Organismo sabe de sobra que la maquinaria administrativa sigue en marcha: los negociados, las secciones, los servicios, las áreas integrantes de cada Subdirección General, pasando por las Unidades de apoyo de las Direcciones Generales, las Secretarías Generales Técnicas, los Gabinetes de la Subsecretaría, de las Secretarías de Estado y de los ministros de cada Departamento continúan realizando la tramitación del despacho ordinario de los asuntos que constituyen el día a día de la Administración General del Estado y, a otro nivel, el de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Y es que, a pesar de la falta de aprobación de unos nuevos Presupuestos, los mecanismos de prórroga de los mismos, previstos en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, están dando lugar a una situación de interinidad en que no se toman decisiones cruciales para la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, cuales son la gestión de los procedimientos de concesión de ayudas o el de créditos presupuestarios para las partidas consignadas en la Ley de Presupuestos vigente, así como los relativos a la oferta de empleo público y la gestión de convocatoria de oposiciones; tal situación está restringiendo seriamente la capacidad de maniobra de la Administración, que ha de jugar con lo actualmente disponible.

En este contexto, no es que sea difícil tomar decisiones. El problema es que no hay Presupuestos. Nadie se arriesga. En el caso del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de lo poco que ha salido en el Boletín Oficial del Estado ha sido el Real Decreto por el que se acordaba indemnizar a una serie de compañías distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2016, por el que estimaba las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la aplicación del llamado bono social establecido en la nueva regulación del Sector Eléctrico; sin olvidar la reciente subida de la factura de la luz, a consecuencia del elevado precio acordado en las subastas y que constituye uno de los problemas sin resolver.

Es obvio que estamos en una situación de impasse, en la que el Gobierno ya ha dado algunos palos de ciego, como muestra la desacertada reestructuración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de Luis de Guindos, a la que se ha desgajado del antiguo Ministerio de Industria, Energía y Turismo la parte de ayudas del programa de Reindustrialización y Competitividad, las concedidas al sector de los astilleros navales y la materia relativa a la homologación de vehículos y calidad y seguridad industrial.

Esta organización va a repercutir en la gestión de las ayudas a la industria. Así, la tramitación de las mismas por la Secretaría General de Industria tiene unos procedimientos de trabajo que no tienen comparación con el caos y el desorden de la tramitación en las ayudas a la I+D+i, a pesar de la Agencia Estatal de Investigación de nueva creación, cuyo volumen de subvenciones y préstamos a empresas, Universidades y Organismos Públicos de Investigación, a consecuencia de las convocatorias aprobadas en la época de Rodríguez Zapatero, provocó tal descontrol que obligó a intervenir a la Comisión Europea, suspendiendo temporalmente las ayudas a España en tanto no se resolvieran los enormes desajustes provocados por las ayudas no justificadas por los beneficiarios. En este sentido, el traslado de los expedientes y la migración de las aplicaciones informáticas utilizadas en cada Ministerio para la tramitación de los mismos van a suponer un trastorno en el funcionamiento de los órganos de la Administración, una vez se determinen las competencias en el Real Decreto que se apruebe. La experiencia nos dice que este tipo de reestructuraciones suelen ser ineficientes, habida cuenta de que no está claro quién va a asumir la competencia y, por tanto, la responsabilidad de lo que se tramita y resuelve.

Queda, pues, sentarse a esperar que se dilucide el panorama político (primarias del PSOE, relación PP-Ciudadanos, reto de la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado), pero la prestación de los servicios públicos no se toma vacaciones. Los recursos, las alegaciones, las solicitudes, la comprobación de los proyectos objeto de las ayudas públicas, los informes a proyectos normativos que no acaban de cuajar… se siguen tramitando.

Y es que parece cumplirse el dicho “los gobiernos caen y se suceden, pero la Administración Pública permanece”. La Administración española adolece de numerosos problemas, como la doble politización desde fuera y desde dentro que lleva sufriendo desde hace siglos, por no hablar el excesivo tamaño de las Administraciones autonómicas y locales. Ésos y otros muchos problemas debieran llevar a avanzar hacia una profesionalización total de la Administración. Al igual que se ha reclamado un Pacto Educativo o un Pacto contra la corrupción, si queremos que funcione mejor y más eficientemente nuestra Administración, no estaría de más plantear un Pacto de Estado por una Función Pública –estatal, autonómica y local– más profesionalizada, libre de injerencias políticas, y más flexible, para responder mejor a las necesidades de la ciudadanía y menos dependiente de los cambios de gobierno. Sobre esto es urgente hablar: mucho y despacio. Se lo debemos a los ciudadanos.

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