Desde el escaño

Orden y transparencia

España · Eugenio Nasarre
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27 febrero 2012
Hay ocasiones, aunque sean escasas, que la lectura del BOE resulta reconfortante. Al menos lo ha sido para mí la del Real Decreto-ley llamado popularmente "para el pago de proveedores". Porque la norma tiene mucha mayor enjundia que el establecimiento de un mecanismo ágil de pago a los proveedores de bienes y servicios a los ayuntamientos, que sufren unas ingentes deudas, cuya cifra (¡es asombroso!) todavía desconocemos.

Recuerdo que, cuando ya estábamos en medio de la crisis, un alcalde de una población de tamaño medio se me quejaba de la drástica disminución de los ingresos de su ayuntamiento. "La situación no puede ser más apurada", me decía amargamente. "¿Y qué vas a hacer?", le pregunté. "No pagar", fue su lacónica respuesta. Ante mi asombro y como excusándose me apostilló: "¿Cómo voy a dejar sin servicios a mis ciudadanos? Además, lo hacen todos los alcaldes".

Esta es la situación que hemos vivido durante ya más de tres años. A la deuda de los ayuntamientos le ha sucedido como a la bola de nieve que se desliza: ha ido engordando hasta hacerse de tamaño insoportable. Todos hemos ido engañándonos unos a otros. Los irreales marcos presupuestarios del Estado propiciaban unos gastos muy por encima de lo que se recaudaba. Vivíamos en una ficción que se convertía en una huída hacia delante. Mientras tanto, el país se iba empobreciendo. La renta per capita de los españoles ha descendido ya a los niveles del año 2002. Pero estamos mucho peor que entonces, porque estamos más endeudados y la sociedad es más desigual. Y gastamos mucho más que hace diez años.

El Decreto ley es una ruptura con esta situación. En primer lugar, establece que todas las corporaciones locales, con un plazo perentorio, deberán retratarse, esto es, deberán remitir una relación de todas las obligaciones pendientes de pago y habrán de informar de ellas al pleno de la corporación local. Se consagra, pues, el elemental principio de publicidad. Es de esperar y de exigir que esta información llegue a todos los ciudadanos. Debería colgarse en las páginas web de los ayuntamientos. Los ciudadanos debemos conocer cuáles son las deudas de cada ayuntamiento. La máxima transparencia debe ser el motor que nos haga cambiar este estado de cosas.

Pero la norma no acaba aquí. El Estado asume el pago de las deudas a través de un sistema de financiación, cuyos detalles todavía desconocemos. Pero lo que resulta más importante es que esta financiación está asociada a un "plan de ajuste" que deberán aprobar las corporaciones locales con unos requisitos muy exigentes, que yo aplaudo calurosamente.

Este es el nudo gordiano de la cuestión. Ha llegado, pues, la hora de la verdad, si la norma se cumple escrupulosamente y los ayuntamientos no encuentran vías de escapatoria. Porque el espíritu del Decreto- ley es que nadie puede vivir por encima de sus posibilidades. Muchos alcaldes, probablemente, estarán asustados, porque deberán decir a sus vecinos qué servicios se pueden pagar y qué otros no se pueden. Deberán establecer prioridades. Deberán podar y eliminar todo lo que no resulte imprescindible, aunque lo consideren granero de sus votos.

Tengo para mí que este plan, si se lleva a cabo con rigor, va a ser sumamente saludable para nuestra democracia. Me gustaría que se ejecutase con coraje, diciendo siempre la verdad, porque el país no está para demagogias. Es cierto que los problemas de endeudamiento no residen sólo en las corporaciones locales. A las Comunidades Autónomas les llegará la hora de hacer otro tanto. Pero ese será tema para otro día.

El camino trazado va en la buena dirección.

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