Entrevista a Guillermo Fernández

`Nos hace falta repensar nuestro modelo productivo`

Entrevistas · Juan Carlos Hernández
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21 julio 2020
Conversamos con el coordinador del estudio “Distancia social y derecho al cuidado”, un informe elaborado por la Fundación FOESSA y Cáritas española que analiza la situación social en nuestro país.

Conversamos con el coordinador del estudio “Distancia social y derecho al cuidado”, un informe elaborado por la Fundación FOESSA y Cáritas española que analiza la situación social en nuestro país.

¿Qué escenario post COVID-19 ha dejado, desde un punto de vista de la exclusión social, esta pandemia?

Lo que hemos visto, en este grupo de personas, es que se ha confirmado la tendencia que venía detectándose en los últimos años y es que el sector de la población más excluido ha continuado creciendo y esta pandemia lo que ha hecho ha sido disparar, aún más, las cifras de exclusión social. En tres meses hemos perdido prácticamente todo lo que habíamos conseguido recuperar en los últimos cinco años de recuperación económica.

Otro elemento importante es que en términos de empleo, donde más o menos la mitad de ese grupo se había reinsertado al mercado laboral, pues prácticamente ha perdido la mitad de las posibilidades que tenían en el mercado de trabajo.

Y un tercer impacto que estamos observando es el factor salud. En los últimos años, fruto lógicamente del incremento de la esperanza de vida, ha vuelto a emerger no porque la gente más excluida haya sufrido más el COVID sino porque han sufrido más las consecuencias del cierre sanitario (seguimiento de tratamientos, acceso a hospitales, enfermedades crónicas…) ya que era una población con un mayor deterioro en términos de salud.

Otro elemento interesante que hemos visto en esta investigación tiene que ver con la resiliencia de los entornos de apoyo cercanos. Este era un grupo donde tradicionalmente casi la mitad de él no contaba con ese tipo de apoyo y hemos observado qué ha pasado con la otra mitad que aún sí los conservaba y hemos visto que en términos de apoyo emocional se ha conservado. La gente seguía pudiendo tirar a nivel emocional del ambiente a su alrededor pero todo lo que eran redes y materiales de apoyo han tendido todavía más a romperse, a degradarse, es decir, la falta de colchón de resistencia de estas familias ha terminado por quebrarse totalmente. Emocionalmente todavía tienen soporte pero materialmente ya prácticamente no tienen capacidad de tirar de nadie de sus alrededores.

Ante la pandemia ha habido un movimiento loable de muchas personas que han ayudado de distintas formas pero ¿se ha convertido esto en método o se corre el riesgo de que, pasada la emotividad del momento, se diluya?

La sociedad española es muy solidaria, fundamentalmente, en momentos de emergencia y esta red de solidaridad, que es cierto que ha existido en los primeros meses de la pandemia, no está nada claro que se vaya a trasladar de dos maneras. Bien a los formatos tradicionales, de relación entre los vecinos, no está nada claro que vaya a ver un cambio de valores en este sentido y, por otro lado, tampoco es evidente que esos valores se vayan a institucionalizar en las entidades locales o comunitarias que son las que al final de forma estructural tienen capacidad para sostener este tipo de situaciones porque una asociación de vecinos puede estar repartiendo alimentos a gente que le puede hacer falta y son las que visualmente salen en prensa pero desde luego quien llega verdaderamente a la gente son las administraciones públicas o las grandes Organizaciones no Gubernamentales, no la solidaridad vecinal que resuelve cosas puntuales y que no es sostenible. Por tanto, en ese sentido yo creo que es demasiado pronto para ver si esos valores que han emergido durante esos primeros meses del confinamiento se van a consolidar. En principio somos pesimistas en torno a esta cuestión porque veníamos de un caldo cultural donde el elemento de valores individualista se ha impuesto en el marco social, con lo que es bastante complicado que se pueda producir un vuelco.

“Si nuestro sistema impositivo no se reforma, difícilmente la protección social pública va a poder aguantar”

¿El camino es una mayor colaboración entre la administración y la sociedad civil?

Nosotros lo que planteamos es que las políticas públicas tienen que potenciarse pero la única manera de potenciarse es si la sociedad civil está dispuesta a poner más dinero de su bolsillo. Claro, las políticas públicas tienen una capacidad que está ligada a nuestra solidaridad fiscal, de tal modo que, si nuestro sistema impositivo no se reforma y no crece… pues difícilmente la protección social pública va a poder aguantar. No está mal que la sociedad civil entre en el marco de colaboración público-privada pero no se puede trasladar permanentemente la responsabilidad a la sociedad civil porque se acaba asistencializando la ayuda y convertir lo que sería, por ejemplo, el derecho a tener un alimento básico lo convertimos en algo asistencial en la medida que la sociedad civil tiene que proporcionar a sus vecinos alimento para que puedan sobrevivir.

Esa colaboración es absolutamente necesaria, probablemente uno de los elementos de futuro no es solamente esa colaboración público-privada sino que surjan nuevas iniciativas comunitarias que puedan dar respuesta de una forma mancomunada en los entornos más locales pero ese es un espacio en el cual hay que invertir tiempo y medios para irlos construyendo.

“Nuestra experiencia nos dice que es falsa esa imagen por la cual el IMV genera una dependencia”

¿Es suficiente un Ingreso Mínimo Vital (IMV) sin un acompañamiento a la persona? ¿Es necesario un entorno, normalmente la familia, para poder salir de una crisis?

La posición que mantenemos sobre esto es que creemos que hay una serie de elementos de derecho que los ciudadanos tienen que poder disponer y, a partir de ahí, poder actuar en libertad. Imagina que recibes una prestación y te ponen una serie de condiciones para percibirla, están evitando que tú seas una persona emprendedora y puedas tener tu propio empoderamiento. Otra cosa distinta es que tú necesites otro tipo de apoyo pero a estos se debe acceder de forma libre. Nosotros abogamos por la política del doble derecho. El derecho a tener una prestación que te permita sobrevivir, en este caso el IMV y, por otro lado, el derecho a poder acceder a programas de inclusión. Pero que ambos derechos no estén vinculados simultáneamente, que no te obliguen el uno al otro.

Evidentemente cuando hablamos del IMV, donde estamos hablando de unas cantidades mínimas –como comprenderá recibir 450 euros da para pagar comida, agua y poco más–, ni siquiera da para pagarte el alojamiento. Con lo cual no se puede generar dependencia de eso. De hecho los estudios de Ciencias Sociales que nosotros tenemos ya han averiguado que la percepción de ese tipo de prestación no genera dependencia de forma generalizada. Tenemos un estudio de los últimos quince años, de lo que ha sido la prestación de las rentas mínimas autonómicas, donde lo que vemos es que la gente después de todos esos años solo hay uno de cada cinco que continúa percibiendo ese tipo de prestación, es decir, que de alguna manera no ha conseguido un ingreso propio.

En relación con esto se habla en el informe de una emergencia habitacional, ¿qué medidas pueden ayudar a afrontar este desafío?

Uno de los motivos de la anterior crisis fue la burbuja inmobiliaria. En este caso, lo que estamos empezando a percibir es que como consecuencia de esta rápida depresión en los ingresos que han tenido las familias se va a generar rápidamente una crisis habitacional. Se habla mucho de las colas del hambre pero no de las dificultades que estas personas están teniendo para mantener sus viviendas. En este sentido, la moratoria que planteó el Gobierno en relación al pago de alquiler y de hipotecas creemos que es un buen avance. Hay algunas medidas que el Gobierno ha habilitado pero que dependía de las Comunidades Autónomas su desarrollo pero muy poquitas las han empezado a desarrollar, con lo cual somos pesimistas porque lo que el Gobierno ha planteado no se ha desarrollado a nivel autonómico.

“El consumo rápido y a bajo precio requiere de trabajadores con escasos salarios e inseguras condiciones laborales y un espacio en el que se recicle y reutilicen aquellos bienes que pierden su valor simbólico con el paso de los años. Por ello, cada vez que se producen crisis sistémicas las desigualdades sociales se acrecientan, se destruye la naturaleza y se pone en peligro nuestra convivencia”, se asevera en el informe. ¿Hace falta una educación en el consumo?

Lo que realmente nos hace falta es repensar nuestro modelo productivo, cómo queremos vivir de cara al futuro. En la anterior recesión la propuesta que se planteó en términos de empleo fue la precarización y la precarización basada en una productividad extensiva de consumo masivo, ese consumo en este momento ha caído. Este modelo está cuestionado desde punto de vista no solamente ecológico sino de su eficiencia. Creo que hemos perdido la oportunidad en los últimos cinco años de repensar qué modelo productivo queríamos. Por ejemplo, se habla mucho de la inversión en ciencia, bueno llevamos veinte años perdiendo dinero en ciencia, se ha estado hablando mucho de las energías renovables y no tenemos modelo de energía renovables… hemos perdido la oportunidad de intentar transformar nuestro modelo productivo muy a expensas de un modelo turístico y de aquellos polvos vienen estos lodos. Además tenemos un modelo de consumo, como el Papa plantea, que va en nuestra contra.

“¿Vamos a ser capaces de estar pendientes del otro?”

Una economía al servicio del hombre y no a la inversa, se dice en el informe, ¿nos ha hecho más esenciales esta crisis?

Yo creo que ese es un deseo que yo y muchos tenemos, pero no lo tengo claro. La COVID-19 está generando una necesidad de distanciamiento social que es un factor que nos va a tender a alejar todavía más de nuestro marco de relaciones, con lo cual esa efervescencia de redescubrimiento del vecino también puede traducirse en un ahondamiento del particularismo, la necesidad de mirarme yo a mí mismo primero frente a los demás para de alguna manera poder sobrevivir.

La pandemia nos ha hecho replantearnos una situación de un particularismo muy marcado. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tomar el testigo de esos elementos de particularismo o vamos a ser capaces de estar pendientes del otro? Esos viejos elementos que habíamos ido perdiendo de solidaridad vecinal, de ayuda a los demás, de estar pendientes del otro, de no dejar a nadie atrás… estamos en un momento donde la sociedad va a tener que empezar a decidir hacia dónde vamos a querer tirar.

¿Qué se le puede pedir a las diferentes administraciones para poder afrontar mejor esta crisis?

En primer lugar creemos que el Gobierno ha planteado un escudo social que entendemos que es una medida adecuada y es una medida que no contábamos en la anterior recesión pero que solo está llegando básicamente a las clases medias. Nos da miedo pensar que con la aprobación del IMV se considere que la inversión en la gente que está en una situación de mayor dificultad sea suficiente cuando realmente es una inversión de unos tres mil millones de euros que es una medida relativamente pequeña, el gasto en pensiones es mucho mayor, es un primer paso de un camino que tenemos que recorrer. En ese sentido, tendríamos que seguir avanzando en el tema de la vivienda y si no conseguimos incorporarlo a nuestro sistema de derechos sociales difícilmente vamos a conseguir que mucha gente pueda salir del espacio de la pobreza y de la exclusión social en este país. Respecto al tema de la vivienda prácticamente no han existido políticas públicas en este país en el periodo democrático, me parece que el Gobierno tiene un gran reto para trabajar ahí.

Es necesario un ambiente de dialogo y de confianza a nivel político ya que desde la polarización no se puede conseguir nada. Y como ciudadanos pedir al gobierno de turno que proteja la sanidad, la educación, las pensiones y tenemos que pensar todos los ciudadanos qué es lo que queremos poner en lo común. Los ciudadanos españoles confiamos mucho en la protección del Estado cuando tenemos la necesidad pero somos los que menos dispuestos están a apoyarlo económicamente. Esta contradicción tenemos que resolverla y el Gobierno tiene que hacer un enorme ejercicio de pedagogía fiscal.

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