No sólo Religión

Uno de los mayores fracasos de nuestra democracia ha sido el pacto educativo: o, mejor dicho, la inexistencia de dicho pacto. En efecto, desde los inicios mismos de la Transición, los diferentes gobiernos (UCD, PSOE, PP, de nuevo el PSOE y ahora el PP) han intentado poner en marcha su propia ley educativa y esta sucesión de leyes solo ha conllevado una caída de los niveles educativos y una evidente falta de estabilidad. Aunque cierto es que la Educación en España ha ido empeorando no sólo por las diversas leyes, sino también por otros muchos factores, pero no puede desdeñarse el flaco favor que ha hecho la referida sucesión de leyes.

La Ley General de Educación que nos legó el franquismo y con la que estudiaron la mayor parte de los nacidos en los sesenta y setenta (las generaciones del “baby boom”) tenía un punto débil fundamental, y que era que aquellos que no lograban el nivel educativo exigido se veían dirigidos hacia una Formación Profesional que no hacía más que degradarles desde muchos puntos de vista: eran los “incapaces”, aquellos que no habían podido con la EGB o con el BUP, y menos aún con el COU. Y eso no podía seguir así, porque suponía todo un atentado contra la dignidad del ser humano.

De ahí pasamos al punto contrario: la LOGSE, cuya máxima fundamental es que “todos pasen”, aunque ese pasar suponga que “todos pasen por abajo”. El resultado es la mayor generación de analfabetos titulados de nuestra Historia reciente: todos (o casi todos) con el título universitario bajo el brazo, pero muy pocos de ellos realmente competentes, porque apenas se les ha exigido. Por el camino se han quedado solo aquellos que directamente no han querido seguir estudiando, pero no porque no pudieran, sino porque estudiar les sonaba a “mínimo esfuerzo”, por ahí no estaban dispuestos a pasar, y se lo han permitido.

El vilipendiado ministro Wert, del que hay que recordar no sólo que es un brillante profesor de universidad sino también un reputado sociólogo, está tratando de poner remedio a esta realidad. Lo ha dicho ya con meridiana claridad: lo innegociable de su ley son los sistemas de evaluación, aquellos que decidirán quién tiene una formación básica, quién puede tenerla media y quién puede llegar a la superior. Aquí no se busca que sólo los que tengan alto poder adquisitivo puedan estudiar, sino que lo hagan aquellos que realmente tienen capacidades y aptitudes para el estudio: un modelo que, por cierto, funciona con gran eficacia en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra o Suecia. Al mismo tiempo, la ley lo que quiere es una FP que dignifique no sólo a los que la estudien, sino que permita reequilibrar el mercado laboral, saturado de licenciados superiores y necesitado de personas capaces de desempeñar un oficio. Eso es lo realmente importante: que nos olvidemos de la “titulitis”, que nos centremos en que la formación es para permitirnos acceder a un buen puesto de trabajo el día de mañana, y recordar que lo demás no deja de ser secundario. Por cierto, ¿alguien me puede explicar qué influencia han tenido la Religión Católica o la Educación para la Ciudadanía en la decadencia del sistema educativo? Porque es de esto de lo único de lo que se realmente habla y con ello solo desviaremos la atención de lo auténticamente importante, que es tener generaciones con futuro. Vayamos en esa dirección.