No se trata de rebajas

Hace sólo algunos meses, cuando fueron creadas en paralelo la subcomisión parlamentaria y el mal llamado grupo de expertos nombrados por la ministra Aído para preparar una nueva ley del aborto, era impensable que se pudiera producir en España un debate público sobre la cuestión con la intensidad y en los términos con los que se viene produciendo desde hace unos días.

La soledad parlamentaria en la que ha quedado el Gobierno socialista tras las elecciones del 1 de marzo, unida al acierto de la campaña de la Conferencia Episcopal y del manifiesto en contra del aborto firmado por más de un millar de científicos e intelectuales han sido los factores que han permitido abrir un debate imprescindible del que se quería privar a la sociedad.

Este último documento es clarísimo cuando afirma que "un aborto no es sólo la interrupción del embarazo sino un acto simple y cruel de interrupción de una vida humana" y que supone "un drama con dos víctimas: una muere y otra sobrevive y sufre a diario las consecuencias de una decisión dramática e irreparable".

Tanto la campaña de la Iglesia como la mencionada Declaración de Madrid han tenido una repercusión mucho mayor de la que esperaban sus impulsores y esto se debe probablemente a lo acertado de sus planteamientos, que se dirigen directamente a ese fondo de humanidad que todos tenemos, independientemente de que seamos creyentes o no, independientemente de nuestras preferencias políticas.  

Ambas iniciativas han conseguido derrumbar el castillo de eufemismos tras el que se camuflaba la mutación cultural que supone considerar el aborto como un derecho. Es la propia humanidad la que se siente interpelada por esta injusticia manifiesta. Y esto no quiere decir que el debate haya dejado de lado el factor religioso, como se ha dicho, porque todo lo que es profundamente humano es religioso y viceversa.

El debate está vivo y sólo eso ya es un motivo de satisfacción, aunque no conviene hacerse muchas ilusiones sobre el desenlace. Ya es conocida la intención del Gobierno.  En lugar de tirar la toalla o arriesgarse a una derrota en las Cortes, pretende rebajar varios grados las ambiciones del proyecto inicial,  reduciendo el plazo en el que permita abortar y retrasando hasta los 18 la edad en la que no se considera necesario el consentimiento paterno. Con ello, posiblemente conseguirá convencer a diputados todavía reticentes y lograr apoyos suficientes.

Pero estas "rebajas" en la ley no cambiarán el problema sustancial que es la mutación cultural que la norma introduce. En su afán de reinterpretar toda la realidad a golpe de ley, el Gobierno está tratando de hacer "pedagogía" otra vez, intentando inocular en la sociedad una nueva concepción de la vida humana que el Estado ya no vería como un don gratuito y de un valor infinito sino como el producto de un cálculo interesado de la madre que, por tanto, le está permitido eliminar. Algo que supone devaluar la vida de todos.

El rechazo social a la ley no se dirige al número de semanas de plazo o a la edad en la que las adolescentes pueden abortar sin consentimiento paterno, sino al núcleo central de la cuestión, así que las "rebajas" que planea el Ejecutivo socialista no acallarán las voces libres de quienes defienden la vida.