No se escucha a los colegios de iniciativa social

Compartiendo el loable objetivo de reducir el fracaso y abandono escolar,el anteproyecto de la LOMCE, lejos de favorecer a la enseñanza privada yconcertada, mantiene en muchos aspectos el carácter subsidiario de la misma enrelación a la enseñanza pública. La complementariedad de las dos redes y eltrato equitativo al alumnado, profesionales y a los centros, sigue estandolejos de conseguirse.

Ciertamente el segundo borrador, notablemente mejor que el primero, incorporaalguna referencia a la libertad de enseñanza contemplada en el art. 27 de lacarta magna.

Se incluye la "demanda social" como factor a tener en cuenta por lasadministraciones a la hora de planificar la oferta educativa que habrá degarantizar, además, un número suficiente de plazas escolares sin que tengan porqué ser de titularidad pública. Se favorece la libertad de elección de lasfamilias, si bien queda la incógnita del verdadero alcance de la medida, puessu aplicación es competencia de cada comunidad autónoma.

A pesar de este pequeño avance, el anteproyecto no modifica ni mejoracuestiones que el sector de la enseñanza de iniciativa social viene planteandodesde hace años.

Sigue sin garantizarse la financiación a coste real del puesto escolar. Nose toca la redacción de los artículos de la LOE referidos a los módulos de losconciertos claramente deficitarios y cuyo contendido necesita revisarse.

Se anuncia un estatuto de la función pública docente con el objetivo dedignificar y reconocer su labor, mejorar las condiciones laborales y la carreraprofesional de quienes considera "figura esencial del sistema educativo". 

Según la LOMCE miles de profesionales que trabajamos en centros privados yconcertados no aportamos nada al sistema educativo del país. Por no ser, niexistimos. Es una gravísima discriminación. 

Además, después de 27 años, sigue sin cerrar el proceso de equiparaciónsalarial de los docentes de la enseñanza concertada. Tampoco avanza en elreconocimiento de la función directiva. En definitiva, ninguna referencia a unprofesorado que, por ley, depende de la financiación pública para mejorar suscondiciones.

Proponer que los conciertos educativos se renueven cada cuatro o seis años,no responde a la necesaria estabilidad y equilibrio que necesita el sector y elsistema educativo. Los conciertos deben mantenerse de forma indefinida mientrascumplan con los requisitos legales exigidos. La administración educativa tienemecanismos de control para garantizar constantemente el buen uso de los fondospúblicos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, sin que seanecesario revisarlo ni cada seis ni cada cuatro años.

Tampoco tiene en cuenta la LOMCE las consecuencias que la nueva estructuratendrá sobre la organización de los centros concertados y su profesorado. Unavez más, una nueva reforma, afectará al empleo de cientos de profesores sin quese haya tomado ninguna medida para mantener el empleo de los mismos.

La LOMCE puede y debe mejorarse y confiamos en que todavía haya tiempo paracambiarla.