Entrevista a Mikel Buesa

`Nada garantiza una secesión pacífica`

España · Juan Carlos Hernández
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23 septiembre 2015
´Nada garantiza una secesión pacífica. Es más, la experiencia internacional señala que casi todos los casos de secesión han estado asociados a acontecimientos bélicos más o menos prolongados. En tal caso los costes de la secesión se verían magnificados. Para España, la España residual, la pérdida del mercado catalán tendrá un efecto negativo que se puede estimar en una cifra del orden del 2% del PIB. Habrá otros efectos negativos de orden financiero que es difícil cuantificar y que se traducirían en un aumento de la prima de riesgo´.

¿Qué consecuencias económicas tendría para Cataluña y para España una hipotética secesión de la primera?

La secesión será para Cataluña muy perjudicial. Al quedar separada de España será excluida de la Unión Europea y de todos los acuerdos internacionales suscritos por España. En estas circunstancias sus exportaciones experimentarán un encarecimiento y, consecuentemente, una pérdida de mercados. Si la secesión es pacífica, las estimaciones apuntan a un efecto reductor del PIB catalán del orden del 16%. A ese efecto se añadirían las deslocalizaciones de empresas y la pérdida de oportunidades para la inversión extranjera, con lo que es probable una caída aún mayor del PIB. En términos per cápita ello supondrá un retroceso relativo con respecto a España y a la UE hacia las posiciones de hace un cuarto de siglo. Pero nada garantiza una secesión pacífica. Es más, la experiencia internacional señala que casi todos los casos de secesión han estado asociados a acontecimientos bélicos más o menos prolongados. En tal caso los costes de la secesión se verían magnificados. Para España, la España residual, la pérdida del mercado catalán tendrá un efecto negativo que se puede estimar en una cifra del orden del 2% del PIB. Habrá otros efectos negativos de orden financiero que es difícil cuantificar y que se traducirían en un aumento de la prima de riesgo.

¿Qué valoración le merece la gestión del gobierno, durante la última legislatura, frente al desafío independentista?

Tengo una posición crítica al respecto. Rajoy ha hablado a los nacionalistas catalanes con suavidad y no ha querido ver las tremendas consecuencias de su insurrección. De hecho, con el referéndum del 9 de noviembre de 2014, Cataluña mostró que era una entidad política (todavía no un Estado) independiente en la que las normas jurídicas españolas carecen de validez. La política de Rajoy fió a la acción de la justicia la restauración del estado de derecho presentando una querella contra Artur Mas. A día de hoy (y han pasado diez meses) tal restauración no ha tenido lugar. Es un hecho que Mas ni siquiera ha sido llamado a declarar en el sumario correspondiente y que tanto el fiscal como el TSJ de Cataluña marean la perdiz en espera de nuevos vientos. No hay justicia española en Cataluña y la política del gobierno español es un fracaso. ¿Ocurrirá lo mismo cuando se declare unilateralmente la independencia?

La presión de los nacionalistas excluyentes viene de muchos años atrás, a pesar de esto sucesivos gobiernos de izquierda y derecha han abandonado la educación pública en manos de los nacionalistas. Con un PP y PSOE unidos en algunas pocas cosas fundamentales, ¿podrían haber llegado CiU y Ezquerra al grado de influencia que ejercen actualmente?

La política española en este terreno ha sido la de conllevar el problema de Cataluña. El consejo o la afirmación que hizo Ortega y Gasset en las Cortes de la República (conllevar Cataluña) ha sido un enorme error. Y ahora se pagan las consecuencias. Además, nuestro modelo electoral le ha dado al nacionalismo catalán un plus de representación, un poder adicional que se ha empleado contra España. Los errores se pagan.

Decía nuestro Julián Marías que una de las taras de la izquierda española, y también de buena parte de la derecha, es la visión negativa de la historia de España. ¿Qué le parece esta afirmación?

Me parece correcta, aunque no estoy seguro de que ello sea relevante en este caso, más allá de que, en especial para la izquierda, ello haya provocado un desapego hacia la idea y la realidad nacional de España.

¿Qué medidas debería adoptar el próximo gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones generales? Además hay que tener en cuenta que un resultado favorable el próximo 27-S a la tesis independentista va a encontrar un gobierno prácticamente en funciones y, por tanto, con poco margen de maniobra.

Vayamos por partes. Que el gobierno esté en funciones no significa que no pueda tomar medidas para enfrentar la secesión dentro del marco constitucional. Además, las diputaciones permanentes del Congreso y del Senado pueden ejercer las funciones que les encomienda la Constitución para afrontar este asunto. Por tanto, lo relevante no es la situación de interinidad del gobierno sino su voluntad política. Si la secesión se produce en esa situación, el gobierno tendrá que emplear la batería de instrumentos constitucionales, desde la apelación a la intervención del Tribunal Constitucional hasta la aplicación del artículo 155 o del 116.

Otro tema es lo que haya que hacer después y que corresponderá a la iniciativa del gobierno que salga de las urnas. En mi opinión el tema catalán no debe abordarse ni mediante la modificación del sistema de financiación autonómica, ni menos aún desde una reforma constitucional que otorgue a Cataluña un estatus singular. Creo que lo que hay que hacer es, inspirándonos en la experiencia de Canadá, una Ley de la Claridad para España en la que se establezcan los procedimientos y condiciones para que desde cualquier parlamento autonómico pudiera plantearse una reforma constitucional que diera lugar a la secesión de un territorio. Esa ley tendría que regular la consulta previa a la población de ese territorio, sus plazos, la naturaleza y condiciones de la pregunta a realizar, los procedimientos de información a los ciudadanos sobre el asunto, las consultas a ventilar ante la Unión Europea acerca del estatus del futuro territorio independiente, la participación exigible, la amplitud de la mayoría exigible, la protección de los derechos de cualquier minoría territorial que rechace la secesión, etcétera. Con una ley de esta naturaleza, de lo que se trata es de quitarle la iniciativa a los nacionalistas e impedirles que por procedimientos no democráticos (como ahora ocurre) traten de imponer su voluntad.

Usted que conoce bien la situación en el País Vasco, ¿cree que ha aprendido el PNV la lección de lo ocurrido a CiU? En la medida que este partido se ha radicalizado en sus tesis ha ido perdiendo terreno que ha sido ocupado por la Ezquerra Republicana. ¿Podría pasarle algo similar al PNV con Bildu?

El PNV no ha aprendido nada de CiU sino de sí mismo. La experiencia del Plan Ibarretxe y de su fracaso fue traumática para los nacionalistas vascos; tan traumática que perdieron el poder. Por eso no apoyan a Artur Mas. Es más, en el PNV saben que su principal rival político está entre los epígonos de ETA y, por ello, su política se orienta a recuperar y consolidar la hegemonía del nacionalismo. Ello les conduce a la moderación. Creo que seguirán en esa línea por bastantes años y que, por tanto, no es esperable ninguna confluencia del PNV con Bildu.

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