Móviles y colegios

Mundo · Fernando García Fernández
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10 octubre 2018
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, acaba de anunciar que el Gobierno estudia la posibilidad de prohibir el uso de los móviles en los centros educativos con el objetivo de disminuir la adicción digital de los estudiantes. Aunque advierte de que hay “opiniones fuertemente encontradas” y por ello “lo vamos a estudiar con expertos”. Pues, distinguida ministra, para animar el debate, en las siguientes líneas voy a intentar exponer mi parecer sobre la cuestión.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, acaba de anunciar que el Gobierno estudia la posibilidad de prohibir el uso de los móviles en los centros educativos con el objetivo de disminuir la adicción digital de los estudiantes. Aunque advierte de que hay “opiniones fuertemente encontradas” y por ello “lo vamos a estudiar con expertos”. Pues, distinguida ministra, para animar el debate, en las siguientes líneas voy a intentar exponer mi parecer sobre la cuestión.

En primer lugar, la idea no es del todo original. Por ejemplo, como conocerá, el Gobierno francés ya ha prohibido, desde este curso escolar, el uso del móvil en los centros escolares, incluso durante los recreos, a los alumnos menores de 15 años. Por otro lado, en España casi todas las autonomías y muchos colegios públicos, concertados y privados, ya han incluido alguna disposición en sus planes de convivencia para regular de alguna manera el uso de estos dispositivos durante el horario escolar.

En segundo lugar, quizá el origen de la oposición o las reservas a aplicar tal medida esté en el miedo que parece que tenemos en nuestro país a conjugar el verbo prohibir, como si su sola mención nos hiciera retroceder a otros momentos de nuestra historia ya superados. Incluso, se afirma que prohibir no es educar, como si no existieran prohibiciones vigentes en todos los colegios (por ejemplo, está prohibido fumar). Si este fuera el problema, conjuguemos el verbo regular; es decir, regulemos el uso del smartphone en los colegios, como está regulado, por ejemplo, el uso de la motocicleta. Los alumnos que disponen de la madurez suficiente (lo que, a día de hoy, se mide por su edad) pueden obtener un permiso de circulación, lo que les habilita para ir en su vehículo hasta el centro escolar, pero no para usarlo en su interior durante el horario escolar, en aras a preservar la seguridad del resto de las personas que a él acuden. ¿No se podría articular alguna normativa semejante en el caso del móvil?

En tercer lugar, hay quienes afirman que el teléfono móvil puede ser una herramienta didáctica más. Ahora bien, en mi opinión, de momento, el uso de estos dispositivos en el aula está más cercano al marketing o a la moda que al aprovechamiento educativo. Creo que no debería hacerse con una pantalla lo que se puede hacer mejor sin ella. Y hay muchas actividades que, en las aulas, siguen siendo más provechosas cuando los alumnos las realizan alejados del mundo digital, porque en un colegio no solo se persigue el aprendizaje, sino el desarrollo de otras competencias, entre ellas, las habilidades sociales. Me inquieta mucho que miles y miles de niños de primaria o adolescentes de secundaria campen a sus anchas con estos dispositivos por los centros escolares, porque está demostrado que aumentan de manera muy significativa los problemas de convivencia, aparecen nuevos conflictos y disminuye el contacto entre las personas. El alumnado esta más pendiente de lo que ocurre en la pantalla que de convivir con sus compañeros o de participar en el desarrollo de las clases. Todo lo anterior no es óbice para que, en determinados momentos de la jornada escolar, puedan utilizarse ordenadores, tabletas o, incluso, móviles, si los beneficios que aportan son superiores a los posibles riesgos que pueden aparecer.

En cuarto lugar, hay quienes creen que una medida semejante es imposible de aplicar. Sin embargo, desde mi propia experiencia como director de ESO y Bachillerato en un centro concertado que reguló su uso durante el pasado curso, afirmo que sí es posible, que los beneficios obtenidos son enormes y que toda la comunidad educativa –familias, personal (docente y no docente) y alumnado– la valoró muy positivamente cuando evaluamos el impacto de su aplicación. Les aseguro que, entre todos, conseguimos que los móviles se hicieran invisibles durante el horario escolar y que la convivencia en el centro educativo mejorara de manera considerable, porque se evitaron muchos de los problemas que ya se habían empezado a producir y los alumnos se relacionaron más y mejor.

En resumen, señora ministra, le animo a que el Gobierno siga explorando y trabajando la posibilidad de regular por ley el uso de los dispositivos móviles en los colegios. Estoy seguro de que la mayoría de los docentes, las familias y, aunque parezca lo contrario, también muchos alumnos y alumnas le agradecerán la valentía de superar rancios tabúes y dotar a los centros educativos de herramientas legislativas que les permitan ser todavía mejores.

Fernando García Fernández es profesor y autor de ‘La batalla del móvil’

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