Moralismo antidemocrático

España · Fernando de Haro
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25 julio 2011
El miércoles, para anunciar su dimisión, Camps compareció con pantalón gris marengo y americana. Sin traje. Estaba dispuesto, horas antes, a declararse culpable y aceptar la multa. Dos cosas le hicieron cambiar. Los políticos, cuando deciden, son como todos. La libertad siempre se moldea en un punto recóndito, en torno al grumo inconfesado de lo más querido o lo más odiado. La elección sólo certifica lo que domina desde hace tiempo el ánimo. Y a Camps le podía la que consideraba una guerra a muerte de Ricardo Costa y de Zaplana. Se sentía sin ganas para hacer frente a sus dos rivales, que cuentan con importantes apoyos en la prensa nacional. El conflicto de siempre alimentado por odios en conserva y recrudecido después de que un hombre de Camps se hubiera hecho con el control de la diputación de Alicante. A eso se unió el poco entusiasmo mostrado por Génova para que siguiera en su puesto tras la posible conformidad con los cargos.

El jueves Rubalcaba argumentó que el Faisán y los trajes no tienen nada que ver. Hay que darle la razón al candidato socialista. En el chivatazo estamos ante el gran debate sobre los medios y los fines. El socialismo de Rubalcaba sugirió que acabar con el terrorismo justificaba el GAL y ahora da a entender que justifica un soplo a los terroristas. Eso es una cosa y otra la corrupción. Tolerancia cero con las dos, pero distinguiendo. Camps se equivocó desde el principio en el modo de gestionar la crisis de los trajes. Se ha ido y bien está. Pero en este país tendríamos que hacernos mirar un moralismo algo hipócrita que ha construido una narrativa peligrosa sobre la limpieza de las conductas. En nombre de la moralidad de la vida pública se meten en un mismo saco a imputados, procesados y condenados, conductas muy variadas que van desde lo pequeño hasta tramas de instrumentalización del Estado. La opinión pública se queda desarmada ante potentes aparatos mediáticos que magnifican y empequeñecen los asuntos en función de las luchas internas y externas de partidos políticos, cada vez más autorreferenciales. Crean una agenda propia que no tiene nada ver con la gente. Todo ello alimentado por la lentitud creciente de la justicia. Según datos del CGPJ, a comienzos de 2000 había 2.074.000 asuntos sin resolver en los juzgados, en 2010 sumaban 3.225.000. En esta situación el discurso de los puros suele ser siempre interesado y hace más débil nuestra democracia. La deja en manos de poderes no controlados. No hay más que recordar cómo se cargaron a Pilar Miró, a Josep Borrell y lo que hizo Bono con el caso del lino. El moralismo abstracto -todos los políticos son unos chorizos- aumenta la falta de compromiso con la construcción real de la democracia. Se produce lo que Arendt llama "la desaparición del gusto por la libertad política, la retirada del individuo a una esfera íntima".

El viernes, Caamaño presentó la reforma del proceso penal. Si prospera se unirá a las leyes de igualdad de trato y de muerte digna. Una auténtica bomba de relojería para la vida social española. Los fiscales casi sustituyen a los jueces de instrucción. Como no se gana en independencia del Ministerio Público, se le propina un nuevo golpe a la división de poderes. Mala combinación la que suma moralismo y tribunales politizados. En Italia, acabó con la primera república.

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