Ministerio de Ciencia: una agenda repleta

Mundo · César Nombela
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15 junio 2018
La noticia reciente de un nuevo Ejecutivo en España nos da cuenta de que una de las carteras incluidas es Ciencia, Innovación y Universidades. Como científico estoy del lado de los que piensan que la creación de conocimiento y todo lo que conlleva (transmisión, transferencia, explotación, tecnología, ingeniería, desarrollo…) debe constituir una prioridad. Priorizar en política significa invertir, significa gestionar con eficacia, al tiempo que reformar lo que sea necesario para que esa priorización dé sus frutos.

La noticia reciente de un nuevo Ejecutivo en España nos da cuenta de que una de las carteras incluidas es Ciencia, Innovación y Universidades. Como científico estoy del lado de los que piensan que la creación de conocimiento y todo lo que conlleva (transmisión, transferencia, explotación, tecnología, ingeniería, desarrollo…) debe constituir una prioridad. Priorizar en política significa invertir, significa gestionar con eficacia, al tiempo que reformar lo que sea necesario para que esa priorización dé sus frutos.

Parecería que, a la hora de establecer objetivos prioritarios para nuestra sociedad y su futuro, desarrollar Ciencia y Tecnología puede constituir un punto de encuentro, en el que las fuerzas políticas tienen una excelente ocasión para el consenso. Saludamos ciertamente la creación de un ministerio que lleva el rótulo de Ciencia. Pero tampoco se nos escapa que al incluir el nuevo Gobierno cuatro carteras más que el anterior, el esfuerzo del titular de Ciencia para hacer valer la prioridad de la I+D tendrá que ser muy grande.

Tres intentos anteriores

En 1979, tras ganar las elecciones al frente de la UCD, el presidente Suárez creó un Ministerio de Universidades e Investigación. Su existencia fue efímera, en apenas dos años y tras los avatares del 23F, las competencias volvieron al Ministerio clásico de Educación y Ciencia. No obstante, sí cabe decir que desde el comienzo de los ochenta se fue configurando en España un sistema de Ciencia y Tecnología que aspiraba a invertir, a seleccionar y a priorizar la investigación de calidad y a expandir el sistema universitario.

Hay que reconocer que la Administración del PSOE que encabezó Felipe González en 1983, manteniendo las competencias en Educación y Ciencia, promovió en 1986 la llamada Ley de la Ciencia, que fue aprobada también por la fuerza mayoritaria de la oposición, la entonces Alianza Popular. La referida ley supuso un impulso notable a nuestros esfuerzos en pro de la Ciencia y la Investigación, avanzamos en inversión, en producción científica y en internacionalización, con una gestión adecuada que estimuló la creación de grupos científicos en todos los organismos. Todo ello quedó reforzado con nuestro ingreso en la Unión Europea. En muchos foros he sostenido que esta Ley de la Ciencia, ampliamente consensuada, produjo excelentes frutos; en contraste, la Ley de Reforma Universitaria (LRU), con sólo algunos aciertos, puso las bases de muchos de los males que ahora aquejan a nuestra universidad, en especial la endogamia y la falta de movilidad del profesorado.

El segundo intento de Ministerio de Ciencia llega en 2000 de la mano del presidente Aznar. Tras la primera legislatura del PP, el Ejecutivo incluía un Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la ventaja de que se creaba a expensas del preexistente de Industria y Energía, es decir con personal claramente asignado y una excelente infraestructura física, amén de incluir al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y los demás organismos públicos de investigación (OPIs). No fue brillante la tarea de los gestores de ese ministerio, fueron relevados en dos años y en 2004, la vuelta del PSOE al Gobierno con Zapatero significaba el regreso de las competencias de investigación de nuevo al Ministerio de Educación y Ciencia. No obstante, el esfuerzo de España en I+D, entre 2000 y 2004, creció a buen ritmo alcanzando la cifra del 1,07% del PIB y marcando una tónica de crecimiento que habría de persistir. Y persistió tras la supresión de este ministerio por el presidente Zapatero en 2004 y el nuevo retorno de las competencias a Educación. Entre 2004 y 2008 la I+D llegó al 1,35% del PIB, siempre según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Y sería en 2008 cuando de nuevo Zapatero lo intenta creando en su segundo mandato el Ministerio de Ciencia e Innovación (con la competencia en Universidades, como el actual). En solo un año, este ministerio pierde Universidades y se mantiene hasta 2011. Las cifras son de nuevo inequívocas, la creación de este Ministerio de Ciencia e Innovación marca el momento del estancamiento y caída de la inversión en I+D en España. En 2011 invertimos el 1,33% del PIB en I+D, indicador suavizado por la caída de la actividad económica en la situación de crisis vivida. La caída se ha mantenido desde 2012, con una nueva modalidad ministerial (Economía y Competitividad) y sólo en los dos últimos años se comienza a remontar.

Una tarea ingente

Necesitamos invertir más en Ciencia y lo que de ello se deriva o puede derivarse; la innovación, la gestión pública adecuada, el crecimiento económico, la competitividad, etc. se benefician de todo ello si la gestión es adecuada. Estamos ahora en menos del 1,2% del PIB en I+D. La distancia con los países que han alcanzado más del 3%, varios en Europa, o con la media de la UE que está por encima del 2% es sideral. A pesar de todo, nuestra producción científica alcanza más del 3% de la mundial, muchos de nuestros grupos compiten bien en programas europeos, tenemos una notable riqueza de cuestiones científicas que abordar, sanitarias, ambientales, energéticas, sociales. Tendremos que ocuparnos de los detalles en otro artículo pero la tarea del nuevo ministerio es ingente: gestionar adecuadamente, lograr la prioridad deseada y, sobre todo, reformas.

César Nombela es catedrático, presidente del CSIC (1996-2000), rector de la UIMP (2013-2017)

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