Mikel Buesa: `Necesitamos una nueva regulación electoral`

¿Estamos viviendo un fin del régimen que creamos en la transición?

No creo que estemos viviendo el final del régimen constitucional de 1978, en el sentido de que esté en cuestión el sistema de libertades que la Constitución consagra. Más bien pienso que la actual crisis política tiene que ver con algunos aspectos institucionales, establecidos también en la Constitución, que han acabado mostrándose como muy disfuncionales. Pienso, básicamente, en dos asuntos: el sistema electoral y la cuestión de la distribución territorial del poder. El primero es la clave de bóveda de un sistema de partidos políticos que encuentra severas dificultades para la renovación de sus líderes y para la exigencia de responsabilidades políticas en temas clave, como la corrupción. Y el segundo se encuentra muy importantemente asociado al despilfarro de recursos públicos y a la ineficacia de las Administraciones Públicas para resolver los problemas sociales en tiempos de restricción presupuestaria.

¿Por qué Podemos se ha convertido en la primera fuerza en intención de voto?

Son esos problemas que acabo de señalar los que han ido generando una sensación general de descontento en una mayoría de ciudadanos, dando lugar al ascenso en la intención de voto a un partido populista, plagado de propuestas demagógicas, como Podemos. Es interesante observar que muchos de los que se declaran partidarios de Podemos son conscientes de que su programa político no va a ser capaz de arbitrar soluciones viables a los problemas reales, aunque lo que desean fervientemente es dar una lección a los partidos tradicionales, en especial a los hasta ahora mayoritarios.

Una situación así response a una acumulación de hartazgo, de saturación de los ciudadanos, que no responde a la dimensión real de los problemas sino más bien a una percepción hipertrofiada de ellos propiciada por la radical ausencia del arbitrio de soluciones desde los que actualmente ostentan el poder. El caso de la corrupción es, a este respecto, paradigmático. La dimensión real de la corrupción es bastante limitada. Las encuestas muestran que casi ningún ciudadano ha experimentado mordidas o exigencias de pagos para resolver sus asuntos ante la Administración Pública; y sin embargo alrededor del 95 por ciento de ellos piensa que la corrupción es muy elevada en España. Por otra parte, los casos conocidos durante la última década, unos 1.700, se evalúan por algunas fuentes en torno a los 11.500 millones de euros brutos, lo que significaría un quebranto para la hacienda de alrededor de 1.200 millones. Esto significa que los corruptos se habrían llevado al bolsillo unos 120 millones al año en diez años. Pero lo que muestran los estudios económicos acerca de la percepción de los españoles sobre la corrupción es que se da una hipervaloración del fenómeno. Un trabajo realizado por un grupo de profesores de la Universidad de Las Palmas evalúa la pérdida de bienestar del conjunto de los españoles en 39.500 millones de euros al año, más o menos un 4 por ciento del PIB. Esta cifra es equivale a la pérdida de bienestar que se experimentaría si se nos gravara, a todos los españoles, niños y adultos, con un impuesto de 822 euros cada año.

Es claro, por tanto, que la acumulación de noticias escandalosas sobre la corrupción (que, además, se han producido en un sentido ascendente, desde la corrupción municipal hasta la de los partidos, los sindicatos, las Comunidades Autónomas o incluso la familia del Rey) genera un hartazgo tal que el fenómeno se hipervalora para dar lugar a la búsqueda de salidas muy drásticas. Podemos refleja esas salidas y ofrece un mensaje de esperanza regeneradora, envuelta en soluciones fantasiosas y demagógicas, que muchos quieren oír. De ahí su éxito.

¿Qué le parecen las propuestas que se han hecho desde www.paginasdigital.es?

En general las propuestas que se han hecho desde Páginas Digital me parecen correctas, aunque con algunos matices. En concreto, creo que las llamadas a la responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos deben acompañarse de propuestas de cambio institucional en dos terrenos: uno, el de la separación de la gestión pública por parte de los funcionarios de la dirección política por parte de los gobernantes, de manera que no estaría de más aprender de los británicos en este asunto; y dos, el de la constitución de órganos de control (como el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o la Comisión de Mercados y Competencia) separados de la influencia cotidiana de los partidos políticos, lo que podría lograrse por la vía de nombrar a sus miembros o bien de forma vitalicia o bien con mandatos largos (unos 10 años) no renovables.

¿Sería una solución ampliar la proporcionalidad en el sistema electoral?

En la reforma del sistema electoral, soy más bien partidario de reforzar la proporcionalidad en el Congreso, lo que podría establecerse con su ampliación a 500 diputados. Al mismo tiempo, creo que el Congreso debería dejar de albergar a los minipartidos de carácter territorial, para lo que bastaría exigir un mínimo del 2 por ciento del voto nacional para entrar en él. Este cambio tendría que estar compensado con un radical cambio en el Senado para que, de verdad, fuera una cámara de representación territorial. Unos cambios de esta naturaleza en el sistema electoral tendrían una repercusión importante sobre la configuración de los partidos políticos al introducir más competencia en el mercado del voto. Es esa competencia la que constituye un incentivo para mejorar la selección y renovación de líderes en todos los niveles, local, provincial, regional y nacional.

¿Es necesaria una reforma territorial del Estado?

En materia territorial creo que los dos aspectos principales son los referidos a la delimitación competencial de las Administraciones para eliminar las duplicidades y establecer la preeminencia de la legislación estatal, lo que exige un cambio en la Constitución y en la doctrina del Tribunal Constitucional, y al establecimiento de un sistema de financiación equitativo para todas las regiones, lo que implica suprimir los privilegios del País Vasco y Navarra, a la vez que revisar a fondo el actual sistema de las Comunidades de régimen común.