Menos de lo que esperábamos, aunque esperábamos más de lo que debíamos esperar

Las principales medidas de reforma del sistema tributario propuestas por el actual gobierno hace escasamente dos semanas han hecho aflorar el debate sobre nuestro sistema estatal de financiación, así como el de las necesidades públicas y el del equilibrio financiero. Esto es ¿de dónde obtenemos ingresos? y ¿cómo los obtenemos?, y por otro lado ¿cómo afrontamos el gasto de las necesidades sociales del Estado?, en principio ilimitadas. De nuevo la cuestión de fondo que debe ser resuelta, como así nos reclama Europa, es la de determinar la modalidad de cumplimiento del compromiso de déficit exigido dentro de ámbito comunitario si se aprueba, con carácter general, una rebaja impositiva a los contribuyentes y, por tanto, un detraimiento de los ingresos con los que afrontar las necesidades de unas administraciones que todavía deben realizar un profundo ajuste en sus estructuras.

La reforma propuesta tiene un carácter provisional y no es definitiva. Está articulada a través de cuatro anteproyectos de Ley que modifican el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y modificación parcial de la Ley General Tributaria, por lo que en todo caso debe contemplarse la posibilidad de que se produzcan modificaciones antes de su definitiva publicación. De hecho ya se han empezado a proponer cambios sobre algunas cuestiones de las originalmente propuestas, como es el caso de la tributación de las indemnizaciones laborales por despido.

Uno de los aspectos de más interés de la reforma, de otros muchos a los que es imposible hacer referencia en estas breves líneas, se refiere a la reducción de la carga tributaria para las clases medias en su renta personal. Las cuales han sido las que han soportado un incremento sustancial de la carga tributaria en los años de peor situación económica de las arcas del Estado y del riesgo de intervención de nuestro país, y sobre las que ahora se relaja la presión fiscal de un arco importante de la población. En este sentido el IRPF introduce un mayor reconocimiento fiscal a la familia mediante el incremento del mínimo personal y familiar, con la finalidad de obtener una mayor progresividad del impuesto, incrementado las deducciones por hijos y acogimiento. Es posiblemente el aspecto más reseñable de carácter social de la reforma, al reconocerse fiscalmente la importancia de la familia como estructura articuladora de nuestra sociedad. Sin embargo la reforma tiene aspectos muy negativos en materia del IRPF, siendo realmente incomprensible la reducción aplicada a las cantidades aportadas a planes de pensiones ya que limita dicha deducción a la cantidad de 8.000 euros, lo que hace desincentivar planes de pensiones privados que son esenciales ante el riesgo futuro de la percepción de pensiones en el sistema público, y el deterioro de las mismas que probablemente quede reducido al pago de cantidades únicamente de subsistencia de los jubilados.

En materia del Impuesto sobre Sociedades la reforma camina hacia el rumbo que ya había sido marcado por el comité de expertos en el Informe Lagares que presentó sus conclusiones en el mes de febrero. Bajada de tipos impositivos de manera progresiva en dos años, hasta llegar a un suelo de un tipo general y único del 25%, salvo entidades de pequeña dimensión. Extinción de las múltiples deducciones existentes por diferentes conceptos que distorsionaban la tributación final, manteniéndose únicamente aquellas deducciones en materias estratégicas sobre las que se diseñaron los nuevos ejes de la economía española del futuro como era el caso de la I+D, así como la aplicable a la producciones cinematográficas. En este sentido se echa en falta una mayor generosidad en el establecimiento de un tipo impositivo más reducido, incluso hasta del 20%, con el que hacer realmente atrayente el establecimiento de empresas del entorno europeo en nuestro territorio con la finalidad de una mayor recaudación vinculada a un mayor volumen de sociedades establecidas en nuestro territorio.

Pero si hay un aspecto que debe ser decisivo en la presente reforma fiscal es el que hace referencia al mayor grado de exigencia de lucha contra el fraude fiscal y la evasión. En este sentido la reforma propone medidas que pueden ser importantes para poder incrementar la capacidad recaudatoria. Tenemos que recordar que nuestro país se encuentra a la cola de los países que recauda en función de su PIB, lo que hace que nuestro sistema tributario sea altamente ineficiente en esta materia y objetivamente injusto para los cumplidores. Se establecen medidas de lucha contra el fraude tales como la publicación de lista de morosos, o la lucha contra el fraude fiscal internacional, las denominadas BEPS, vinculadas a la transparencia internacional. Otras medidas son más cuestionables en relación con las garantías de los contribuyentes como son la ampliación de los plazos de la inspección tributaria en determinadas circunstancias tasadas, o la determinación por parte de la Administración tributaria de un comportamiento defraudador y la interpretación razonable de la norma, la cual debe quedar muy nítida ya que es donde se produce una mayor contraposición de intereses y conflictividad entre la Administración y los contribuyentes.

Todas las propuestas fiscales deberán además encuadrarse dentro de un contexto en que las administraciones autonómicas, con amplias competencias delegadas en materia de IRPF, se muestran cada vez más celosas y beligerantes con la defensa de un sistema de financiación satisfactorio, difícil de cerrar a gusto de todos y con escasos recursos monetarios disponibles. Paralelamente las autoridades comunitarias prestarán un especial seguimiento del cumplimiento del déficit, derivado de la disminución de la tributación directa y el no incremento de los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, sobre el cual realmente no se ha dado una explicación por nuestras autoridades en aclarar cómo se cuadrará finalmente, siendo uno de los retos más importantes de esta reforma tan profunda de nuestro sistema fiscal.

Una reforma fiscal que sin duda establece las bases esenciales para modernizar nuestro sistema tributario, dinamizar sectores económicos que han sido especialmente castigados por la crisis económica y que trata muy satisfactoriamente la fiscalidad de las rentas del trabajo y del ahorro para las clases medias. El mayor reto vendrá determinado por la creación de una conciencia social contra el fraude fiscal y la lucha contra la erosión de bases imponibles de las grandes multinacionales que suponen una reducción de los ingresos tributarios.