Editorial

`Más Sociedad menos Estado` ya no sirve

España · Fernando de Haro
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3 mayo 2015
El lema “más sociedad menos Estado” se utilizó en los años 90 para reivindicar mayor protagonismo de la sociedad civil en el espacio público. Ahora ya se antoja una fórmula demasiado simple, un eslogan que quizás haya sido superado por las nuevas circunstancias. Es unas de las conclusiones que se extraen de una lectura atenta del libro “Autonomía(s) para la sociedad”, un volumen que acaba de publicar en España Ediciones Encuentro en colaboración con www.paginasdigital.es. En el texto diferentes especialistas abordan políticas sectoriales con las que se puede concretar la subsidiariedad en la política regional.

El lema “más sociedad menos Estado” se utilizó en los años 90 para reivindicar mayor protagonismo de la sociedad civil en el espacio público. Ahora ya se antoja una fórmula demasiado simple, un eslogan que quizás haya sido superado por las nuevas circunstancias. Es unas de las conclusiones que se extraen de una lectura atenta del libro “Autonomía(s) para la sociedad”, un volumen que acaba de publicar en España Ediciones Encuentro en colaboración con www.paginasdigital.es. En el texto diferentes especialistas abordan políticas sectoriales con las que se puede concretar la subsidiariedad en la política regional.

Hace 25 años, cuando todavía estaban muy vivos en la memoria los regímenes marxistas que habían dominado Europa, existía una lógica preocupación por restarle peso al Estado. Había que frenar su pretensión de ser el único protagonista tanto en la gestión de los servicios públicos como en la “gestación del buen ciudadano”. El Estado debía proporcionar estabilidad jurídica y constitucional, facilitar la prosperidad económica, renunciar a cualquier labor educadora y dar paso a los cuerpos intermedios. Es una reivindicación que sigue siendo justa pero necesita ser matizada y completada. La globalización, los efectos negativos de la desregularización –que explica buena parte la crisis– y la aportación del “pensamiento social” de los dos últimos Papas han puesto de manifiesto hasta qué punto es necesario repensar la relación entre sociedad y Estado.

El eslogan “más sociedad menos Estado” puede interpretarse en clave liberal y, de hecho, eso es lo que ha sucedido en no pocas ocasiones durante los últimos años con consecuencias negativas que están a la vista de todos. En España, de hecho, esta interpretación sigue siendo la dominante porque difícilmente se entiende que entre el Estado y el mercado exista algo con peso. Si el lema de los años 90 se repite sin llevar a cabo un trabajo de tipo cultural y antropológico y sin valorar el papel discriminador de la Administración es fácil que prevalezca una sensibilidad “economicista”. Sensibilidad con la que a un Gobierno se le juzga, sobre todo, por su capacidad de favorecer la creación de riqueza. Eso supone olvidar que nunca hay una política, tampoco en economía, que sea neutral.

En la historia de Europa hemos visto cómo en muchos casos la sociedad civil se ha reducido a sociedad económica y esa sociedad económica a intereses. El carácter autónomo de la economía, trasfondo cultural y antropológico de buena parte del capitalismo del siglo XXI, ha sido identificado por algunos como parte del proceso de secularización y como expresión de la pérdida de la sustancia de la persona.

No es fácil sustraerse a esa lógica para la que la suma de los intereses de los ciudadanos y de las iniciativas sociales particulares es capaz de generar “per se” una ciudad mejor. Pero lo que ha sucedido en los últimos quince años nos ha demostrado que no hay nada mecánico. Las obras sociales también deben comparecer ante el tribunal del bien común. Y aquí es donde el Estado tiene un papel decisivo que jugar. No solo como un árbitro neutral, sino como impulsor y fomentador de las iniciativas que realizan una contribución real a la socialización. Es la lógica de la relación, de la gratuidad, la que construye sociedad. Y el Estado no puede limitarse a apartarse para dejar paso a lo que nace de abajo, sino que debe involucrarse para seleccionar, fomentar, indicar e impulsar aquellas obras que, de hecho, mejoren la cohesión y la solidaridad. La Administración no puede inmiscuirse en los idearios de las iniciativas sociales, siempre que se muevan dentro de los límites constitucionales, pero sí puede y debe juzgar sus resultados. No es una cuestión abstracta. Es un criterio decisivo para superar el economicismo a la hora de decidir con qué entidades se hace la transición del Estado del Bienestar a la sociedad del Bienestar, a qué organizaciones conviene convertir en prestadoras de servicios: en el ámbito de la sanidad, de la enseñanza, de la atención a los mayores, de la dependencia y de muchos otros sectores. En un sentido metafórico se puede decir que, de este modo, el Estado recupera una cierta tarea educativa: favorece más a los que sirven a todos que a los que tienen como único objetivo los intereses particulares. Es lógico que se alíe con los “socializadores”.

Benedicto VXI en la Caritas in Veritate ya señaló que “el mercado único de nuestros días no elimina el papel de los Estados, más bien obliga a los gobiernos a una colaboración recíproca más estrecha. La sabiduría y la prudencia aconsejan no proclamar apresuradamente la desaparición del Estado” (núm. 41). Porque “en la época de la globalización, la actividad económica no puede prescindir de la gratuidad, que fomenta y extiende la solidaridad (núm. 38) y “necesita igualmente leyes justas y formas de redistribución guiadas por la política, además de obras caracterizadas por el espíritu del don” (núm. 37). A lo que Francisco añade que “ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso” (Evangelii Guadium núm. 204).

Habrá que buscar otro lema. Se aceptan sugerencias.

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