Más allá de la aritmética

Las elecciones de junio pueden dejar el parlamento español como estaba en Navidad. Seis meses después se volvería a la casilla de salida. Esa es la principal conclusión del barómetro del CIS hecho público este viernes. Es la encuesta más solvente de todas las que se publican en España.

El PP se haría con la victoria (27,4%), pero con una mayoría insuficiente. La intención de voto de los populares desciende respecto a Navidad en 1,3 puntos. El PSOE cae respecto a las últimas elecciones (21%). Sube Ciudadanos, casi dos puntos (15,6%). Parece que los electores premian su voluntad de acuerdo.

La encuesta no refleja el posible efecto de una coalición de Izquierda Unida y Podemos. Podemos es el partido que más pierde, tres puntos. Castigo por la arrogancia y por los malos modos de Podemos. La coalición Podemos e Izquierda Unida podría tener un 24%, lo que puede convertirla en segunda fuerza.

No hay prácticamente cambio en la intención de voto. Las novedades pueden venir porque la coalición Podemos-Izquierda Unida logre un importante avance. Esa coalición puede cambiar la aritmética al aplicarse de otra manera la ley D´Hont, la ley que distribuye los escaños.

Rajoy espera, sin moverse mucho, recuperar el millón muy largo de votantes que se quedaron en la abstención. Espera sumar con Ciudadanos. Espera que el sentido común del PSOE le impida buscar un acuerdo con la izquierda radical de Podemos-Izquierda Unida. Ese acuerdo sería un desastre para el país.

Pero tampoco sería suficiente con que se llegara a un compromiso entre las tres fuerzas leales a la Carta Magna (PP, Ciudadanos, PSOE). Esa fórmula por sí misma no responde al clamor de la sociedad española. Según el CIS, ningún líder político obtiene el aprobado, el 82% de los españoles vemos la situación política mal o muy mal. Tres de cada cuatro españoles está convencido de que los políticos no le escuchan.

El verdadero problema no es aritmético. El cambio vendría de que todos superaran la política de líneas rojas. Después de décadas de democracia se han creado zanjas profundas detrás de los que se levantan grandes castillos ideológicos, que no de ideas. En muchos casos se trata de eslóganes sin consistencia reflexiva que sirven para mantener una parroquia fiel y para distanciarse de los otros. La política española necesita mucho más que parapetos construidos con palabras sacrosantas: libertad de mercado, solidaridad, redistribución, disciplina, excelencia y un largo etcétera. Sobra tacticismo y maximalismo por todas partes, falta sinceridad. Todo se justifica porque es necesario que ganen los nuestros, que no gobierne la otra España, a la que se concibe como la peor de las plagas.

Las premisas para el cambio son la sinceridad y la valoración del otro. Esa valoración del otro es el único motor para encontrar propuestas nuevas que, en la medida de lo posible, recojan los puntos comunes. Podrían no encontrarse esos puntos comunes, pero siempre es posible, al menos, llegar a un compromiso que no aliente el deseo de cambiar todo cuando se derrote al adversario. Pongamos el ejemplo de una de las cuestiones más calientes: el imposible pacto educativo.

Hay un sector muy importante de la sociedad española que considera la libertad de elección de los padres como un principio innegociable. La imperfecta solución del sistema de conciertos se considera la garantía para que el Estado no sea el último sujeto de la educación. Está en su perfecto derecho, revindica un principio constitucional. Hay otra parte de la sociedad española que defiende a capa y espada que son los colegios de titularidad y gestión estatal los únicos sujetos en este campo que deben ser considerados públicos y, por tanto, legitimados para recibir el dinero del presupuesto. No se ha escuchado en los últimos 30 años un debate de fondo sobre las razones de unos y otros. Pero con un sistema educativo cada vez más dual y con unos resultados muy deficientes habrá que empezar a cambiar el discurso. Quizás ya no es el momento de sacar a pasear la bandera de los conciertos –como último bastión– sin propuestas novedosas que disipen la sospecha de la privatización o de la falta de compromiso con las necesidades sociales. Como tampoco es el tiempo de esconderse detrás de discursos de un estatalismo trasnochado, apoyado en prejuicios ideológicos. No podemos dejar de intentar entender qué miedos y qué sensibilidad le hacen al otro pedir más Estado. ¿No vamos a encontrar una solución nueva? ¿No vamos a encontrar al menos una zona de compromiso?

Esta circunstancia delimita, sin duda, la vocación de la presencia católica. Lo más urgente para la vida social y política española –más incluso que el contenido de algunas libertades sacrosantas– es rehacer el marco de esas libertades: el punto de encuentro fuera de unas trincheras en las que se acumula ya demasiado barro. El molesto e injusto sambenito que acusa a los católicos españoles de querer reconstruir la alianza trono-altar, o de imponer su mundovisión sin contar con la libertad, no desaparecerá con acerada y ocurrente dialéctica. No se trata de repetir hasta la saciedad los principios que fundamentan la libertad de educación y la libertad religiosa sino de ejercerlos con una imaginación y creatividad que derriben barreras. Ni los tratados internacionales ni las leyes son eternas, más cuando las sociedades cambian tanto.

Un diálogo sincero sobre los grandes desafíos como son la creación de empleo, la reforma educativa, la sostenibilidad del Estado del Bienestar, el modelo territorial, la financiación de las Comunidades Autónomas y un largo etcétera ayudaría a acercar posiciones. En lo concreto se suelen disipar los fantasmas. El PP no puede seguir haciendo triunfalismo con las políticas económicas, hay muchísimo que cambiar con cerca de cinco millones de parados. Los populares saben que el sistema fiscal se ha quedado sin la reforma que era necesaria. Los socialistas saben que una contrarreforma laboral sería un suicidio y que la sostenibilidad del Estado de Bienestar necesita reformas drásticas. Podemos sabe que sus propuestas de gasto son irrealizables, que no puede limitar la libertad de prensa, que España no es Venezuela. El PP sabe que la reforma educativa que ha aprobado es muy mala y que no goza de consenso, el PSOE sabe que su estatalismo es insostenible. No es un problema de aritmética, es un problema de sinceridad. El reto es que la valoración del otro sea un criterio político.