Editorial

Madrid como ensayo

España · Fernando de Haro
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20 junio 2015
En Madrid se ensayan ya las dos fórmulas entre las que se va a debatir la política española en los próximos años. Primera fórmula. En el ayuntamiento de la capital da los primeros pasos el Gobierno de Manuela Carmena, la alcaldesa amiga de Podemos apoyada por los socialistas. No ha sido noticia la reunión de Carmena con los máximos ejecutivos de los grandes bancos del país (Santander y BBVA) para encontrar una solución, que parece fácil, ante los desahucios.

En Madrid se ensayan ya las dos fórmulas entre las que se va a debatir la política española en los próximos años. Primera fórmula. En el ayuntamiento de la capital da los primeros pasos el Gobierno de Manuela Carmena, la alcaldesa amiga de Podemos apoyada por los socialistas. No ha sido noticia la reunión de Carmena con los máximos ejecutivos de los grandes bancos del país (Santander y BBVA) para encontrar una solución, que parece fácil, ante los desahucios. Los titulares se los ha llevado el cese de uno de sus concejales –que hace años hizo bromas de mal gusto sobre los judíos– y la imputación de su concejala-portavoz por desnudarse en el asalto a una capilla universitaria. Carmena puede convertirse rápidamente en una vacuna contra la epidemia de los que han buscado en Podemos una alternativa de izquierdas al gobierno de la derecha.

Segunda fórmula. En la Comunidad de Madrid –en el gobierno regional– se ha firmado un pacto que va a permitir gobernar al PP. Los populares han aceptado una serie de exigencias de Ciudadanos, el partido emergente de centro. El acuerdo es relevante porque el gobierno regional es el que tiene las competencias políticas más sustanciales y porque bien puede ser un modelo para lo que ocurra tras las generales de noviembre. El PP no gobernará más con mayoría absoluta y la única posibilidad que tiene de hacerlo es apoyado por la nueva formación.

Ciudadanos, que ha querido aparecer como un campeón de la regeneración, ha exigido una serie de compromisos razonables: limitación de mandatos, cese inmediato de los imputados, eliminación de los aforamientos, despolitización de la televisión del gobierno, etc. Se hace así más fácil luchar contra la corrupción. Queda pendiente, eso sí, una reforma de la ley electoral autonómica para adoptar unas listas abiertas como las alemanas. El pacto suprime órganos innecesarios y obliga al PP a hacer política con menos arrogancia. Siempre es positivo.

Hay tres capítulos especialmente interesantes: el económico, el de los servicios públicos y el de la educación. Ciudadanos está obsesionado con que el futuro de la economía pasa por la innovación. Y ha querido que el acuerdo incluyera un aumento de la inversión en este apartado. Es un buen mensaje.

En cuanto al Estado del Bienestar, el nuevo partido ha exigido que se frene el proceso de privatización de la sanidad y de algunas empresas públicas como la que se encarga de la gestión del agua. El debate es apasionante pero se ha planteado mal. En España, tradicionalmente, ha habido y hay una gran resistencia a que la gestión del Bienestar no sea hecha directamente por la Administración. El anterior gobierno de la Comunidad de Madrid abrió una encendida polémica al poner en marcha la gestión de algunos hospitales a través de entidades con ánimo de lucro. El sector sanitario y los madrileños, no sin parte de razón, percibieron la decisión como una privatización. No se avanzó en la transición del Estado del Bienestar al Sistema del Bienestar, no se le dio más peso a las entidades de iniciativa social. Se le concedió más protagonismo al mercado. Fue un ejercicio de liberalismo clásico. Ciudadanos ha impuesto ahora una marcha atrás de esa privatización. El debate, más tarde o más temprano, se reabrirá. Esperemos que en términos más sosegados.

Y por último, en realidad es lo primero, la educación. En enseñanza el anterior Gobierno del PP sí había confiado en la iniciativa social. Promovió numerosos conciertos con colegios no gestionados por la Administración. El pacto con Ciudadanos ahonda, en principio, en esta sensibilidad. De hecho, recoge expresamente la tutela de la libertad de elección de centro y menciona también las becas para la formación profesional. Habrá que esperar que el aumento de profesores para centros públicos que se promete no reduzca el presupuesto para los concertados. Y que la mayor incidencia de la inspección educativa y las referencias a la planificación, también incluidas en el acuerdo, no supongan una vuelta al estatalismo.

La escuela católica vive, como es lógico, meses de inquietud. La fórmula Podemos-PSOE es la que ha triunfado en no pocas Comunidades Autónomas y puede ser la que se imponga en toda España en los próximos cuatro años. No sería deseable. Es conveniente que los padres puedan elegir el centro que deseen para sus hijos.

Pero en cualquier caso quizás ha llegado la hora de recordar que la existencia de colegios propios no garantiza que se transmita la experiencia cristiana. De hecho, durante años, buena parte de la enseñanza en España estuvo en manos de instituciones católicas sin que ello supusiera una transmisión de la fe que luego fuera adoptada crítica, creativa y personalmente por buena parte de las nuevas generaciones.

El ejercicio de la libertad educativa no puede identificarse de forma exclusiva ni de forma prioritaria con la defensa de ciertas instituciones o de ciertos proyectos. La libertad es un espacio que se abre cuando un joven reconoce como un desafío personal la hipótesis que le presenta un adulto. Está siempre sometida al tribunal de la experiencia, un tribunal soberano. Exige que suceda algo que provoque la libertad del joven, que mueva su afecto y su razón por el presentimiento de algo verdadero, bueno y bello, de una vida más humana. Y eso puede suceder en cualquier circunstancia. Todas las batallas son decisivas, pero sin la lucha impenitente por reconquistar una experiencia más humana –a campo abierto– todas son inútiles.

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