Los retos de la ciencia en la Universidad española

En 1930 ya señaló Ortega y Gasset que la “Misión de la Universidad” es enseñar las profesiones intelectuales y hacer investigación científica y preparar futuros investigadores.

El principal destinatario de lo que se hace en la Universidad es la sociedad, por la repercusión en el nivel cultural y bienestar a través de la formación de profesionales en todos los campos y por la repercusión de los avances científicos en la salud, alimentación, comunicaciones, transporte, etc.

Si nos fijamos en el fomento de la investigación, el principal problema de los responsables de la política científica es el de dar prioridad a los campos que más y mejor vayan a repercutir en beneficio de la sociedad. Pero cuando hablamos de beneficio no necesariamente estamos hablando de economía. Hay otros déficits que afectan al nivel cultural y social. Aunque a veces no lo parezca, no solo de tecnología vive el hombre, y no hay que volcar todos los esfuerzos en ciencia y tecnología. Hay un desequilibrio patente entre lo que hacemos o podemos hacer y lo que afecta al pensamiento, y la moral… por lo que habrá que dedicar más atención a otras áreas del conocimiento, como las humanidades, el arte, la literatura o la música, por ejemplo. No nos quejemos después del desmoronamiento de la sociedad en las costumbres y el comportamiento. A esto se refiere el filósofo alemán Hans Jonas, que echa en falta un análisis de los fines de las investigaciones y denuncia el hecho de sus consecuencias: “El ser humano –dice Jonas– ha aumentado su poder dominador de la naturaleza, pero no se ha preocupado por crecer con la misma intensidad en el conocimiento de las consecuencias de ese poder”.

Es preciso tener en cuenta todo esto y ampliar el horizonte respecto a la idea de algún partido político en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 de crear un “Comité de Ciencia y Tecnología” para asesorar al Gobierno de la nación en temas de investigación y desarrollo en el que intervinieran investigadores y especialistas de reconocido prestigio españoles y extranjeros.

Un segundo frente en la expectativa de la ciencia afecta a la propia Universidad. La positiva evolución económica de las últimas décadas y la descentralización de las competencias educativas tras la aprobación de la Constitución de 1978 ha llevado a la existencia de una excesiva dotación que según datos oficiales actuales se traduce en 85 universidades, con 1.828 centros entre públicas y privadas, y una oferta de unas 13.500 titulaciones diferentes. Lo mucho no es equivalente a lo bueno, y así ocurre que en el Ranking Web de las Universidades, donde se comparan los resultados académicos de 12.000 universidades de todo el mundo –en base a su producción científica y el número de citaciones en revistas de investigación de todas las ramas–, las universidades españolas no están muy bien colocadas. Los primeros puestos los acaparan las universidades americanas (Harvard, Stanford, Massachusetts, Berkeley…), y hay que descender a la posición 141 para encontrar la primera de entre las españolas, la de Barcelona (que ocupa el puesto 36 entre las europeas)… y aún más allá de los 200 primeros lugares encontraremos las siguientes, en el 205 la Complutense de Madrid, en el 209 la de Granada y en el 210 la de Valencia (72, 74 y 75 entre las europeas, respectivamente).

Con respecto a esto, el pasado 21 de diciembre, la Comisión de Educación y Deportes presentó en la Secretaría General del Congreso de los Diputados un documento de aprobación con modificaciones de una Estrategia Española para la Educación Superior del Grupo Popular, en la que se señala la necesidad de potenciar los esfuerzos de los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las universidades y todas las instituciones y agentes partícipes para la consecución de los objetivos de formación, generación y transferencia de conocimientos en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo y mejora económica de nuestro país. Buenas intenciones que veremos en qué quedan en los próximos años si, como dice a renglón seguido el documento, requieren del consenso social, académico y político en sus objetivos básicos que, siendo de interés común, se nos antoja difícil de conseguir en este país y en este momento en que los políticos miran más a decir no, al distanciamiento y al vapuleo del adversario que a lo que le interesa a España y los españoles.

Entre las medidas a tomar, todas ellas necesarias y urgentes, se indica la necesidad de ubicar a los alumnos en el centro de la estrategia para favorecer su salida al mercado laboral, garantizar la suficiencia financiera mediante su flexibilidad y sostenibilidad, promover en las universidades la internacionalización y especialización, establecer una carrera académica previsible, reconociendo los méritos y capacidades de los profesores mediante un Estatuto del Personal Docente. Se añaden además objetivos relacionados con la modernización de las instituciones, el aumento de becas, la intensificación de la movilidad así como favorecer la presencia en la sociedad en las instituciones de educación superior.

Todo muy sensato, lógico y necesario, pero nada nuevo por otra parte. Esto ha sido una constante de los programas electorales de las dos formaciones políticas que desde la ley de Reforma Universitaria de 1983 han tenido competencias de gobierno hasta ahora, el PSOE y el PP. A estos buenos propósitos se unió Ciudadanos con una detallada y realista crítica sobre la situación de la Universidad española y sus soluciones, con dos largos capítulos de su programa electoral del 20D: “Un pacto nacional para la educación” y “Política científica”. Inédito e irrelevante es lo que proponga Podemos, que en su programa electoral del 20D apenas dedicó un conciso apartado de página y media a la Universidad, carente de contenido analítico.

Sobre el papel sabemos lo que piensan los principales dirigentes políticos. Pero hay además dos factores que están condicionando el clima de satisfacción y eficiencia necesario para un buen desarrollo de la doble misión de enseñar e investigar de los profesores universitarios.

En primer lugar está la forzada implantación de una reforma de las titulaciones de licenciaturas y grados que finaliza con el Real Decreto 3+2 (RD 43/2015, de 2 de febrero), con la implantación de 3 años para el Grado y 2 años para el máster. Esto ha forzado a las universidades a adecuar sus estudios a las de aquellos países con los que tenemos una mayor movilidad internacional de estudiantes, y con los que compartimos un mercado laboral común. Este sistema, comúnmente asociado a ‘Bolonia’, trata de facilitar el reconocimiento de títulos entre universidades y la movilidad de los estudiantes en Europa. Todo muy bien, pero no sin consecuencias. El plan ‘Bolonia’ ha supuesto una revolución en la oferta de materias, reducción de grupos de alumnos, modificación de los calendarios, reducción de los programas de muchas asignaturas y la aparición de nuevas exigencias de seguimiento de los estudiantes, convirtiendo a los profesores en autómatas con apenas tiempo para actualizar sus cursos y preparar las clases y sobre todo para investigar y aumentar la producción científica. La implantación del nuevo sistema de educación habrá dado lugar a una convergencia con las dos terceras partes de los países que forman parte del Espacio Europeo de Educación Superior, pero ha generado un desequilibrio entre las misiones docente e investigadora, en detrimento de la segunda, en España. Si a ello se une la falta de la figura del profesor dedicado preferentemente a la investigación en los departamentos universitarios españoles, y la reducción o por lo menos no incremento de las plantillas docentes, nos podemos hacer una idea de la dificultad de desarrollar los objetivos de la Estrategia Española para la Educación Superior.

El segundo factor condicionante del despegue de la ciencia española en nuestras universidades es lógicamente el económico. Si no hay una financiación a la altura de lo que se desea, o si está desigualmente repartida, será complicado mejorar en el ranking de las universidades mundiales.

En las elecciones del 20D de 2015, los tres partidos que dedicaron capítulos importantes a la Universidad y a la investigación hablaban de elevar el presupuesto del Estado dedicado a la investigación científica hasta llegar al deseado 3% del PIB (actualmente es un 1,24%, siendo 1,42% en 2010). En este punto hay un difícil acuerdo pues mientras que Ciudadanos y PSOE prometían el 3% ya, el PP matizaba que llegaría al 2% en 2020 y, dependiendo de la evolución de la economía, al 3% deseado cuando se pudiese.

Lo cierto es que ni siquiera hay presupuestos generales del Estado para 2017, ni sabemos si se prorrogarán los de 2016. Si miramos lo que ocurrió entre 2015 y 2016 tal vez podamos pensar en lo que vaya a ocurrir a partir de ahora. Según el último informe de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) de 2016, si se observa la evolución de la financiación en I+D+I (investigación, desarrollo e innovación), sin profundizar en los detalles, no se puede dar un mensaje positivo y esperanzador del panorama en España de los 10 últimos años. En el último año se produjo un aumento del 11,8% de las partidas de los presupuestos generales del Estado dedicadas al Programa del Fomento a la Investigación. Sin embargo, este aumento fue a parar a infraestructuras y servicios, pero no a la financiación de proyectos. Además, la inversión en el fomento de la formación de personal científico técnico, probablemente la más crítica en el fomento de la investigación, por sus efectos a largo plazo sobre la competitividad global de la sociedad, sigue abandonada.

Por otro lado, sigue en el aire la de la implantación de una “Agencia Estatal de Investigación”, una demanda de la comunidad científica recogida en la Ley de la Ciencia de 2011, cuyo fin es dotar al sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación de una gestión más flexible, ágil y autónoma que la que hemos tenido hasta ahora. En resumen, el panorama no es optimista. Sería necesario un “pacto nacional” para armonizar el actual desbarajuste de nuestras universidades, y mejorar y fomentar la investigación en España, lo cual es esencial para elevar la formación y cultura científica de los españoles y su calidad de vida.

Nicolás Jouve es catedrático emérito de Genética y presidente de CiViCa