Corrupción

`Los partidos políticos no están para sustituir sino para representar a la sociedad civil`

España · Cristian Serrano
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12 febrero 2013
Entrevista a Javier Rupérez, ex embajador en EEUU.

¿Tienen razones los españoles para preocuparse por los últimos casos de corrupción política?

Toda la razón del mundo. El recuento de los casos en que se ha podido demostrar y sufrir la invasión de las instituciones públicas y privadas por los intereses de los partidos políticos ha tenido, con incidencias varias, presencia constante en la vida nacional. Claro que no todos los casos son iguales, ni todos los miembros de todos los partidos políticos han incurrido en prácticas corruptas, ni los distintos tiempos han conocido la misma incidencia de las prácticas corruptas, pero la noción de que un determinado partido político es "propietario" de una parte territorial, social o ideológica de los españoles ha conducido a una "parcelación" de la vida política nacional con su inevitable secuela en la corrupción. En momentos de crisis como el actual es normal que la sensibilidad del sufrido contribuyente se acentúe hasta la desesperación al contemplar lo que, no sin acierto, se considera como un expolio del resultado del esfuerzo común de todos los ciudadanos.

Se hacen afirmaciones genéricas sobre la política, los partidos y las instituciones. ¿Es peligroso un estado de opinión "antipolítico"?

Evidentemente, pero hay que examinar sus causas y poner remedio a sus orígenes. Necesitamos política y políticos y ninguna manera mejor de encontrarlos que en democracia. Pero si la democracia se convierte exclusivamente en el coto cerrado de unos partidos políticos dedicados únicamente a cubrir las necesidades materiales de la clientela, la política acaba por generar un infinito cansancio. Y naturalmente un gran rechazo, que acaba por afectar a la misma democracia. Los partidos políticos no están para sustituir a la sociedad civil sino para representarla y sus dirigentes debieran ser ejemplo de entrega desinteresada a esa misión. Claro que no todo se puede confiar a la buena voluntad de los ciudadanos, sean o no políticos, y los sistemas legales deben ayudar a mejor conseguir esos objetivos. Quizás no sea este momento de tribulación el más apropiado, recordando la frase ignaciana, "para hacer mudanza", pero debemos ir pensando reformas legales que, por ejemplo, permitan al ciudadano tener un acceso más directo a sus representantes o que sitúen a la estructura autonómica del estado en una perspectiva más racional y menos susceptible de manipulación interesada por parte de la "clique" gobernante en cada territorio. En cualquier caso la evocación del peligro que supone una opinión pública antipolítica no debe servir para ocultar las razones que han conducido a ella.

¿Deberíamos hablar más de regeneración democrática que moral?

No hay regeneración democrática sin exigencia ética. Al fin y al cabo la propuesta democrática es en si misma una propuesta moral: la de que se sirve mejor al interés común y se prestan mejor los derechos de la dignidad humana a través de sistemas representativos. Lo que a veces se olvida es que la democracia exige comportamientos éticos no solo a los políticos sino también a los ciudadanos del común. No se trata de perseguir un imposible Edén de perfección virtuosa pero si de alcanzar la regularidad de comportamientos que tienen como base el respeto al prójimo y la consideración de los intereses de la comunidad. Las leyes ayudan a cumplir con tales preceptos y castigan a los que los conculcan, pero si no existe una moralidad cívica que, por ejemplo, indique la obligatoriedad de pagar el IVA o de declarar las rentas económicas percibidas por los alquileres -y en ambos ejemplos, por citar solo dos, la ciudadanía española está muy lejos de lo que exige la ética y el funcionamiento adecuado de la economía- será muy difícil construir el edificio democrático en calidad y en prosperidad. A cada cual lo suyo: los políticos tienen sus pecados, y quizás entre ellos se encuentre precisamente el no haber sabido o querido impartir lecciones de comportamiento moral a los ciudadanos, pero estos no están libres de culpa. Es imprescindible romper ese círculo vicioso de la corrupción si queremos que España salga adelante.

¿Cuáles cree que son los criterios de moralidad para la política?

En el fondo, los mismos que debería seguir cualquier ciudadano responsable. Quizás, y abundando en lo anteriormente apuntado, dos rasgos adicionales propios deberían marcar la actividad política. El primero, la ejemplaridad. El político, hombre público, en sus conductas y decisiones debe saber que los ciudadanos le miran como ejemplo de lo que normalmente constituyen virtudes cívicas para el común de los mortales. Cada cual puede elaborar su particular lista pero no sería difícil imaginar que en ella se encontraría la austeridad, el respeto a la dignidad de los demás, la calidad de su vida personal y familiar y por supuesto la integridad, en el sentido más económico del término. El segundo, derivado de lo anterior, la explícita voluntad de reconocer e incluso promocionar la actividad individual y colectiva de los ciudadanos en el plano más civil de la misma. El político no es propietario de la sociedad civil sino su representante y servidor. Nos enseñó Max Weber la diferencia entre el profeta, guiado por la "ética de los principios", que no atiende a compromisos en prosecución de la verdad, y el político, atento a la "ética de la responsabilidad" y consiguientemente encargado de buscar vías intermedias para la satisfacción del bien común en función de lo que la realidad en cualquier momento permite. Al final, como bien se comprenderá, es la "ética de la responsabilidad" la que debe de guiar los comportamientos de políticos y los que no lo son. En el sentido que le otorga Weber y en otro, poco practicado en España: el de hacer frente a las consecuencias de los propios actos y dimitir o renunciar si no se encuentran a la altura de las exigencias éticas consuetudinarias. Como bien nos recordaba hace poco un periodista británico desde hace tiempo afincado en nuestras tierras "España es el país en el que no dimite nadie". Que triste titular.

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