Los Kirchner, ahora contra la Justicia

El origen del conflicto tuvo que ver con un asunto local de la patagónica provincia de Santa Cruz, el terruño de la pareja presidencial. Hace muchos años, quince para ser precisos, el entonces gobernador Néstor Kirchner destituyó al procurador provincial (el jefe de los fiscales de Santa Cruz) mediante una maniobra consistente en el desdoblamiento de cargos. El procurador quedó separado de su puesto, y ésa fue la mejor manera de frenar las investigaciones que venía llevando adelante respecto de oscuras actividades ejecutadas desde el gobierno provincial.

Una eternidad después, el caso llegó a la Corte Suprema de la Nación, y ésta resolvió la restitución del cargo al ex procurador. El actual gobernador santacruceño, fiel kirchnerista, se negó a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, alegando como excusa la misma circunstancia que dio nacimiento al asunto: que el cargo ya no existe y que, por ende, la sentencia es de cumplimiento imposible. Acto seguido, la Corte procedió como debía hacerlo, es decir, denunció penalmente al gobernador de Santa Cruz por el delito de desobediencia, y pasó al Congreso la solución del conflicto. El Parlamento ahora se debate sobre la posibilidad o no de una intervención federal.

El Gobierno nacional no hizo esperar su respuesta. Uno de los secretarios de Estado, del círculo íntimo de los Kirchner, confesó a la prensa local al llegar a Santa Cruz en viaje de fin de semana que "no pusimos a esta Corte para esto".

En efecto, Néstor Kirchner durante el mandato que precedió al de su esposa hizo una profunda renovación de la Corte Suprema de Justicia, y tal vez sea este acto de gobierno el mayor que pueda reconocérsele incluso desde la más furiosa oposición.

El Alto Tribunal recuperó el prestigio perdido desde los primeros años del menemismo, cuando se infectó de pactos políticos, tráfico de influencias, amiguismo y corrupción. Todos los jueces incorporados a la Corte durante el gobierno de Kirchner son prestigiosos, reconocidos y respetados juristas, y además, luego de estos años en ejercicio de la magistratura, no existen evidencias ni sospechas de corrupción en el desempeño de sus funciones. Sólo podría criticarse una falta de suficiente equilibrio ideológico, y el siempre laberíntico estilo de quienes sólo debieran hablar a través de sus sentencias, que los suele alejar de la cotidianeidad de los simples mortales.

Si se confirmara que el presidente de la Corte, como publicara un prestigioso matutino, le ofreció a la presidenta su renuncia -en vez de hacerlo a sus pares-, tal hecho pondría en duda la verdadera autonomía del Tribunal, conformado por jueces probos y, en principio, independientes.

El Gobierno consideró toda una afrenta el fallo de la Corte y la denuncia penal contra el gobernador adicto, y sumó al Tribunal a su larga lista de enemigos, como primero el campo, después la prensa y más recientemente la Iglesia. Y lo hizo de la peor manera.

La Corte había resuelto favorablemente la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de Chile el ex terrorista Apablaza, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusado del asesinato de un senador vinculado al régimen pinochetista ya entrada en años la recuperada democracia chilena y del secuestro extorsivo de un directivo del diario El Mercurio. Le tocaba al Gobierno disponer pues la extradición del presunto criminal, cuya esposa trabaja en la Secretaría de Prensa de la Casa Rosada, sede del Gobierno, y que era destinatario de una absurda reivindicación ideológica de parte de algunos organismos de derechos humanos, como si el homicidio o el secuestro no fueran delito si lo ejecuta un "revolucionario", materializada mediante la petición formal de asilo político ante el organismo oficial pertinente, del mismo modo que antes lo habían hecho con el etarra Lariz Iriondo.

Cristina Fernández de Kirchner accedió a la solicitud, y Apablaza no será extraditado, decisión que desató un conflicto diplomático con Chile cuyas consecuencias aún se desconocen, si se tiene en cuenta que esta última semana Chile ya formalizó la protesta ante el embajador argentino en Santiago y que actualmente es Néstor Kirchner el Secretario General del UNASUR.

Redoblando la carga contra la Corte, el Gobierno dispuso un drástico recorte presupuestario para el Poder Judicial para 2011, lo cual significa -entre otras cosas- postergar la creación de tribunales especiales para la agilización de los llamados "juicios de la verdad" en los que se esclarecen y juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Como se ve, el matrimonio presidencial abandona rápidamente la causa de los derechos humanos de la cual pretende ser campeón abanderado cuando ello no redunda en sostener y reafirmar su poder.

También organizó un grotesco acto frente al Palacio de Tribunales para presionar a la Corte en relación a la recientemente sancionada y controvertida Ley de Medios (ver "Kirchner contra la prensa", Páginas Digital del 18/09/09), puesto que ésta debía pronunciarse a la mayor brevedad respecto de una medida cautelar que había resuelto suspender su aplicación.

Este inédito acto de un poder del Estado contra otro fue organizado y difundido desde el Poder Ejecutivo, nutrido por los usuales concurrentes de las concentraciones oficiales provenientes de los sindicatos adictos al kirchnerismo, algunas organizaciones estudiantiles y cientos de beneficiarios de los planes de ayuda social del gobierno, celosamente custodiados por las huestes de intendentes del conurbano bonaerense que administran un cuantioso presupuesto que les asegura con origen en el hambre, la desocupación y la marginalidad una base social de la cual dudosamente dispondrían si dependieran únicamente de sus cualidades políticas. La oradora central del actor fue Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, secundada por funcionarios de primera y segunda línea del Gobierno, personalidades del arte y la cultura y sindicalistas. No sólo no ahorró insultos dirigidos a los jueces del Máximo Tribunal, sino que además los acusó de recibir coimas y llamó a "arrancarle a la Corte la decisión que pertenece al pueblo" y, al efecto, "tomar por asalto el Palacio de Tribunales si fuera necesario".

Los rostros de quienes acompañaban en el escenario a Bonafini daba cuenta de que el acto se había salido de madre, aunque al espectador advertido le queda la duda de si ése no era el objetivo de los Kirchner, y los sorprendidos coprotagonistas del acto los siempre necesarios idiotas útiles de turno.

Días más tarde la Corte resolvió mantener la medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley de Medios, aún con la recomendación al tribunal inferior que le diera un curso veloz al asunto, lo cual en tiempos judiciales argentinos siempre se mide en años y no en meses.

El Gobierno kirchnerista marcha en soledad a la instancia electoral del año próximo, en la que intentará alcanzar el difícil objetivo de un tercer mandato, en versión masculina o femenina -un detalle menor abandonado a las mediciones de politicólogos y consultoras-.

El arco político argentino se rearma y todo parece indicar que precisamente lo que le faltará al kirchnerismo serán aliados. Aunque en estas latitudes, más que en cualquier otra parte, el futuro siempre pertenece al terreno de la más insondable incógnita.