Los indultos que hubieran sido útiles

Editorial · Fernando de Haro
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28 junio 2021
Hay quien sostiene que la figura del indulto no tiene mucho sentido en un Estado de Derecho maduro. A fin de cuentas se trata de que el Ejecutivo deje sin efecto la pena impuesta por un tribunal.

Y hay quien postula, por la misma razón, que debe ser muy restrictiva. Solo para aquellos casos en los que el Gobierno, al invocar conceptos jurídicos indeterminados como la equidad, la justicia o la utilidad social para perdonar a los condenados, coincida con el tribunal sentenciador. De este modo se evita poner en evidencia o cuestionar al poder judicial.

Pero el indulto no tiene por qué ser entendido necesariamente como el residuo de un Estado pre-liberal ni como un obstáculo al imperio de la ley. Últimamente ha cundido la idea de que solo se hace justicia cuando, en cualquier circunstancia, hay un cumplimiento íntegro de las penas. La pena de quien es condenado a la cárcel tiene varios objetivos: la prevención para evitar que los delitos que se han cometido se puedan volver a cometer y la reeducación y reinserción. Si esas metas se han alcanzado y ha habido un reencuentro de los condenados con la ley y la comunidad, el indulto puede ser útil.

El bien de la justicia puede alcanzarse por varias vías complementarias y es conveniente que todas se exploren. La justicia restaurativa nos ha enseñado, por ejemplo, que puede haber una justicia más completa que complementa y supera la pena de cárcel. Un daño con sanción penal siempre implica un mal para la víctima o para las víctimas y para quien ha cometido la acción punible. El cumplimiento de la pena impuesta por los tribunales no necesariamente implica que el mal causado, que pueden definir de por vida al victimario y a la víctima, se haya superado. En la justicia restaurativa, gracias al encuentro entre víctimas y victimario, se facilita que la víctima sea protegida y resarcida, que la persona que ha vulnerado la ley asuma la responsabilidad de lo que ha hecho, y que se genere y garantice la paz social. Hemos visto, en los casos en los que este tipo de justicia surte efecto, cómo se crea algo nuevo. Surge una relación sanada en la que el pasado queda atrás, el infractor no revindica sino que se arrepiente del mal causado y el que lo ha sufrido obtiene una reparación que normalmente es muy difícil de lograr. Se ve reparado por un presente y un futuro más equitativo y más satisfactorio para sus intereses y para sus deseos que el escenario del conflicto.

En el caso de delito de sedición la figura de la víctima, de las víctimas, parece disolverse en el grupo y hacer más complicada la justicia restaurativa. Las víctimas son en realidad todos los ciudadanos titulares del derecho de soberanía.

Los indultos eran, son, en principio un buen instrumento para ayudar a resolver el conflicto que desde hace años mantienen los partidos políticos independentistas apoyados por la mitad de la población catalana y los titulares del derecho de la soberanía española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obligado por su debilidad parlamentaria, los ha concedido asumiendo un considerable riesgo. Como él mismo ha reconocido, solo el tiempo puede decirnos si las penas habían cumplido ya su función preventiva y de reinserción. No lo ha estimado así el Tribunal Supremo ni la Fiscalía. Los indultados, al ser puesto en libertad, no han manifestado ninguna voluntad de reparar a los titulares de la soberanía española. Probablemente no está en sus planes volver a declarar la independencia como lo hicieron en 2017, preferirán esperar algún tiempo a conseguir un mayor apoyo social y un mayor apoyo internacional. Pero eso no supone superar el pasado sino volver, con otras formas, al 1 de octubre.

Los indultos podrían haber sido la ocasión en la que la oposición polar entre los partidarios de la independencia y los titulares del derecho de soberanía, la dialéctica de contrarios, se hubiera empezado a solucionar no por la anulación de una de una de las partes sino por superación. El problema es que, después de haberse concedido, seguimos en el mismo escenario que vivimos desde hace años. El Gobierno ha eliminado la pena de unos condenados que siguen, sustancialmente, donde estaban en 2017. Los indultos hubieran podido servir para crear “una nueva pantalla” (como les gusta decir a los partidarios de la independencia), un plano superior, en el que los límites no fueran negados sino superados.

La mitad de los catalanes votan a partidos que apuestan por una independencia que no cabe en la Constitución. La otra mitad y la inmensa mayoría del resto de los españoles no aceptan la secesión. Es necesario y conveniente explorar un terreno en el que la dialéctica de los contrarios no quede suprimida pero sí superada con un nuevo escenario. Lo lógico es que los indultos hubieran estado al final, no al principio de este proceso. Para ser completamente racionales hay que dejar abierta la posibilidad de que el Supremo y la Fiscalía se hayan equivocado. Nunca se puede descartar, por remota que parezca la hipótesis, el imprevisto de algo nuevo.

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